“27-F: La insurgencia de un pueblo” por Ángel Omar García

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Ángel Omar García González: autor de la columna de Ciudad Valencia "Historia y Memoria"

27-F: La insurgencia de un pueblo… Amigas y amigos, constructores de sueños y forjadores de esperanzas. Los sucesos ocurridos en el país a partir de los días 27 y 28 de febrero de 1989 representan la mayor expresión del proceso de deterioro y agotamiento que el régimen puntofijista venía experimentando desde comienzos de la década de los ochenta. La rebelión de los pobres, como fue catalogada por esos días, develó la falsedad pregonada por diversos voceros del puntofijismo, quienes hacían esfuerzos por presentar a la democracia venezolana como el modelo a seguir en el continente.

 

Se rompió la vitrina:

El régimen político instaurado en 1958 se había asentado sobre cuatro pilares fundamentales: régimen de Sistema de Partidos, búsqueda del Consenso como práctica para dirimir los conflictos y las diferencias, construcción de una Agenda Democrática y fortalecimiento económico del Estado.

Con lo primero se alude a la condición que asumió el puntofujismo desde sus inicios, según la cual el régimen democrático estaba basado en un Sistema de Partidos que constituía el motor y soporte fundamental del régimen político; sistema que fue meridianamente descrito por el presidente Rómulo Betancourt en su discurso de toma de posesión:

“Es falaz y demagógica la tesis de la que calle es del pueblo. El pueblo en abstracto es una entelequia que usan y utilizan los demagogos de vocación o de profesión para justificar su empeño desarticulador del orden social. El pueblo en abstracto no existe. En las modernas sociedades organizadas… el pueblo son los partidos políticos,  los sindicatos, los sectores económicos organizados, los gremios profesionales y universitarios”.

Una concepción que puede ser sintetizada con la categoría: “Concertación de Élites”; una condición que distinguió la actuación del puntofijismo.

Lo de búsqueda del consenso está referido a la práctica política asumida por los partidos Acción Democrática y Copei, de procurar el mayor consenso posible para tomar decisiones de trascendencia política, esto a los fines de evitar contradicciones y situaciones conflictivas como las ocurridas durante el trienio 1945-1948, que habrían contribuido al derrocamiento de Rómulo Gallegos.

Con lo de Agenda Democrática nos referimos al inventario de las prioridades que la gestión gubernamental debía atender desde los diversos entes del Estado. Una agenda que tuvo en los tres primeros lustros del puntofijismo algunos logros destacados en materia de construcción de obras públicas y avances en sectores como salud y educación. Pero cuya política, lejos de obedecer a un plan desarrollo nacional, estaba subordinada a los intereses del capital transnacional que habría terminado marcando la pauta y dinámica de las prioridades del Estado.

Lo referente al fortalecimiento económico del Estado alude al diseño de una política económica que hizo de Venezuela una nación que dejó de vivir del trabajo productivo de los diversos sectores económicos y se convirtió, progresivamente, en un país que dependía de la renta petrolera. Es la etapa del Estado empresario, banquero, financista del gasto público, que tuvo una primera etapa de ejecución durante el llamado trienio adeco 1945-1948, y que se habría rediseñado y perfeccionado a partir del 1958, pasando a ser esta una característica del régimen puntofijista.

En términos generales, esos cuatro pilares tuvieron niveles acertados de funcionamiento, visto dentro de la lógica del sistema y al menos durante los tres primeros lustros posteriores al 23 de enero. Pero con el paso de los años la clase política que controlaba las estructuras del Poder se volvió más autosuficiente y produjo una política autárquica que solo favorecía sus intereses y privilegios, generando así, la acumulación de profundas contradicciones internas.

Las bases sobre las que se asentó el sistema comenzaron a dar, entonces, progresivas muestras de agotamiento, siendo una de las primeras señales de crisis la evidenciada el 18 de febrero de 1983. El colapso del modelo económico rentista-petrolero, produjo el deterioro de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población, que generó una inmensa brecha económica y social entre una clase política y una burguesía con privilegios y condiciones de vida muy distantes de los padecimientos sufridos por el común de la población.

 

El paquete económico:

En este contexto se produjo el segundo triunfo electoral de Carlos Andrés Pérez, en 1988. Éste había vendido la idea, durante su campaña electoral, que su eventual retorno al gobierno significaría el regreso a la Venezuela Saudita que había caracterizado su primer mandato.

La verdad fue que sus asesores, conocedores de la gravedad y magnitud de la crisis agudizada durante el gobierno de Jaime Lusinchi, caracterizada por una disminución de los ingresos del Estado a consecuencia de la baja en los precios del petróleo, la ineficiencia en las empresas del Estado y en la prestación de servicios públicos, así como la proliferación de numerosos hechos de corrupción que jamás fueron castigados; diseñaron un programa de ajustes macroeconómicos que suponía eliminación del control cambiario, liberación del precio de productos y servicios de primera necesidad, privatización de empresas públicas, implementación del IVA, aumento de la gasolina, entre otras.

Se trataba de la instauración del modelo económico neoliberal promovido por EEUU y sustentado en los postulados del llamado Consenso de Washington. En términos generales, las repercusiones de la nueva concepción económica asumida por el Estado, no solo se distanciaban de la política económica basada en el rentismo petrolero, sino que terminaban afectando, demoledoramente, a los sectores más vulnerables: los asalariados y dependientes del sector público, a los desempleados y a los sectores en pobreza extrema.

Entre tanto, la burguesía criolla y trasnacional recibía grandes estímulos para realizar inversiones, al tiempo que veían aumentado considerablemente su capital con la devaluación de la moneda, al ser ellos los poseedores de las divisas que habían logrado sacar del país con la masiva fuga de capitales ocurrida antes del llamado Viernes Negro, o que habían obtenido de forma poco transparente con la adjudicación de divisas preferenciales a través de la Oficina del Régimen de Cambio Diferencial, mejor conocida como REDADI; institución que se convirtió en uno de los mayores referentes de la corrupción durante este tiempo.

En medio de este complejo panorama, el puntofijismo no pudo reaccionar de forma acertada. Las bases que lo habían sostenido estaban debilitadas: el Estado no contaba con los recursos para sostener la Venezuela Saudita de otros tiempos, los partidos políticos mayoritarios habían perdido la conexión con los intereses y necesidades de la población, el consenso respecto a formas de encarar la situación se hallaba fracturado, y la agenda de prioridades había alcanzado un grado de complejidad que resultaba difícil de comprender y acompañar por la acción de los partidos políticos.

En este contexto de profunda crisis: económica, política y social, un hecho aparentemente tan inicuo como el aumento del pasaje, se convirtió en el detonante de la explosión social más trascendente de la Venezuela contemporánea.

 

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El desencadenante histórico:

La inesperada explosión social el 27-F fue un hecho cuyo precedente más similar pueda ser, acaso, la rebelión popular que se produjo, en muchas ciudades del país, los días posteriores a la muerte de Juan Vicente Gómez en diciembre de 1935. Nadie estaba preparado para un acontecimiento como el de febrero del 89 y nadie pudo planificarlo.

Quizás por eso la primera reacción de la clase política y la burguesía fue cohesionarse para enfrentar la violencia popular, justificando la represión y avalando la suspensión de las garantías constitucionales y la implantación del toque de queda.

El famoso editorial del RCTV los días posteriores al hecho, hablando de un “retorno a la normalidad”, que habría sido el resultado del “trabajo tesonero de toda la colectividad”; representaba la contribución que desde este sector de la burguesía nacional se hacía en defensa de sus intereses de clase.

No porque estuviese mal llamar a la calma y a la tranquilidad ciudadana en aquellos convulsos momentos, sino porque solo se puso el acento en los daños ocasionados por los disturbios, al tiempo que se obviaba la matanza perpetrada contra un pueblo indefenso y se ocultaban las diversas causas que habían conllevado a tal situación.

De esa forma la burguesía nacional y la clase política cerraban filas con la reproducción del guion trazado por el gobierno nacional en boca del ministro de la Defensa, Italo del Valle Alliegro, quien declaró que el ejército “no salió a reprimir sino a restablecer un orden que estaba alterado”; un eufemismo que buscaba distraer la atención sobre el gran número de muertos que dejó la represión, un dato que hasta el día de hoy continúa incierto.

Los sucesos del 27F constituyen, pues, el desencadenante histórico para la crisis definitiva del régimen puntofijista, crisis que continuó profundizándose y tuvo un segundo detonante, en la rebelión militar del 4F de 1992.

 

Ángel Omar García / Ciudad Valencia