Hasta noviembre de 2021, el Ministerio Público ha imputado a 820 funcionarios de seguridad del Estado por presuntas vulneraciones a los derechos humanos y 40 particulares, informó el fiscal Tarek William Saab.

 

Durante un balance ofrecido en materia de defensa de los Derechos Humanos, Saab detalló que fueron privados de libertad un total de 582 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares.

Asimismo, han sido acusados un total de 1.108 funcionarios y 158 particulares, y se ha logrado una importante cifra de 210 funcionarios policiales y militares condenados.

 

Por el caso del exconcejal Fernando Albán, fallecido el 8 de octubre de 2018, fueron condenados este 3 de diciembre dos funcionarios del Sebin por homicidio culposo, quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada. En este caso, estos funcionarios admitieron los hechos y recibieron una pena de 5 años y 10 meses de prisión, detalló Saab.

 

En otro caso, el 29 de noviembre fue condenado a una pena de 16 años de prisión Dicxon Caleb Arias, exfuncionario de la Guardia Nacional Bolivariana, por los delitos de trato cruel y uso indebido de arma orgánica.

 

«Por haber comandado a una comisión de funcionarios que golpearon e hirieron con perdigones a dos ciudadanos el 19 de abril de 2017, en la Urbanización Don Samuel, de Alto Barinas, en el marco de una manifestación pública», explicó el Fiscal.

 

Por el homicidio de David Vallenilla, ocurrido durante una protesta frente a la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda el 22 de junio de 2017, fue condenado el pasado 22 de octubre el funcionario de la aviación Arli Méndez a 23 años prisión, por los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles y uso indebido de arma orgánica.

 

Por otra parte, el 4 de noviembre fueron condenados a cumplir la pena de 28 años y 7 meses de prisión 4 exfuncionarios de la Policía Municipal de Naguanagua y 2 exfuncionarios de la Policía del estado Carabobo por haber causado la muerte de Leonardo González, en el municipio Naguanagua del estado Carabobo, en el marco de una protesta ocurrida el 27 de julio de 2017, trascendió que los funcionarios persiguieron a la víctima y le dispararon en múltiples oportunidades a su vehículo, y luego de verlo herido, lo abandonaron en el lugar. En los hechos también resultó herido Luis Guillermo Lachmann.

 

Asimismo, el 20 de octubre fueron condenados dos funcionarios de la Policía del Estado Carabobo, por la muerte de Daniel Queliz Araca, de 20 años, quien falleció por un disparo durante una manifestación en 2017.

 

En otro caso ocurrido el 4 de octubre, fueron condenados dos exfuncionarios de la Policía del estado Táchira a una pena de 27 años y 9 meses y 21 años y 5 meses por homicidio calificado con alevosía y por motivo innoble en grado de frustración, trato cruel y uso indebido de arma orgánica, tras haber accionado sus armas contra un grupo que protestaba en una vía en julio de 2019 y causaron heridas en el rostro al adolescente Rufo Chacón causándole pérdida de la visión y heridas a otro adolescente.

 

CONDENAN A MÁS DE 20 AÑOS A POLICÍAS QUE DEJARON CIEGO A RUFO CHACÓN

 

Otro caso que fue muy difundido tuvo condena este 24 de septiembre. El hecho ocurrió el 22 de septiembre  de 2017 cuando funcionarios adscritos a la Comandancia General de Policía del estado Delta Amacuro dispararon contra una protesta que se desarrollaba en Tucupita y causaron la muerte de dos indígenas warao y heridas a otro, por estos hechos fue condenado Yoel González a 26 años y 6 meses de prisión por homicidio intencional con motivos fútiles e innobles y uso indebido de arma orgánica, mientras que Yonathan Trinitario y Yohanni Figueroa fueron condenados a 7 años de prisión por el delito de uso indebido de arma orgánica.

 

El joven Gianni Scovino, de 33 años y con síndrome de Asperger, fue golpeado por policías y militares mientras caminaba por el estacionamiento de un centro comercial en Lechería, el 13 de julio de 2017, mientras se desarrollaban protestas violentas en la zona.

 

Tras admitir los hechos, por este caso fue condenado el 10 de septiembre José Trébol,  exfuncionario de la Guardia Nacional, a 8 años y 8 meses de prisión.

 

El 10 de junio de este año fueron condenados ocho ex funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana por los delitos de violación y trato cruel en contra de Javier Campos Amaya, hechos ocurridos en el marco de las protestas violentas del año 2017 en el estado Zulia.

 

El pasado 4 de mayo se logró una condena de 25 años y 8 meses de prisión contra un funcionario de la Policía de Anzoátegui, responsable del homicidio César Pereira, ocurrido en Lechería el 27 de mayo de 2017, en el marco de las protestas violentas, a este funcionario se le acusó por los delitos de homicidio calificado perpetrado con alevosía y por motivos fútiles e innobles, uso indebido de arma orgánica y alteración de municiones.

 

En ese sentido, el Fiscal señaló que no solo las presuntas violaciones a los derechos civiles son investigadas. «También tenemos una línea de acción contra violaciones al derecho a la salud, como el cobro irregular en centros hospitalarios».

 

 

Ciudad Valencia – LSFLC / AVN