Con más del 50 % de aprobación en la Cámara de Diputados, la ley de Ficha Limpia se ha consolidado como una medida respaldada por quienes abogan porque los funcionarios y políticos condenados por corrupción no puedan ocupar cargos públicos en el futuro.
Durante el proceso de votación, se evidenciaron opiniones contradictorias entre el oficialismo y la oposición, no obstante, el proyecto fue aprobado con 144 votos a favor, 98 en contra, dos abstenciones y 13 ausentes.
Sin embargo, los pronunciamientos de los diputados de Unión por la Patria subrayan que esta nueva ley es «inconstitucional» y que su objetivo es aislar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada por corrupción, de una carrera electoral.
Por su parte, Germán Martínez, uno de los legisladores, destacó que los dos motivos detrás del apoyo a la Ficha Limpia por parte de ciertos legisladores y del Gobierno son, en primer lugar, continuar con la persecución política contra Fernández de Kirchner, y en segundo lugar, su marcado carácter antiperonista.
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Las votaciones se llevaron a cabo este miércoles bajo la presidencia de Martín Menem, titular de la Cámara Baja.
El bloque oficialista La Libertad Avanza respaldó en su totalidad el proyecto, junto con los legisladores del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica.
También se sumaron votos afirmativos de diputados de Encuentro Federal, Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y otros espacios provinciales.
Entre los diputados que apoyaron la medida se encuentran Óscar Agost Carreño, Manuel Ignacio Aguirre, Sabrina Ajmechet, Lisandro Almirón, Pablo Ansaloni y Marcela Antola, entre otros.
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Los legisladores que apoyan la ley de Ficha Limpia, enfatizaron que el instrumento jurídico lo que busca es que los funcionarios y políticos que han incurrido en actos de corrupción no puedan volver a ejercer cargos públicos de ningún tipo.
Sin embargo, los peronistas se hicieron sentir con los votos negativos provenientes de Unión por la Patria, mientras que legisladores como Sergio Acevedo, Hilda Aguirre, Ernesto Pipi Ali, Eugenia Alianiello, Constanza María Alonso, Jorge Neri Araujo Hernández, Daniel Arroyo y Ana Fabiola Aubone calificaron esta ley como un instrumento de proscripción política.
Ciudad Valencia / Telesur
