Este jueves, el Poder Ejecutivo de Bolivia derogó el decreto que daba impunidad penal a militares y policías en ese país, ya que, según el Gobierno, se logró «la ansiada pacificación».
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció la derogación del polémico decreto, cuestionado por organismos internacionales de derechos humanos y en el propio país.
Según medios locales, la violencia desatada por la población tras los comicios del 20 de octubre, causó 34 muertos, muchos por disparos en operativos militares y policiales.
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«Hemos logrado la ansiada pacificación», proclamó Áñez en una breve comparecencia en el palacio de Gobierno en La Paz (Capital).
La cuestionada mandataria argumentó que el decreto supremo que emitió el pasado 14 de noviembre, dos días después de asumir el poder, era «un recurso constitucional» al que se vio abocada ante «acciones violentas que nunca antes habíamos visto en nuestra historia» en Bolivia.
Jeanine Áñez se refirió expresamente a lo que ha calificado como «días de terror» en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, donde aseguró que estuvo en peligro la vida de más de 250 mil personas en lo que pudo ser «una tragedia de dimensiones devastadoras» en una refinería.
Al menos diez civiles murieron por disparos tras un operativo militar y policial el pasado 19 de noviembre en esta ciudad, de al menos un millón de habitantes, cuando grupos de manifestantes contrarios al Gobierno de Áñez se concentraban ante la refinería.
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Bolivia derogó el decreto ante la presión internacional
El Ejecutivo interino niega que las fuerzas del orden dispararan, mientras que entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que envió una delegación a Bolivia, denunciaron un uso excesivo de la fuerza en diferentes operativos.
Otros nueve civiles murieron por disparos en la ciudad boliviana de Sacaba el pasado 15 de noviembre en una intervención de fuerzas del orden.
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Amnistía Internacional, la Defensoría del Pueblo de Bolivia, que presentó un recurso de inconstitucionalidad, y otras entidades desde el exterior y en el país criticaron duramente el decreto supremo 4078, que eximía de responsabilidad penal a militares y policías si actuaban con «proporcionalidad» y «en legítima defensa».
Según datos de la Defensoría, las víctimas mortales son 34 y los heridos 832 por actos de violencia desde los comicios del 20 de octubre, ahora anulados.
Ciudad VLC / Tomado de RTVE.
