Borrell condena detenciones arbitrarias, menos la de Pablo Hasél

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Paradójicamente, pocas horas después de que el político español Josep Borrell condenara las detenciones arbitrarias por delitos políticos, la justicia española rechazaba el último recurso del rapero Pablo Hasél y ordenara su detención por supuestos «delitos de injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo»; para así convertirlo en el énesimo preso político del Estado español.

La declaración la hizo el alto representante de la Unión Europea, a través de la publicación de un vídeo.

En cuanto a las detenciones arbitrarias políticas, Borrell dijo: «Muy a menudo son una táctica de intimidación y se utilizan para reducir el espacio de la oposición política».

Sin embargo, evadió el tema de Hasél, quien finalmente terminó detenido por denunciar la corrupción de la realeza española a través de sus letras y activismo político en las calles y en redes sociales.

Asimismo asegura que está «al lado de aquellos que han sido detenidos ilícitamente»; pero, ¿Por qué no exige lo mismo al gobierno de su país?

Como es común de la UE, intervenir en asuntos internos de otros países que no pertenecen a ese bloque regional, en la misma declaración de la UE contra las detenciones arbitrarias en otras naciones, Borrell expresó que «En todo el mundo miles de personas son detenidas por delitos políticos no fundamentados sin el debido procedimiento legal».

Pero continuó sin mencionar lo que ocurre con los sujetos políticos que se revelan a la corona, en su país.

Una detención más que arbitraria

El 15 de febrero, alrededor de 250 efectivos policiales entraron a las instalaciones de la Universidad de Lleida, en Cataluña, para aprender a Hasél.

Luego que este se negara a entregarse voluntariamente a la justicia, como lo había establecido la Audiencia Nacional. El rapero y activistas denunciaron que el proceso es un atentado a la libertad de expresión.

El cantante catalán, defendió hasta el momento de su detención sus pensamientos e ideales.

Mientras, políticos, movimientos y organizaciones sociales criticaron la posición del Estado, por su práctica antidemocrática, catalogando la acción como un atentado contra la libertad de expresión.

 

 

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Ciudad VLC/RedRadioVE