Me referiré a Cantaura, no solo como importante población anzoatiguense de nuestro país, sino a la masacre sucedida en sus cercanías un 4 de octubre de 1982 (hace 41 años), donde 23 jóvenes combatientes del Frente Guerrillero “Américo Silva” (FAS) fueron muertos en una operación bestial y desproporcionada por aire y tierra, con ejecuciones a camaradas heridos y/o detenidos, con bombardeos aéreos y la acción de más de mil efectivos policiales y militares, por más de 12 horas ininterrumpidas, aplicando la línea de “tierra arrasada” contra unos 40 guerrilleros allí concentrados, en una de las peores acciones represivas criminales en Venezuela.
Intentaré realizar una reseña de lo que ha sido la denuncia permanente (y por siempre) de este monstruoso hecho, propio del terrorismo de Estado de la época, resaltando en particular los esfuerzos realizados desde Carabobo, y específicamente desde Puerto Cabello, donde un grupo de compatriotas y familiares han mantenido, a lo largo de estos años, una labor significativa como Asociación Civil “Cantaura Vive”, uniendo voluntades no solo en la acusación, sino en exigencia de justicia para los autores materiales e intelectuales de este y otros hechos similares ocurridos en nuestro país en esta historia de los 40 años de AD y COPEI (1958-1998).
Sobre la Masacre de Cantaura, el caso pudo ser reabierto en 2005, por orden del presidente Hugo Chávez, y a partir de allí fue que se pudo avanzar en su esclarecimiento público, con todas las limitaciones presentes en las distintas instancias judiciales, que incluía a la propia Fiscalía General de la República para la época. El caso fue unido a una acción conjunta contra todos los crímenes políticos cometidos en esos años del puntofijismo. Una de las acciones realizadas fue la exhumación de los cadáveres de los revolucionarios caídos, para constatar el ensañamiento cometido, donde la casi totalidad fueron rematados con tiros de gracia.
En Puerto Cabello asistí al Cementerio Municipal (2009), como testigo invitado, en la evaluación por la Fiscalía de los restos mortales de Ildemar Lorenzo Morillo, joven activista político, trabajador y estudiante falconiano, residente en el litoral carabobeño, que se había incorporado al FAS y fue muerto en Cantaura. Desde ese año se inició nacionalmente la actividad de la Asociación Civil “Cantaura Vive”, presidida por el excomandante guerrillero Ricardo Ochoa (“Sierra”), que se mantiene activo en estas actividades. Este procedimiento forense, en el caso Cantaura, fue cumplido con la totalidad de los camaradas caídos en diferentes zonas del país.
Aún con la lentitud de estos procesos, en 2011 en forma resaltante se da la aprobación en la Asamblea Nacional de la “Ley por Castigo a los Crímenes Políticos de 1958-1998” (o Ley contra el Olvido), que derivó luego en la instalación de la “Comisión de la Justicia y la Verdad” a inicios de 2013, integradas por un conjunto de familiares y personalidades calificadas en la defensa de los derechos políticos en el país. Esta Comisión, luego de un trabajo arduo de 4 años, produjo en 2017 su “Informe Final”, donde se registraron más de 11 mil víctimas del terrorismo de Estado en el período puntofijista, con unos 5 mil o más asesinatos políticos y más de 400 desapariciones forzosas.
Este informe de más 800 páginas, que aún se consigue vía web, es un material clave en la denuncia de toda esa época oprobiosa puntofijista. He opinado por este medio, y reafirmo, que este material debería ser reeditado en esta etapa, más allá de la participación hipócrita y la posterior deserción deshonrosa de la entonces Fiscal General y hoy prófuga de la justicia, doctora Luisa Ortega Díaz, que en nada desmerita el trabajo realizado.
En el caso Cantaura, más allá de que se imputó judicialmente a varias de las autoridades principales involucradas, la mayoría de ellos lograron evadir estas responsabilidades y otros huyeron del país, como el asesino Henry López Sisco, supuestamente “exiliado” en Costa Rica. Solo uno de los 3 policías infiltrados delatores permanece detenido. En general, esta lucha no debe cesar, así como no prescriben estos crímenes cometidos. En el lugar de los acontecimientos cercano a Cantaura, convertido hoy en “Parque Memorial de los Mártires”, se realizará nuevamente este año la conmemoración de los 41 años de esta criminal masacre. Específicamente para el domingo 8 de octubre 2023 se ha convocado la realización de este acto nacional de homenaje.
En cuanto a Puerto Cabello, debo destacar la actividad cumplida por el dirigente político y luchador social Castor Palencia, que más allá de las múltiples tareas que cumple, incluido el ser integrante de la Milicia Nacional Bolivariana, ha estado al frente, junto a otros compatriotas y familiares en la denuncia concreta sobre la Masacre de Cantaura. En esta localidad carabobeña hay un historial de lucha revolucionaria desde siempre.
Es de recordar que además del caso de Ildemar Morillo, aproximadamente un año antes, el joven trabajador de Planta Centro/Morón Pedro José Bustillos (“Rubén”), natural de La Guaira y residente en el Litoral, que se había incorporado como combatiente del FAS, murió en una emboscada en el Oriente del país. Agradezco al amigo y camarada porteño “Chino” Alvarado, actualmente activista político bolivariano, por su información sobre el caso de “Rubén”, uno de los tantos mártires pocos conocidos, que abonaron con su sangre este proceso de liberación en marcha.
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También saludo a William Hernández, abogado, ingeniero, docente universitario, internacionalista y activista político revolucionario, por la información aportada (es uno de los estudiantes de entonces-UC, sobrevivientes del Módulo Canaima el 4 de febrero de 1992). Mi reconocimiento a todos los amigos y camaradas en Puerto Cabello, que incluye entre otros a José “Chicho” Vargas y Enrique López, extrabajadores portuarios, a Darío Timaure y a todos con los que tuve relación política en esos tiempos no tan lejanos. La gran mayoría se mantienen consecuentes con la lucha revolucionaria por un cambio político verdadero en nuestro país.
Igual reconocimiento nacional a los abogados Manuel González Meyer y Rafael Hurtado Bravo (consultores jurídicos de “Cantaura Vive”) y a Ricardo Ochoa (“Sierra”) por toda su labor en torno al caso Cantaura. Ochoa viene trabajando como cuadro político revolucionario afín al proceso bolivariano, en actividades tendientes a develar el entramado represivo y terrorista que caracterizó la etapa cuarto-republicana. La presencia de gente experimentada en la lucha revolucionaria es una fortaleza a valorar, más en una coyuntura donde los sectores opositores pretenden retomar los atajos de la violencia y la desestabilización. Honor a nuestros mártires por siempre.
¡La lucha revolucionaria continua. Los opositores pro yanquis no volverán jamás!
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“…ha emergido una nueva metodología de conocimiento de lo social que se apoya en la experiencia de lo vivido, en la subjetividad como forma de conocimiento, tan válido como los números, los modelos, las curvas o cualquier otro instrumento estadístico”. (Profesor Víctor Córdova. UCV, 2003)
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José David Capielo Valles es ingeniero agrónomo y magíster en Desarrollo Rural, egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Campus Maracay. Nacido en Coro, estado Falcón, en 1949. Es docente jubilado de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR), Núcleo Canoabo (2016). Es locutor, comunicador alternativo y colaborador de Ciudad Valencia desde 2014.
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