Carupanazo y Porteñazo ( y II)
Amigas y amigos, constructores de sueños, forjadores de esperanzas. El año 1962 representó para el segundo gobierno de Rómulo Betancourt el momento de mayor inestabilidad política y militar, caracterizado por un escenario de impredecibles consecuencias, en el que la convulsión social, expresada en frecuentes protestas, con recurrente saldo de muertos, heridos y detenidos, el surgimiento de grupos guerrilleros en diversas zonas del país y las divisiones que había experimentado el partido de gobierno; hacían presagiar su posible salida del poder. Los efectos del paro nacional de transporte y la pérdida del control de la Cámara de diputados, llevaron años más tarde a Betancourt a confesar que: “ese había sido el momento más difícil de su segundo mandato”.
Gobierno acechado:
El año 1962 comenzó con una convulsión social mucho más acentuada. A mediados del mes de enero estalló en el estado Táchira un paro de trasporte que rápidamente adquirió carácter nacional. Los transportistas protestaban contra la implementación obligatoria del Seguro de Responsabilidad Civil, medida que procuraba facilitar la solución reparatoria a los daños materiales ocasionados en los accidentes de tránsito. La acción, que abarcó al trasporte público y de carga, puso en jaque al gobierno nacional. Y si no alcanzó dimensiones de huelga general, fue porque los sindicatos del ramo, controlados por Acción Democrática, se negaron a decretarla.
En un país con las características económicas de Venezuela, donde la producción agropecuaria proviene, mayoritariamente, del Sur y Occidente del territorio, donde el sector industrial y la actividad comercial dependían en gran medida de las importaciones de aditivos y productos manufacturados; un paro nacional de trasporte con direccionalidad política, podría dar al traste con un gobierno acechado y repudiado como el de Betancourt.
A esta situación se sumaban las manifestaciones protagonizadas en Caracas por estudiantes de bachillerato y universitarios contra el decreto de restitución parcial de garantías constitucionales que, sólo en el mes de enero, dejó saldo de catorce muertos y cincuenta heridos, así como cuantiosas pérdidas al transporte público. En esta compleja situación, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), lanzaron dos consignas que sintetizaban los objetivos a alcanzar: Renuncia Rómulo (RR) y ¡Nuevo Gobierno ya! Si las consignas, pintadas en innumerables paredes de pueblos y ciudades tuvieron pegada como elemento propagandístico y de agitación, la respuesta de Betancourt no lo fue menos. Con su peculiar estilo confrontacional y verbo percutante, el mandatario respondió: “Yo soy un gobernante que ni renuncio ni me renuncian”.
Las condiciones objetivas:
A esta compleja situación se sumó en el mes de marzo la pérdida del control de la Cámara de diputados por parte de Acción Democrática. Las divergencias entre el grupo ARS liderizado por Raúl Ramos Giménez y la llamada “Vieja Guardia”, comandada en ese momento por Betancourt, Leoni y Paz Galarraga, se enfrentaron por el control del partido con mira a la escogencia del candidato presidencial para los comicios del año 63.
El enfrentamiento se agudizó cuando el grupo ARS denunció irregularidades en la escogencia de los delegados a la Convención Nacional del partido en los estados: Guárico, Anzoátegui y Bolívar, por lo cual el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), controlado por ARS, suspendió de la militancia a: Octavio Lepage, Salomón Meza y Rigoberto Henrique Vera, además solicitó a Betancourt la destitución del gobernador de Bolívar, Leopoldo Sucre Figarella. En respuesta a estas acciones, Betancourt junto al Secretario General del Partido, convocaron al Comité Directivo Nacional (CDN), máximo órgano de decisión, el cual dejó sin efecto la medida tomada por el CEN y suspendió de toda militancia a Ramos Giménez.
La consecuencia fue una nueva división del partido, que pasó a llamarse AD-Oposición. Fueron estos diputados los que en alianza con otros partidos en el Congreso, lograron dejar fuera de la directiva de la Cámara de diputados a Acción Democrática. Este triunfo era de gran significación pues se conformaba una correlación circunstancial de fuerzas que permitía torpedear y eventualmente paralizar algunas iniciativas del gobierno ante el Parlamento. Esta configuración de hechos, que venían acentuándose desde la primera división de AD, fue lo que terminó de convencer, tanto al PCV como al MIR, de brindar apoyo a las sublevaciones militares de Carúpano y Puerto Cabello.
No es descabellado suponer que, en ese escenario, la dirigencia revolucionaria haya pensado que las condiciones objetivas derivadas de la política nacional eran mucho más favorables que las que rodearon el desembarco guerrillero del Granma, en 1956, razón por la cual resultaba imposible no apoyar las sublevaciones militares; sólo que la realidad es mucho más compleja de lo que análisis políticos permiten observar y prever.
Sentar un escarmiento:
En este escenario, el 4 de mayo estalló en la ciudad de Carúpano el primero de estos alzamientos liderizado por el capitán de corbeta Jesús Teodoro Molina Villegas, el mayor Pedro Vegas Castejón y el teniente Héctor Fleming Mendoza. Los sublevados lograron tomar la ciudad, el aeropuerto y la emisora Radio Carúpano desde donde lanzaron un manifiesto en nombre del Movimiento de Recuperación Democrática. La pronta reacción del gobierno ordenando el bloqueo marítimo, y el apoyo de unidades leales: el batallón de infantería Mariño y el batallón Sucre de Cumaná, así como el batallón Simón Bolívar de Maiquetía, además del apoyo de unidades aéreas, determinaron la rápida derrota.
Se señala que hubo unas dieciséis bajas y cerca de cuatrocientos detenidos, entre ellos los dirigentes del PCV Eloy Torres y José Vicente Abreu. Betancourt, en su deseo de sentar un escarmiento que tranquilizara los cuarteles, no sólo suspendió las garantías constitucionales, también ordenó un juicio sumario con sentencia inapelable.
Para tales fines se constituyó en Ciudad Bolívar un Consejo de Guerra Accidental, que sustituyó al Consejo de Guerra Permanente con sede en Maturín, instancia, esta última, que debía conocer del caso por ser el órgano natural y el más cercano al lugar de los acontecimientos. Quinientos siete kilómetros de distancia separaban el lugar inicial de reclusión (Carúpano) del sitio donde fue instalado el tribunal ad hoc: el cuartel Tomás de Heres. Toda una verdadera muestra de la “justicia” puntofijista.
Acción en diferido:
La derrota propinada al movimiento insurgente en Carúpano podía hacer pensar al gobierno que tendría algún tiempo de tranquilidad y que la situación en los cuarteles estaba relativamente controlada. Sin embargo, lo ocurrido en Carúpano fue sólo una expresión de lo que debió ocurrir en esa jornada. El día dos de junio estalló en la Base Naval de Puerto Cabello una nueva insurrección militar comandada por el capitán de navío, Manuel Ponte Rodríguez, el capitán de fragata, Pedro Medina Silva y el capitán de corbeta, Víctor Hugo Morales. Se trató en realidad de una acción, en diferido, de lo ocurrido en el Oriente del país veintiocho días antes: los militares de Puerto Cabello debieron alzarse cuando lo hicieron los de Carúpano, pero la ausencia de una efectiva comunicación, siempre difícil en el mundo de la conspiración, y la no menos importante diferencia de criterios, impidieron que ambos eventos se sincronizaran.
El alzamiento de Puerto Cabello no sólo fue mucho más prolongado, se combatió durante casi cuatro días, también lo fue mucho más sangriento, se calcula más de cuatrocientas bajas; destacando una mayor participación civil, pues se repartió armas a militantes de los partidos de izquierda. El gobierno combatió la rebelión como si estuviera enfrentando a un enemigo externo, no sólo utilizó armamento blindado (tanques), también usó la aviación militar para bombardear focos de resistencia; aspectos que ayuda a explicar el alto número de bajas. Las derrotas de ambas insurgencias determinó el camino de la lucha armada. A partir de aquí el PCV se planteó la conformación del Frente de Liberación Nacional (FAL) y las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), política que fue respaldada por el MIR y sectores de URD.
Diferencia abismal:
Las derrotas de los alzamientos de Carúpano y Puerto Cabello no solo fueron triunfos militares para Betancourt, también políticos, pues le permitió, por una parte, encarcelar a los parlamentarios del PCV y el MIR, y por la otra, solicitar la ilegalización de esos partidos, aprovechando la abierta defensa y apoyo que a tales acciones expresaron sus diputados en el seno del Parlamento. Una política que contrasta con la ejecutada en nuestros días donde partidos que han promovido golpes de estado, protestas violentas, intentos de magnicidio, saqueo de los activos nacionales, solicitado invasión por terceros países; no sólo actúan libremente, sino que algunos de sus promotores se pasean libremente por el territorio nacional, otros han recibido medidas sustitutivas de libertad, derivadas de procesos de negociación impulsados por el gobierno nacional y algunos aspiran presentarse como candidatos a la elección presidencial de 2024. Una diferencia abismal respecto de la política represiva puntofijista.
Carupanazo y Porteñazo (I), por Ángel Omar García González
***
Ángel Omar García González (1969): Licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales, y Magister en Historia de Venezuela, ambos por la Universidad de Carabobo, institución donde se desempeña como profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Educación. En 2021 fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Alternativo por la Columna Historia Insurgente del Semanario Kikirikí. Ganador del Concurso de Ensayo Histórico Bicentenario Batalla de Carabobo, convocado por el Centro de Estudios Simón Bolívar en 2021, con la obra “Cuatro etapas de una batalla”. Es coautor de los libros “Carabobo en Tiempos de la Junta Revolucionaria 1945-1948” y “La Venezuela Perenne. Ensayos sobre aportes de venezolanos en dos siglos”.
Ciudad Valencia
