Las afectaciones y pérdidas producto de una Asamblea Nacional (AN) de mayoría antichavista que derivó en una entidad írrita e inconstitucional tienen diferentes dimensiones.
Tomando en cuenta que el fin de la oposición venezolana es el derrocamiento del Gobierno Bolivariano, su fracaso político en el lapso correspondiente de 2015 a 2020 era de esperarse ya que el ciclo legislativo tiene otros propósitos mucho más pertinentes para el desarrollo y las aspiraciones de la República Bolivariana que llenar las prerrogativas del antichavismo.
EL «CAMBIO DE RÉGIMEN» EN EL CENTRO DE LA ESTRATEGIA PARLAMENTARIA
Ya en enero de 2016 Henry Ramos Allup, entonces presidente del Parlamento, había anunciado que la electa Asamblea Nacional (AN) de Venezuela ofrecería una propuesta «concreta» para acortar el mandato del presidente Nicolás Maduro e indicó que «el lapso de seis meses es demasiado», que consistía en una enmienda constitucional.
Desde entonces, la pugna entre poderes se haría evidente. Esto provocó afectaciones significativas a la dinámica de relación entre poderes públicos en específico, y en general en las relaciones sociales, económicas, políticas, etc, en Venezuela.
Para lograr la enmienda constitucional la oposición venezolana debía ser mayoría absoluta en la AN, objeto que consiguieron mediante fraude electoral. Tres diputados por el estado Amazonas incurrieron en delitos electorales para obtener sus curules. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio la orden de retiro de los tres diputados opositores, pero nunca se hizo según el reglamento interno de la AN.
Por ello en enero de 2016 el TSJ declara en desacato a la AN por la incorporación de tres diputados elegidos írritamente en el estado Amazonas.
Todos los esfuerzos de la AN se dirigieron a intentar derrocar al Gobierno Bolivariano, pero por la «vía institucional». Otra manera de aplicar la estrategia del lawfare en Venezuela, ya que la oposición se valía de las herramientas del Estado para socavar de manera definitiva la autoridad del mismo Jefe del Estado.
Ramos Allup pasó su año en la jefatura de la AN aprobando una seguidilla de leyes propuestas por los actores de la MUD obedeciendo a grupos de poder que fueron vetadas por el TSJ por inconstitucionales.
Leyes de amnistía para sacar a Leopoldo López de prisión, leyes que preparaban el marco para evidentes estafas inmobiliarias de la Gran Misión Vivienda Venezuela, leyes que cambiaban los términos del referéndum, leyes de enmienda constitucional, leyes que avanzarían a privatizaciones favorables a sus benefactores económicos, entre otras.
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El Gobierno Bolivariano se vio afectado en varios frentes, pero sobre todo dos:
- 1) la amenaza continua en pos de su derrocamiento por parte de la AN y
- 2) la gestión de un país que ya comenzaba a avanzar hacia la crisis económica-financiera-monetaria actual y que golpea a la población de manera profunda, en particular a los sectores, regiones y clases más vulnerables de Venezuela.
Las afectaciones políticas, económicas y sociales de dichas acciones parlamentarias, más el intento de referéndum en 2016, minaron asimismo las bases de apoyo de la dirigencia opositora, lo que la llevó cada vez más (evidentemente) hacia los brazos del gobierno de los Estados Unidos, cuya política de medidas coercitivas unilaterales ya comenzaba a perjudicar el patrimonio nacional en el plano internacional desde que el Congreso estadounidense aprobara la Ley para la Defensa de Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela en 2014, punto de partida del bloqueo contra el país, refrendado por el presidente Barack Obama mediante una orden ejecutiva (número 13692) en marzo de 2015.
GESTIÓN DEL BLOQUEO CONTRA VENEZUELA DESDE LA AN
Durante 2017 Julio Borges, como presidente del Parlamento, se dedicó a construir un marco propicio desde la AN para la bienvenida de las medidas coercitivas unilaterales que derivan en el actual bloqueo y embargo estadounidense contra Venezuela.
Una breve cronología de su gestión da cuenta de su esfuerzo por poner «bajo cuarentena» a Venezuela, calificando en ese año al país de «enfermedad contagiosa«.
- 8 de febrero: Borges se reunió con Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, para concertar un cerco diplomático contra Venezuela.
- 9 de febrero: Borges se reunió con José Serra, entonces canciller de Brasil, para lo mismo.
- 6 de abril: Borges se reunió con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, DC.
- 7 de abril: Borges se reunió con Bob Corker (presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado) y Ben Cardin (senador estadounidense) en Washington.
- 17 de abril: Borges declaró a The Washington Times: 1) «Es muy importante para nosotros que el presidente Trump sea un factor de ayuda para crear la máxima presión internacional»; 2) «EEUU podría prohibir el intercambio comercial o político con Venezuela, imponiendo la Carta Democrática Interamericana de la OEA, lo que significaría el aislamiento completo de Venezuela: un país bajo cuarentena».
- 20 de abril: Borges y Pedro Pablo Kuczynski, entonces presidente de Perú, se reunieron en Lima.
- Finales de abril: Borges como presidente de la Asamblea Nacional dictó y mandó cartas a 14 bancos pidiéndoles no transar con los organismos financieros del Estado venezolano.
- 4 de mayo: Borges, Luis Almagro, Ileana Ros-Lehtinen, Mario Díaz Balart, Albio Sires y Jeff Duncan (del Congreso estadounidense) se reunieron en Washington.
- 6 de mayo: Borges y H.R. McMaster, entonces asesor de seguridad nacional de Donald Trump y oficial veterano de la invasión de Irak, se reunieron en Washington.
- 6 de mayo: Borges y Mike Pence, vicepresidente de EEUU, se reunieron en Washington.
- 31 de mayo: Borges y Antonio Tajani, entonces presidente del Parlamento Europeo, se reunieron con el propósito de estudiar nuevas medidas coercitivas unilaterales sobre Venezuela.
- 1º de junio: Borges y Ana Pastor Julián, entonces presidente del Congreso de Diputados de España, se reunieron en Madrid.
- 2 de junio: Borges y Alfonso Dastis, entonces canciller español, se reunieron en Madrid.
- 4 de septiembre: Borges y Emmanuel Macron, presidente de Francia, se reunieron con el propósito de estudiar nuevas medidas coercitivas unilaterales sobre Venezuela.
- 5 de septiembre: Borges y Mariano Rajoy, entonces presidente del gobierno español, se reunieron para lo mismo.
- 6 de septiembre: Borges y Angela Merkel, canciller de Alemania, se reunieron para lo mismo.
- 7 de septiembre: Borges y Theresa May, entonces primera ministra del Reino Unido, se reunieron para lo mismo.
Como podemos notar, Borges se dedicó, en nombre de la AN, a motorizar el marco jurídico que venía gestionándose en Estados Unidos con leyes y órdenes ejecutivas para consecusión del bloqueo económico-financiero-comercial sobre Venezuela.
El de Primero Justicia (PJ) ciertamente es el gran artífice local de las medidas coercitivas unilaterales que asfixian al país entero.
JUAN GUAIDÓ Y EL «CAMBIO DE RÉGIMEN»
En enero de 2017 la AN votó el acuerdo de abandono del cargo por parte del presidente Nicolás Maduro Moros, un absurdo legislativo por donde se le vea. Esta decisión dio pie a la autojuramentación de Juan Guaidó como presidente «encargado» o «interino» de Venezuela de manera fraudulenta, delictiva, inconstitucional.
En julio de 2017 la AN montó un TSJ paralelo con designación de magistrados de manera ilegal, causando otra afectación a la relación entre poderes, dinamitando la percepción mundial de las instituciones venezolanas y proponiendo un marco de «Estado o gobierno paralelo».
Las afectaciones a las instituciones venezolanas se hicieron evidentes, desde entonces y sobre todo, con el robo de Citgo Petroleum, filial de PDVSA en Estados Unidos, Monómeros, más la congelación de activos, etc.
Asimismo, la AN en desacato decidió apoyar y promover las protestas violentas de 2017 que pretendían convertirse en una revolución de color que pudiera minar al gobierno de Maduro, sin éxito y gracias a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente.
Sin embargo, las políticas sociales gubernamentales sufrieron un decaimiento significativo y la economía nacional monodependiente históricamente del petroestado sufría por inflación hiperexcesiva y una recesión producto de los ataques a la moneda y al comercio interno venezolano, enmarcado en la estrategia de terrorismo económico estadounidense, solicitada por la presidencia ejecutiva de la AN encabezada en ese entonces por Julio Borges.
El año 2018 fue irrelevante en el accionar parlamentario, estando en desacato y encabezado por Un Nuevo Tiempo, el menos relevante de los partidos del llamado G4 (junto con PJ, Acción Democrática y Voluntad Popular).
La denominada «rebelión de los suplentes» en 2019, luego de la autojuramentación de Guaidó, logró llegar a la presidencia de la AN para intentar estabilizar el marco institucional del Parlamento, de acuerdo a la Constitución.
Las acciones de Juan Guaidó y su equipo pro-estadounidense han minado claramente esta estrategia, adjudicándose a su favor una suerte de presidencia legislativa vitalicia hasta que «cese la usurpación», expresión carente de todo significado jurídico constitucional; al mismo tiempo, esta AN no considera que el presidente Nicolás Maduro no es realmente el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar de haber sido elegido y reelegido por el voto popular venezolano en 2013 y 2018.
La AN de mayoría opositora, y con vocación golpista, ha protagonizado muchas de las acciones que nos han llevado hasta nuestro presente. Gestionó y apoyó un escenario que sufrimos hoy la mayoría de los venezolanos.
PÉRDIDAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
Entre las pérdidas más graves están las económicas porque devienen en las sociales. En 2019, ante la Asamblea General de la ONU, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que «se estima que desde el año 2015 y 2018 la pérdidas para la economía venezolana han alcanzado los 130 mil millones de dólares por el brutal bloqueo financiero impuesto por el gobierno estadounidense».
A esto debemos adherir los datos emitidos recientemente por el presidente Nicolás Maduro en la presentación de la Ley Antibloqueo: «Entre 2014 y 2019 Venezuela experimentó la más brusca caída de ingresos externos de su historia. En seis años, perdimos 99% del volumen de ingresos en divisas».
«Dicho de otra manera: De cada 100 dólares o euros que el país obtenía por la venta de petróleo en 2014, hoy obtiene menos de 1», remató.
Una investigación de La Tabla arroja que la junta ad hoc de Juan Guaidó en Monómeros maquilló las pérdidas de la empresa venezolana en Colombia en su gestión, revelando que se perdieron «los $USD 20 millones de ganancias de 2018, las reservas de inversión y los resultados acumulados de años anteriores».
La empresa petroquímica venezolana en Colombia ya había perdido 90% de su participación en el mercado internacional y 15% del mercado local colombiano, luego de que el «gobierno paralelo» de Guaidó tomara su control.
Asimismo, la junta ad hoc de Guaidó en Citgo emitió un informe en el que revela que las ganancias por 850 millones de dólares de 2018 obtenidas por las refinerías de Citgo fueron usadas para pagar deudas a las compañías petroleras aliadas del gobierno de Donald Trump, mientras que sectores inversionistas favorecidos con bonos de deuda venezolana reciben licencias especiales para cobrar sus ganancias con dinero despojado a la República.
Otra investigación de La Tabla asegura que, para diciembre de 2019, Citgo había reportado pérdidas por más de 300 millones de dólares.
Además, producto de las medidas coercitivas unilaterales, a Venezuela le congelaron 31 toneladas de oro en el Banco de Inglaterra.
En mayo reciente, el canciller Jorge Arreaza informó que por la «pública y notoria persecución» de barcos petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos, se han generado pérdidas de hasta 100 mil millones de dólares a Venezuela.
Estos sólo son algunos pocos datos económicos producto de la gestión de una Asamblea Nacional plena de antichavismo, cuya institucionalidad fue aprovechada para socavar, desestabilizar y fagocitar no sólo el aparato estatal desde sus entrañas, sino a todo un país.
Los responsables nacionales del caos y la miseria que vivimos las venezolanas y los venezolanos por el bloqueo estadounidense tienen nombre y apellido.
Es hora de que el pueblo venezolano los reconozca para no volver a elegir entre los intereses mezquinos de un cogollo (anti)político y los intereses y necesidades del país en las próximas elecciones parlamentarias.
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Ciudad VLC/Misión Verdad
