Amigas y amigos, constructores de sueños, forjadores de esperanzas: El famoso Decreto de Guerra a Muerte emitido desde Trujillo, el 15 de junio de 1813, por la sinceridad y crudeza de su planteamiento, se convirtió desde entonces en la evidencia que justificaba los ataques contra el entonces brigadier Simón Bolívar, en medio de una controversia que pretendía mostrar a su autor como un carnicero que quería imponer su voluntad a toda costa; para lo cual no dudó en hacer la guerra contra sus hermanos de clase: los blancos peninsulares, guardianes de la majestad, prerrogativas y privilegios que el orden monárquico había impuesto en América. El Decreto, despojado del contexto histórico y haciendo énfasis en su última parte, alimenta la imagen sanguinaria que quisieron mostrar los enemigos de la Independencia. Sin embargo, una mirada más detenida, contribuye a desestimar esa matriz.
No hizo discriminación:
El comienzo de la gesta emancipadora, y más específicamente la declaratoria de independencia el 5 de julio de 1811, no fue un proceso que contó con el respaldo absoluto de los venezolanos. 300 años de dominación colonial habían dejado una impronta: cultural, social, política, económica, religiosa; que contribuyó a la formación de una conciencia monárquica, expresada con mayor fuerza, en la medida en que se iban radicalizando las posiciones de quienes apostaban por la ruptura con España. Esto explicaría la ausencia de tres provincias en el Congreso Constituyente de 1811 (Coro Maracaibo y Guayana), la relativa facilidad con la que sucumbió el primer gobierno republicano y el apoyo que, en un sector de la población, encontraron los jefes españoles para cometer toda clase de abusos y tropelías.
Un ejemplo emblemático de cuán profundamente arraigados estaban esos valores en la sociedad colonial venezolana puede ser el caso de María Antonia Bolívar, mujer de prosapia y abolengo, para quien “resultaba un despropósito romper con la tradición que su familia, parientes y allegados, desde tiempos inmemoriales, se habían empeñado en sostener y proteger”. No podía apoyar la hermana mayor del futuro Libertador un movimiento que “echaba por tierra todos los privilegios que durante siglos le había deparado el vínculo con España”.
La génesis del Decreto de Guerra a Muerte debe ser ubicada, entonces, en este contexto general y en el desconocimiento, por parte del general español Domingo Monteverde, de la capitulación acordada con el Generalísimo Francisco de Miranda el 25 de julio de 1812, en la que se establecía el respeto a la vida y bienes de los partidarios del proceso independentista, liberación de los prisioneros y salvoconductos para la salida del territorio venezolano de los líderes que desearan hacerlo, Miranda uno de ellos.
Los jefes españoles: Domingo Monteverde, Francisco Cervériz, Antonio Zuazola, Francisco Rosete, José Yáñez, no solo desconocieron los términos de la capitulación que otorgaba garantías jurídicas y políticas a los vencidos, y en el que el vencedor empeñaba su palabra de hacerlas cumplir; sino que practicaron una conducta criminal y despiadada contra los promotores y simpatizantes del proceso independentista, en contravención de todo lo expresamente acordado.
La represión contra la población civil que brindó apoyo a la gesta emancipadora no hizo discriminación de hombres o mujeres, ancianos o jóvenes, generando verdadero pánico entre la población; acción cuyo fin último parecía ser: disuadir, mediante el terror, la posibilidad de respaldo a la causa republicana. El Regente Heredia, un leal servidor de la corona española, cuenta en sus memorias que un fraile capuchino, misionero en Apure, llamado Fernando María Coronil, exhortaba a los soldados realistas con estas palabras: “de siete años arriba, no dejasen vivo a nadie”. Lo cual evidencia que, la crueldad que desató la guerra a muerte, fue iniciada y promovida por el bando realista.
Bebedor de sangre:
Fue esta crueldad la que motivó la emisión del Decreto. Bolívar, en su recorrido por los Andes venezolanos, durante la llamada Campaña Admirable, fue recibiendo información más detallada de las atrocidades cometidas por los españoles. Por eso el Decreto es una clara respuesta a esos atropellos y crueldades: “Un ejército de hermanos… ha venido a libertaros”… nuestra misión, sólo se dirige a romper las cadenas de la servidumbre, que agobian a algunos de nuestros pueblos.”
Se ofrecían garantías a la vida y propiedad, así como el mantenimiento de sus grados y rangos a los españoles que depusieran las armas y cooperaran con la causa republicana: “Se concede un indulto general y absoluto a los que pasen a nuestros ejércitos con sus armas o sin ellas, a los que presten sus servicios a los buenos ciudadanos que se están esforzando por sacudir el yugo de la tiranía.” Igual ofrecimiento de perdón se hacía a los americanos que “por error o perfidia, han extraviado la senda de la justicia”, pues sólo “la ceguedad e ignorancia en que os han tenido hasta el presente, los autores de vuestros crímenes, han podido induciros a ello”.
Es relevante hacer hincapié en las citas textuales pues, con frecuencia, y también con mucha mala fe, solo se hace énfasis en la parte final del famoso Decreto: “Españoles y Canarios, contad con la muerte aun siendo indiferentes”, frase que sacada de contexto, sin las alusiones anteriormente señaladas, presenta a Bolívar como un “bebedor de sangre”. Una imagen que insistieron en propagar sus enemigos de ayer, pese a la voluntad que manifestó el 6 de julio de 1816, desde Ocumare, de renunciar a esa práctica: “la guerra a muerte, cesará por nuestra parte”. Y que sus detractores de hoy continúan difundiendo con igual o mayor saña.
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Humanizar la guerra:
Bolívar siempre estuvo consciente de las nefastas consecuencias del Decreto, por eso no solo propuso cesar en dicha práctica, sino que realizó esfuerzos para, valga el oxímoron, “humanizar la guerra”. Una meta que fue alcanzada cuando firmó junto a Pablo Morillo, en 1820, el Tratado de Regularización de la Guerra, mediante el cual se daba por finalizada la etapa de Guerra a Muerte. A partir de este Tratado se ofrecían garantías a la población civil: mujeres, niños y ancianos; respeto a los grados militares, a la vida de los prisioneros, atención médica a los heridos e, incluso, la honrosa sepultura. Principios que fueron respetados hasta el fin de la Guerra de Independencia, durante la toma y liberación de Puerto Cabello, en noviembre 1823. Y que hoy son la base del Derecho Internacional Humanitario.
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Ángel Omar García González (1969): Licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales, y Magister en Historia de Venezuela, ambos por la Universidad de Carabobo, institución donde se desempeña como profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Educación. En 2021 fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Alternativo por la Columna Historia Insurgente del Semanario Kikirikí. Ganador del Concurso de Ensayo Histórico Bicentenario Batalla de Carabobo, convocado por el Centro de Estudios Simón Bolívar en 2021, con la obra “Cuatro etapas de una batalla”. Es coautor de los libros “Carabobo en Tiempos de la Junta Revolucionaria 1945-1948” y “La Venezuela Perenne. Ensayos sobre aportes de venezolanos en dos siglos”.
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