El «Decreto Obama» es parte del plan de agresión económica y militar contra Venezuela. Cuatro años atrás, en 2015, el gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) sentó un precedente en su estrategia para justificar una intervención militar en territorio nacional.
El 9 de marzo, el expresidente Barack Obama emitió una Orden Ejecutiva que declaraba a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad norteamericana.
Este decreto desencadenó una serie de restricciones financieras a funcionarios e instituciones venezolanas, con la intención de aislar a la nación del escenario mundial a través del bloqueo económico, acción que ha generado pérdidas a la nación por 38 mil millones de dólares, de acuerdo con cifras del ministro del Poder Popular para la Planificación, Ricardo Menéndez.
A raíz de la resolución, el Gobierno Nacional activó la campaña comunicacional #ObamaDerogaElDecretoYa, que recogió 13 millones 447 mil 651 rúbricas, de las cuales 10 millones 420 mil fueron en Venezuela, para exigir la anulación del documento injerencista. En paralelo, el pueblo venezolano colmó las principales avenidas del país en rechazo a la medida norteamericana.
«Venezuela es uno de los países más pacíficos del mundo. Este país jamás ha agredido a otro, mientras que de los 21 países de América Latina, 14 han recibido la acción violenta de Estados Unidos. Hay que preocuparse y entender que ese país promueve la injerencia», señaló el dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Jorge Rodríguez, en marzo de 2015.
Ese mismo mes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó el 9 de marzo como Día del Antiimperialismo Bolivariano, fecha que comenzó a conmemorarse en 2016 en homenaje a la lucha latinoamericana contra la dominación extranjera y la defensa de la soberanía nacional.
«Los libros de historia lo recordarán (Barack Obama) como el que pretendió amedrentar un pueblo y lo que hizo fue levantar el espíritu nacionalista, patriótico y bolivariano», resaltó el jefe de Estado el 31 de marzo de 2015.
Treinta días después de la publicación de la Orden Ejecutiva, Barack Obama admitió que Venezuela no representaba amenaza alguna para EE.UU., sin embargo, su pronunciamiento no significó la derogación del decreto, que pretendía generar condiciones para instaurar un gobierno que responda a los intereses del gobierno de EE.UU.
Un año más tarde, el expresidente estadounidense extendió la declaratoria de «emergencia nacional» contenida en la Orden Ejecutiva, argumentando que «la situación no ha mejorado» y que el Gobierno Nacional «continúa erosionando las garantías de los derechos humanos», situación que «impacta» en la seguridad nacional y en la política exterior estadounidense.
En enero de 2017, a escasos siete días de abandonar la Casa Blanca, Barack Obama extendió un año más la vigencia de la Orden Ejecutiva, acción que se tradujo en la imposición de sanciones a 32 funcionarios venezolanos, entre el 13 de febrero y el 9 de noviembre.
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En el listado de sancionados, el Departamento del Tesoro incluyó al presidente Nicolás Maduro. El 31 de julio, el gobierno norteamericano anunció el bloqueo de «todos los activos que estén sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos», así como la medida de prohibición a sus ciudadanos de negociar con el mandatario venezolano.
Más tarde, el 25 de agosto, la administración de Donald Trump emitió la primera sanción contra el sistema económico y financiero nacional, luego de prohibir a la banca norteamericana realizar transacciones con el Gobierno Nacional o con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Esta maniobra impide las operaciones financieras de repatriación a Venezuela de las ganancias generadas por Citgo, filial de Pdvsa con sede en Houston.
En 2018, la agresión diplomática y financiera no cesó. Aunque siete meses atrás había anunciado la ampliación de la Orden Ejecutiva, el presidente de EE.UU., Donald Trump, renovó la «emergencia nacional» al considerar que en Venezuela supuestamente existe «persecución de opositores políticos, restricción de la libertad de prensa, uso de la violencia y violaciones a los derechos humanos«.
Entre marzo y noviembre, el gobierno estadounidense impuso nuevas sanciones personales contra funcionarios venezolanos, entre ellos la primera combatiente, Cilia Flores; la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López y el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez.
Desde la Casa Blanca se prohibió realizar transacciones con la criptomoneda nacional, el Petro, así como medidas restrictivas contra las exportaciones de oro.
En lo que va de 2019, el Departamento del Tesoro ha aplicado medidas coercitivas unilaterales contra la estatal petrolera a través de su filial Citgo. El paquete de sanciones bloquean 7 mil millones de dólares en bienes de Venezuela y 11 mil millones de dólares en exportaciones para el 2019.
Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) emitió sanciones contra el ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa, Manuel Quevedo.
El pasado 5 de marzo, la administración estadounidense prorrogó la «emergencia nacional» sobre Venezuela, actuación que fue rechazada por el Gobierno Nacional, mediante la Cancillería de la República, al significar un «error histórico» en la política exterior de EE.UU.
A propósito del cuarto aniversario del denominado Decreto Obama, el Jefe de Estado convocó a una movilización en rechazo a las agresiones de la administración estadounidense y sus aliados internacionales.
«El 9 de marzo yo lo decreté como el Día del Antiimperialismo Bolivariano y vamos a las calles, a marchas antiimperialistas, al combate con el pueblo. El 9 de marzo el pueblo en la calle», destacó durante los actos en homenaje al Comandante Hugo Chávez, al cumplirse seis años de su siembra, ocurrida este martes en el Cuartel de la Montaña, ubicado en Caracas.
