Amigas y amigos, constructores de sueños, forjadores de esperanzas: No pretendo dar respuesta a la interrogante que titula la columna de esta semana, entre otras razones porque sobre ello se ha debatido intensamente durante los últimos 78 años sin lograr establecer consensos. Y es que para los venezolanos el 18 de octubre de 1945 no es solo un acontecimiento histórico, también es una invitación a desencadenar las pasiones. No en balde, lo ocurrido entonces determinó, para bien y para mal, el rumbo político de la Venezuela de entonces.
Dos son las posiciones que se esgrimen para tratar de justificar o condenar ese trascendental hecho histórico: una afirma que la insurgencia militar que derrocó al general Medina Angarita truncó la progresiva evolución del sistema político postgomecista; la otra sostiene que con tal suceso se democratizó el sistema político y la sociedad venezolana.
Un hecho pueril
La historiografía contemporánea se ha debatido a favor y en contra de cada una de estas posiciones. Y es que no resulta fácil sustraerse a los argumentos esgrimidos por los protagonistas de estos acontecimientos, cuya influencia política y de opinión pública resultó fundamental en la segunda mitad del siglo XX.
Tal ha sido el impacto de esa influencia, que casi nadie parece estar dispuesto a admitir que en ambos sectores existían argumentos que justificaban la posición que defendían. Lo que puede conducir a sostener que lo que estaba en el fondo, para los protagonistas de ambos bandos, no era tanto la legítima preocupación y el deseo por democratizar la sociedad venezolana, sino el acceso y control del Poder político.
Para quienes condenan el golpe de Estado, sostener el argumento que atribuía una supuesta inmadurez e incapacidad del pueblo venezolano para el ejercicio de sus derechos políticos resultaba anacrónico e injustificable, sobre todo después de que la población participó en forma masiva y directa en la sui generi elección de la reina de la VII Serie Mundial de Beisbol Amateur de 1944, evento que evidenció el deseo de poder ejercer el sufragio como un derecho político sin discriminación ni limitaciones más allá de las establecidas por inhabilitación penal. Un evento que además se convirtió en termómetro para medir las preferencias electorales por la intervención que tuvieron tanto el sector gubernamental como el de oposición.
Si un hecho tal pueril como la elección de una reina deportiva había concitado la atención y motivado la participación popular de forma tan entusiasta, ¿cómo no iba a suponerse un entusiasmo superlativo frente a una aspiración tan sentida para el pueblo venezolano como la elección directa y secreta del Primer Magistrado de la República y los integrantes del Parlamento Nacional? El empecinamiento en continuar manteniendo un tutelaje político sobre la sociedad venezolana habría sido el principal error del gobierno de Medina Angarita y la causa fundamental de su derrocamiento.
En cierta forma, la razón de tal posición conseguía justificación en el argumento evolucionista esgrimido desde el positivismo, que aplicado a la sociedad venezolana, juzgaba que el ejercicio de prácticas democráticas requería unas virtudes ciudadanas y un grado de aprendizaje político para el cual el pueblo no estaba preparado.
Argumentos sostenibles
Por su parte, quienes justifican el golpe de Estado contra Medina Angarita, además de la negativa por parte del gobierno a elegir de forma directa y secreta al presidente de la República, sostienen argumentos como el retraso en los ascensos de grados militares, la falta de equipamiento moderno y la aspiración del general López Contreras de regresar al poder.
De éstos, los referidos al estamento militar fueron descartados por el historiador Oscar Battaglini como argumentos sostenibles a la luz de las evidencias históricas. Una revisión de la memoria y cuenta del ministerio de Guerra y Marina certifica la puntualidad y cantidad de los ascensos otorgados al grado inmediato superior a los oficiales que correspondía, así como de la adquisición de pertrechos y equipos militares al que era posible acceder en medio de la conflagración mundial y la condición económica del país.
En relación a las aspiraciones del general López Contreras de regresar al poder, aunque eran ciertas y el expresidente se encargaba propagarlas, también lo era que por el camino legal ésta se veía obstaculizada ante la falta de apoyo del presidente Medina a esa posibilidad, y por la vía armada, aunque el General en Jefe gozaba de gran prestigio y ascendencia en la institución castrense, también lo era que el mayor apoyo estaba concentrado en los llamados generales “chopo ‘e piedra”, militares de vieja data que no habían egresado, como las nuevas generaciones, de la Academia Militar.
Respecto de la elección directa y secreta del presidente de la República, dos aspectos debilitan la argumentación de los defensores del golpe de Estado: por una parte, el hecho de que los máximos representantes del partido Acción Democrática habían entrado en conversaciones con los militares que estaban conspirando y que se agruparon en la llamada Unión Militar Patriótica (UMP), varios meses antes del fracaso en la escogencia del candidato de consenso Diógenes Escalante, lo cual insinúa que estaban dispuestos a apoyar la asonada militar mucho antes de la inhabilitación como candidato, por razones de salud, del exembajador de Venezuela en Washington.
Por la otra parte, el argumento de que el nuevo candidato del gobierno, Ángel Biaggini, no brindaba confianza a los líderes de Acción Democrática, pues no sería capaz de cumplir con los acuerdos previamente establecidos, se debilita en razón de que lo único que garantizaba que tales acuerdos se cumplieran era la palabra empeñada, la promesa del candidato Diógenes Escalante y del presidente Medina Angarita, de que se cumpliría con la pactado. No existían otras garantías.
Lo que sí resulta más evidente es que los líderes de Acción Democrática supieron interpretar mejor el momento histórico por el que atravesaba la sociedad venezolana. Triunfante la asonada militar y tras la conformación de la Junta Revolucionaria de Gobierno, se abocaron a hacer realidad la principal aspiración política de entonces: el establecimiento del voto universal, directo y secreto, además del conjunto de derechos políticos que fueron consagrados en la Constitución de 1947.
LEE TAMBIÉN: «Mi Delirio sobre el Chimborazo»
Heridas latentes
Como puede observarse, no existe acuerdo respecto de este polémico suceso. Quizás, en parte, ello se deba a que las heridas que entonces se abrieron, de alguna manera continuaron expuestas y sangrantes a todo lo largo del siglo XX. No en balde debe recordarse que los últimos testigos y actores de aquellos sucesos, Arturo Uslar Pietri y Luis Miquilena, murieron en 2001 y 2016 respectivamente, lo cual hacía retrotraer frecuentemente las referencias al hecho y a realizar analogías respecto a las ineficiencias del régimen puntofijista.
En este escenario, si algo puede hacerse desde la historiografía de cara al futuro, es emprender investigaciones interdisciplinarias que abran nuevos enfoques y perspectivas capaces de superar algunos muy buenos trabajos que han sido publicados en las últimas tres décadas.
***
Ángel Omar García González (1969): Licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales, y Magister en Historia de Venezuela, ambos por la Universidad de Carabobo, institución donde se desempeña como profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Educación. En 2021 fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Alternativo por la Columna Historia Insurgente del Semanario Kikirikí. Ganador del Concurso de Ensayo Histórico Bicentenario Batalla de Carabobo, convocado por el Centro de Estudios Simón Bolívar en 2021, con la obra “Cuatro etapas de una batalla”. Es coautor de los libros “Carabobo en Tiempos de la Junta Revolucionaria 1945-1948” y “La Venezuela Perenne. Ensayos sobre aportes de venezolanos en dos siglos”.
Ciudad Valencia
