“El aborto, tema incendiario” por Fernando Guevara

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El viernes pasado, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América (EEUU) anuló una sentencia que desde 1973 consagraba que el aborto es un derecho constitucional de la mujer y que, por lo tanto, abortar no era un delito.

La nueva sentencia establece que no es constitucional el derecho al aborto y que cada estado de la unión podrá regular su legislación al efecto. Esto ha generado como consecuencia que varios estados asumirán esta decisión y penalizarán el aborto e incluso se perfila que se castigará a las mujeres que viajen a otros estados a practicar la interrupción del embarazo. Este es un tema por demás polémico y álgido.

Debo aclarar que me puedo considerar pro vida. Es decir, en mi ser interior, después de una revisión concienzuda de mis creencias y valores, puedo afirmar que estoy contra el aborto.

Pero a la vez opino, radical y firmemente, que el aborto debe ser despenalizado y que no se debe castigar ni a la mujer que lo sufra, ni al equipo de salud que lo practique, ni a nadie del entorno que de alguna u otra manera haya participado en el aborto. Por tanto, el aborto no debe ser considerado un delito ni los participantes delincuentes.

En nuestra sociedad convivimos con situaciones de embarazo que lamentablemente resultan trágicas complicadas, negativas: violaciones de todo calibre (incluso hasta las más inimaginables), enfermedades, situaciones de imposiciones de orden jerárquico o social, engaños, errores, además de situaciones de salud que terminan arrojando una lamentable situación cuyas consecuencias son harto conocidas en todo el mundo. Incluso el propio derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, aun con las consideraciones propias de lo que filosófica o antropológicamente esto pueda significar.

No obstante, todas estas consideraciones en el mundo y, en especial, en los países mal denominados sub desarrollados (y que deberían ser llamados sobre explotados) los abortos siguen produciéndose y son una de las principales causas de muerte de mujeres.

Esta demostrado a nivel mundial que cuando la interrupción del embarazo la practica un proveedor de servicios de la salud capacitado, con las debidas condiciones de salubridad, el aborto es uno de los procedimientos médicos que menos riesgos entraña.

Pero cuando se restringe, o sobre todo se penaliza el acceso al aborto, las mujeres se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos y con riesgo, en especial si no tienen los medios para pagarse un aborto privado, igualmente ilegal, pero con mejores condiciones.

En estos casos se somete a un nuevo castigo a la mujer que no puede acceder a este tipo de procedimientos más caros de lo debido por la propia carga de ilegalidad que existe. Es decir, en el aborto se castiga doblemente a la mujer, por su propia condición de tal y por pobre.

El aborto, por razones legales primordialmente, pero también culturales o sociales, se practica en muchos casos en condiciones inadecuadas, insalubres y clandestinas, en muchos casos con atención paupérrima e incluso artesanal, pues muchas mujeres lo ejecutan por sí mismas o atendidas por amigas, conocidas, o hasta desconocidos que se aprovechan de la circunstancia de la clandestinidad para practicarlo.

No hay que olvidar que las actividades calificadas de ilegales generan un mercado negro o delictivo que influye en las trágicas consecuencias de la práctica del aborto bajo estas condiciones previamente descritas.

Con prohibir, restringir o penalizar el aborto no se reduce el número de abortos, se obliga a las mujeres a someterse a abortos inseguros.

Otra de las consecuencias de la penalización del aborto, o la presencia de leyes restrictivas, es que impide a los profesionales de la salud hacer bien su trabajo y prestar la mejor atención posible a sus pacientes.

Amnistía Internacional señala que la penalización del aborto tiene un “efecto disuasorio”, que puede hacer que los profesionales médicos no comprendan los límites de la ley o apliquen las restricciones de manera más estricta de lo dispuesto en ella.

 

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Un régimen legal que despenalice el aborto y permita la práctica del mismo en condiciones sanitarias y medicas adecuadas, en el cual las mujeres puedan asistir y contar con garantías de salubridad propicias, acompañamiento legal y psicológico, debe ser una de las contribuciones más sentidas que se le pueda hacer a la sociedad.

El clamor de aborto legal y seguro debe ser oído por el Estado y este ser garante del mismo, aun cuando se sienta que no es la solución ideal.

 

Fernando Guevara / Ciudad Valencia