La presidenta de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatín), María Eugenia Russián, solicitó este viernes al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República que se investiguen las denuncias sobre las irregularidades financieras en el uso de los recursos de CITGO.

Estos recursos eran aportados a la Fundación Simón Bolívar para atender a pacientes de bajos recursos con enfermedades graves, con el fin de garantizar su derecho a la salud y a la vida.

Durante el Foro online Caso CITGO: Afectaciones al derecho a la vida de niños y niñas con enfermedades graves, Russián exhortó a las autoridades del sistema de justicia de Estados Unidos a investigar estos hechos, luego de que el gobierno norteamericano confiscara CITGO.

En este sentido, recalcó que luego de las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por los Estados Unidos contra el país, se paralizó la atención a los pacientes que eran trasplantados, donde ya no reciben los tratamientos especializados, al tiempo que lamentó que ya la organización registra la muerte de seis niños que estaban en la lista de espera.

Asimismo, afirmó que la Organización Fundalatín ya registra 48 casos de pacientes que esperan por recibir su trasplante para poder tener derecho a la vida.  “Las sanciones matan y generan violación de los derechos humanos a la población venezolana”, puntualizó.

 

De igual amanera, indicó que el 90% de los niños y niñas eran atendidos a través del programa de salud que desarrollaba CITGO.

Resaltó, que desde Fundalatín siguen levantando la voz ante el mundo ya que las sanciones y el bloqueo económico contra el país impiden tratamientos de pacientes con enfermedades crónicas.

“Utilizan los recursos de CITGO para fines distintos a la atención de los pacientes que necesitan atención médica especializada. El llamado desde Fundalatín es a levantar el bloqueo financiero y comercial contra el país que está vulnerando los derechos de toda la población venezolana”, dijo.

 

Entretanto, la miembro de Fundalatín , Desiré Cabrera explicó que todos los niños eran atendidos a través del programa de salud financiado por la empresa estatal PDVSA a través de su filial CITGO, donde proporcionaban asistencia médica a niños con enfermedades complejas que no contaban con los recursos necesarios para salvar vidas.

Ante esto, detalló que este programa era gestionado a través de unas organizaciones sin fines de lucro como lo era la Fundación para el trasplante de la Médula ósea con la Fundación Simón Bolívar, donde el Estado venezolano le aportaba los recursos a dicha Fundación para salvar la vida de todos los pacientes.

Recordó, que el 90% de todos estos pacientes son niños, niñas y adolescentes, donde el Estado venezolano le aportaba todos los beneficios y le costeaba todos los gastos para trasplantes, tratamientos y exámenes, además del hospedaje, la alimentación, el transporte, la dotación de medicamentos y todo lo que estos pacientes requerían para ser atendidos en sus condiciones.

Añadió, que luego de las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por los Estados Unidos contra el país, este programa de atención médica fue interrumpido, donde hubo una violación flagrante del derecho a la salud y a la vida de todos los pacientes que en su mayoría son niños, donde ya la Fundación Fundalatín lo ha denunciado en muchas oportunidades, donde estas sanciones impiden que se realicen los pagos correspondientes en los centros hospitalarios que funcionan en países tales como Venezuela, Italia y Argentina.

Por su parte, el padre de la niña Isabela paciente atendida en Fundalatín, Douglas Guevara, señaló que las sanciones imperiales son un atropello hacia la vida y  hacia los derechos humanos de los niños venezolanos.

 

Precisó que su hija también fue beneficiada por el programa de la Fundación Simón Bolívar financiado por la empresa estatal PDVSA a través de su filial CITGO y fue intervenida en Argentina para un trasplante de hígado.

Reseñó, que en el 2019 fue intervenida la Fundación Simón, donde intervinieron  todos los recursos de CITGO en Estados Unidos, al tiempo que lamentó que fueron notificados de que el Convenio tenía que ser paralizado, ya que todos los recursos estaban bloqueados en el exterior y no podían cubrir todos los gastos médicos de todos los niños, que para ese momento eran seis.

Asimismo, Leudy Parra, madre del niño Islán paciente atendido en Fundalatín, detalló que su hijo fue trasplantado en el  año 2013, gracias al convenio Simón Bolívar, y agregó que actualmente hay 18 niños en espera para viajar a Argentina, recibir trasplante. “Estos niños están entre la vida y la muerte”, señaló.

Dijo, que se encuentran alzando su voz y le piden a Fundalatín para que los siga ayudando, ya que asegura que se le están violando los derechos humanos a los niños que eran atendidos a través de un sistema de protección del Estado a través de la Fundación Simón Bolívar para los niños de Venezuela.

“Desde el año 2018 estas sanciones nos arrebató este programa de protección para nuestros hijos y condenaron a nuestros hijos a la muerte, porque es la muerte que nos persigue todos los días y cada noche, cuando estos niños no reciben el trasplante, no reciben los tratamientos quirúrgicos, ni mucho menos la intervención quirúrgica que cuesta 21 mil dólares”, acotó.

 

LEER MÁS: NUEVAS PRUEBAS VINCULAN A JUAN GUAIDÓ Y PRESIDENTE DEL BM

Ciudad VLC / VTV

Artículo relacionadosMás del autor