El Informe Final de la “Comisión por la Justicia y la Verdad” (CJV), instancia creada a partir de la promulgación de la “Ley para Sancionar Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998” o “Ley contra el Olvido” (2011), representa un importante documento con plena vigencia en la denuncia al terrorismo de Estado que existió en Venezuela en esa etapa.
Este “Informe Final” fue producto de una investigación a lo largo de cuatro años (2013-2017) sobre las violaciones a los derechos ciudadanos en las cuatro décadas del llamado puntofijismo o “Cuarta República”. En la CJV estuvieron, como miembros principales, Tarek William Saab, en ese entonces Defensor del Pueblo y hoy Fiscal General de la Nación; José Vicente Rangel (+), María del Mar Álvarez de Lovera (+), Jorge Rodríguez Gómez, José Numa Molina, Marelis Pérez Marcano, Antonio Arias, Pura Soto Rojas y Elia Oliveros, entre otros. Igualmente participaron calificados asesores como Fernando Soto Rojas, Luis Britto García, Vladimir Acosta, Ignacio Ramírez e Ytalo Américo Silva.
En dicho “Informe Final”, de unas 800 páginas, se desnuda el terrorismo estatal desarrollado por los diferentes gobiernos adeco-copeyanos, cuestión que hasta hoy día se trata de desconocer por los sectores opositores defensores de todo ese historial de oprobio, y se oculta en la desmemoria en especial de muchos de nuestros jóvenes que desconocen lo acontecido en esos años.
Allí se abordan inicialmente las consideraciones metodológicas empleadas, el contexto histórico, la experiencia de las Comisiones de la Verdad en América Latina y los antecedentes de las organizaciones de derechos humanos en Venezuela. Igualmente se revisan las Comisiones Especiales de la Asamblea Nacional creadas en el impulso de la investigación.
Se analiza la represión como cotidianidad política en todos esos años, las violaciones ocurridas y sus efectos. Se indaga cómo se organizó institucionalmente el aparato represivo, las instituciones y organismos involucrados, los centros de reclusión y torturas y los funcionarios represores identificados.
En cuanto a los logros y alcances, se señala que la CJV debió hurgar archivos de la Corte Marcial-Disip-Sebin-DIM-Dgcim, Congreso-AN, Archivo de la Nación y Biblioteca del Ministerio Público. Se informa asimismo que se examinaron unos 16 mil 630 expedientes y se identificaron unas 10 mil 71 víctimas. Este número incluye 1.425 asesinatos y 459 desapariciones forzadas. Se logró el rescate de restos de asesinados y desaparecidos. Se reconoció la figura del muerto-desaparecido, lo que dio legalidad jurídica a las víctimas desaparecidas. Todo lo averiguado fue resguardado en archivos para su conservación.
Por otra parte, la CJV recomendó una amplia difusión de este “Informe Final”, que estuvo limitado a unos 2 mil ejemplares que editó la Imprenta Nacional. Igualmente se estableció la necesidad de crear un organismo para el seguimiento de las investigaciones y casos.
Es de recordar que la Comisión culmina sus funciones en marzo de 2017, en medio de un repunte de la violencia terrorista de la oposición en Venezuela, que ameritó la convocatoria por parte del presidente Nicolás Maduro de una Asamblea Constituyente, que al establecerse en agosto de ese año frenó la violencia callejera y permitió enfrentar la ofensiva golpista de la mayoría opositora en la Asamblea Nacional. A eso se unió la deserción de la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz, a quien posteriormente se le imputan delitos graves durante su gestión, lo que implicó su posterior huida del país.
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La “Comisión por la Justicia y la Verdad” denunció en su momento toda esta trama de la conducta cómplice de la fiscal Ortega con la oposición terrorista (“Ciudad Valencia”, 11/06/2017). Allí plantean que esta funcionaria pretendía apropiarse del “Informe Final” presentado, el cual fue una labor colectiva de todos los que allí trabajaron tesoneramente.
Hoy día, a cinco años y medio de haberse publicado este “Informe Final”, su contenido sigue siendo esencial en la denuncia política antiterrorista. Es necesaria su reedición para rescatar esta significativa investigación, además de sumar nuevos elementos que puedan aportarse desde la Asamblea Nacional con mayoría bolivariana y desde la Fiscalía General en esta etapa de gran protagonismo. La idea sería realizar una difusión más amplia del “Informe Final” actualizado, en nuestro país y más allá.
En este escenario previo a una nueva elección presidencial, donde las oposiciones políticas solo coinciden en el restablecimiento de un gobierno parecido al pasado puntofijismo entreguista y represor, se requiere más que nunca del conocimiento pleno de nuestro pueblo sobre estos crímenes políticos cometidos y por un rotundo ¡NO VOLVERÁN JAMÁS!
José David Capielo / Ciudad Valencia
