El reciente capítulo referido a Venezuela y sus Derechos Humanos (DD.HH) no ofrece nada novedoso que en veinte años ya hayan dicho contra la nación suramericana.
Precisamente, quienes adversaron la Revolución Bolivariana, desde sus inicios, dentro y fuera del país, apelaron a elaborar los expedientes que sirvieran a los planes para derrocar el proceso revolucionario.
Un informe, calculado desde la distancia, para que su publicación, difusión y análisis coincidiera con los meses finales de 2020, y que permitiera concluir que, por tales y supuestas condiciones no debería haber elecciones.
El informe entregado por la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, designada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), obtuvo el posicionamiento mediático global a cuenta de las conclusiones que en materia de DD.HH vinculan a la nación caribeña.
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Venezuela en la mira del Consejo de Derechos Humanos
Justamente este año 2020, cuando se cumplen 75 años de la creación de las Naciones Unidas, se han alzados muchas voces en su seno, exponiendo todas las inquietudes que apuntan a la urgencia global para introducir cambios que profundicen la democracia y el multilateralismo en la Organización.
Es que el Consejo de Derechos Humanos, como instancia de la Organización de las Naciones Unidas, no está lejos de esos elementos que revelan la necesidad de profundizar la democracia y el multilateralismo en su seno.
La historia, relativamente reciente, cuando se crea este Consejo (15 de marzo de 2006) deja ver la posición, nada casual de Venezuela, Irán y Bielorrusia quienes salvaron sus votos, como presintiendo que sería un organismo con la justa medida para atacarles o intentar doblegarles sus posiciones independientes y soberanas.
Tampoco es casual que en 14 años, sea Venezuela uno de los países, si no el más, con mayor atención por parte del organismo y complementado con un tratamiento mediático muy profuso.
Comisionado solicitó a la Corte en 2018 que interviniera a Venezuela
Quienes aupaban acciones contra Venezuela desde el Consejo en 2006, difícilmente quedaron conformes con el Examen Periódico Universal (EPU), que examina la situación de los derechos humanos en los 193 estados miembros de la ONU.
Con la llegada del príncipe jordano Zeid Ra’ad Al Hussein como Alto Comisionado, el 1° de septiembre de 2014 aumentaron todos los ataques contra Venezuela.
No podía esperarse otra cosa, venía de ser uno de los voceros internacionales que abogaban por la liberación de Leopoldo López. Apenas asumió el cargo se reunió con Lilian Tintori esposa de este.-
En junio de 2018 esta instancia presidida por Zeid Ra’ad Al Hussein no sólo publicó, para entonces un tercer informe, referido a Venezuela y los Derechos Humanos, sino que el propio Alto Comisionado solicitó a la Corte Penal Internacional, intervenir a la nación petrolera.
Tal informe terminó siendo una actualización de otro publicado en 2017 y el complemento de uno de 2015.
Con la designación, el 1° de septiembre de 2018, de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, al cargo de Alto Comisionada de DD.HH, queda ratificado que quienes asuman esa instancia serán muy diligentes contra los países que no se alinean a las disposiciones de Washington.
En todo caso, cualquier señalamiento contra un país dócil a EE.UU, tendrá cero repercusiones en la mediática global.
Primer informe Bachelet fue un “copia y pega” de los anteriores
El primer informe firmado por Bachelet, en julio de 2019, terminó siendo altamente cuestionado tanto por el propio Gobierno venezolano, como en la propia sede del Organismo en Ginebra.
Precisamente ese documento fue tan anunciado, que representantes y trabajadores de varios países del Consejo, aseguraron que el texto estaba redactado días antes de la visita de la Alta Comisionada a Caracas.
Ese primer documento firmado por Bachelet instaba a “adoptar de inmediato medidas para detener y remediar graves violaciones…”.
Se trata de un informe anunciado, en el que resalta una violación a la verdad y una clara intención de concluirle el expediente de dictadura a la Patria de Bolívar. Igualmente se sostuvo en Ginebra, que se trataba de un texto elaborado por el mismo equipo de Zeid Ra’ad Al Hussein, a punto que algunos párrafos eran exactamente “copia y pega”.
El uso de los Derechos Humanos con fine políticos
Ya hasta aquí se puede concluir que se ha convertido en una práctica el uso y la instrumentalización de los DD.HH con fines políticos, y con ello armar las excusas para invadir y pisotear posiciones de pueblos soberanos.
El informe que emana de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela es el resultado de una resolución del 27 de septiembre de 2019 votada en plenaria del Consejo y rechazada con argumentos razonados por la cancillería venezolana.
Se trataba de un instrumento desconocido por Venezuela, urdido desde los países que integran el llamado Grupo de Lima, ejecutando la línea que imparte EE.UU a través a la OEA y de Luis Almagro.
Una misión independiente, paralela al Consejo, integrada por el abogado chileno Francisco Cox junto a la portuguesa Marta Valiñas y el escocés Paul Seils, se dispuso “indagar” si existen o no «ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes» en la Patria de Bolívar.
Es que el asunto de los DD.HH que se aborda contra el gobierno chavista ha sido recurrente en dos décadas. Se acepta, por convención, que el violador de los Derechos Humanos es el Estado.
La respuesta más pequeña contra quienes promuevan y/o actúen contra el Estado se asume como una violación de los Derechos Humanos.
Se puede citar como ejemplo, que una turba antichavista en plena vía pública, inclusive ante representantes de medios informativos, proceden rociar de gasolina a una persona y luego le dan fuego, esta persona se convierte en un número y su nombre ingresa a la lista de las víctimas a las que se les violentaron sus derechos.
La turba no le violó sus derechos, quien se los violó fue el Estado porque no le protegió.
Como se elabora un expediente de dictador
En principio, se apeló a ciertos vocablos, que servirían para elaborar algunos discursos contra las propuestas de cambios que el Bolivarianismo enarbolaba entonces.
Vocablos como: régimen, dictadura, dictador, narcoestado, robolución, terrorismo, tiranía, corrupción, entre otros.
A partir de allí estructuraron expresiones como: “el régimen tiránico de Venezuela”, “la tiranía corrupta de Venezuela”, el “narco estado venezolano, “el régimen promotor del terrorismo”, como ejemplos.
Entre vocablos y frases, el objeto es la elaboración de los citados expedientes.
Así, comunicacionalmente han intentado posicionar, nacional e internacionalmente, que en Venezuela está establecida una dictadura, corrupta y criminal. Igualmente que el Estado Venezolano está estructurado por capos de la droga, hasta afirmar que es un narcoestado.
Un promocionado, comentado, analizado y exprimido informe, gestionado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), a través de la Comisión de DD.HH y elaborado por un equipo privado, obviamente no tiene otro objetivo que pretender incidir en el mandato constitucional de elegir los diputados de una nueva legislatura (2021-2025).
Si se trata de elaborar un expediente contra la Revolución Bolivariana a partir de “Sistemáticas violaciones” de los DD.HH, ese expediente ya está hecho.
El reciente informe, “fuera” del seno del Consejo apunta a varios objetivos precisos:
- 1) Convertirlo en un elemento de ataque a unas elecciones parlamentarias, que por mandato constitucional deben realizarse en este 2020. Ya esto se ha dicho “juramentar una nueva legislatura el 5 de enero del 2021 volvería polvo un interinato, el cual ya es nada, porque no tiene asidero constitucional”.
- 2) Ampliar el expediente con el elemento de crímenes de lesa humanidad, que apunta a su no prescripción.
Falso concepto de crimen de lesa humanidad
Las referencias al concepto de crimen de lesa humanidad esbozado en el informe plantean una imprecisión que desnuda la intención parcializada y política de sus promotores. Los actos que pueden ser señalados como crímenes de lesa humanidad están precisos en el texto del Estatuto de Roma, referencia constitutiva de la Corte Penal Internacional.
Obviamente que el objetivo es hacer un expediente a largo plazo por la no prescripción de los crímenes de lesa humanidad. Así, busca estructurar un argumento pseudo-legal con intenciones penales contra el Presidente Maduro y sus ministros.
Con las mismas deficiencias de los informes de años anteriores se cita una larga lista eventos en los que actúan funcionarios del Estado a cuenta de la conflictividad política desde el año 2013.
Queda evidenciado en ese texto de intencionalidad política de asignar todas las responsabilidades al Gobierno y demás funcionarios.
Se cita como ejemplo la actuación del funcionario Oscar Pérez quien inapropiadamente sustrajo un helicóptero, sobrevoló varias partes la capital, particularmente sobre instituciones del Estado a las que disparó ráfagas de ametralladoras y arrojó granadas fragmentarias. Para nada el informe usa algún adjetivo a esta conducta, casi lo invisibiliza
Para el informe, parece entenderse así, que Oscar Pérez no es responsable de sus actos. La responsabilidad es de los funcionarios policiales que le permitieron ejecutar ciertas acciones.
A menos de tres meses de los comicios parlamentarios, no se espera un nuevo informe pero sí que nuevos actores pudieran salir a escena en busca de rematrizar frases y encabezados del texto, así como acciones de provocación que permitan justificar el documento de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.
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Ciudad VLC / William Hernández L.
