Medios de comunicación «venezolanos» financiados desde el exterior se muestran poco interesados en defender al país, en momentos donde se requiere redoblar esfuerzos para denunciar las acciones violatorias de los derechos humanos (DDHH) que han aplicado los Estados Unidos y sus aliados europeos contra la nación.
El pasado viernes, la relatora de los DDHH de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alena Douhan, quien visitó el país del 1º al 12 de febrero, presentó las conclusiones del informe preliminar sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los DDHH del pueblo venezolano.
El informe resume, entre otros aspectos, cómo las medidas aplicadas contra Venezuela, sus instituciones, sus recursos o activos retenidos en el extranjero, violan los derechos internacionales y violentan los derechos del país para responder a las necesidades urgentes de un pueblo que sufre las consecuencias del bloqueo.
Ante esto, un número importante de medios de comunicación «venezolanos» pretendieron tergiversar en sus publicaciones las conclusiones del informe preliminar, utilizando la desinformación apoyaron declaraciones intencionadamente manipuladoras e incluso algunos omitieron el hecho informativo bajo el pretexto de la «pluralidad u objetividad» que emplean para eludir el compromiso de atenerse a la realidad de los DDHH fuera de los aspectos políticos.
Es importante resaltar, que el dictamen de la Relatora Especial de la ONU, se dio a partir de las reuniones de la experta independiente con representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano; con los ministros de Relaciones Exteriores, Salud, Educación, Planificación, Economía, Finanzas, Petróleo, Minería, Alimentación, Educación, Mujer e Igualdad de Género, Vivienda, Trabajo Social, Ciencia y Tecnología, Transporte, Cultura y Pueblos Indígenas; el coordinador de los Comités de Producción y Abastecimiento Local (CLAP); el secretario general del Comité de Derechos Humanos; los presidentes de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y del Banco Central, así como el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
También presentaron sus observaciones en esta materia el secretario ejecutivo del ALBA; representantes de diversos partidos políticos de oposición y sindicatos; del sector privado representados por la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), miembros de la iglesia católica, organizaciones humanitarias nacionales e internacionales; y no gubernamentales que trabajan en los campos de salud, derechos humanos, protección de la niñez, mujeres y ancianos; así como personal médico; profesores; maestros; e investigadores independientes, además de las víctimas del bloqueo.
Douhan también se reunió con representantes del equipo de las Naciones Unidas en el país y de las embajadas acreditadas en el país para hacer las evaluaciones in situ.
Mientras la funcionaria de la ONU instó a levantar las sanciones, para ello realizó una detallada rueda de prensa en la que presentó las observaciones humanitarias que obedecen, por una parte, al propio propósito de su visita, y por la otra, a los análisis de las distintas visiones, experiencias y reflexiones presentadas por la amplia gama de interlocutores, algunos medios prefirieron dar amplia cobertura a las críticas al dictamen, sin estudiar o desglosar el contenido del documento preliminar.
Destacaron titulares adversos como los siguientes: «Borges: Reporte de la relatora ONU no concuerda con la realidad que viven los venezolanos» (La Patilla); «Es una vergüenza: Dip. Mendoza rechazó el informe de la relatora de la ONU sobre Venezuela» (Alberto Noticias); «Se prestó para la propaganda: Lo que dijo Pizarro sobre declaraciones de relatora de la ONU»(Caraota Digital); Borges a la relatora de la ONU: «No reproduzca el discurso de Maduro de culpar a las sanciones» (Runrun.es); Acceso a la Justicia: informe «deprimente» de la relatora de la ONU (Radio Fe y Alegría); «Lamentamos que se preste para la narrativa que excusa al régimen de su responsabilidad»: Pizarro fustigó a relatora especial de la ONU por su informe (Maduradas), entre otros.
Por su parte, el director de El Pitazo, César Batiz publicó este lunes un artículo de opinión sobre la visita de de la relatora. En su conclusión asegura: «Aunque el informe preliminar de Douhan provoque indignación, el texto debe servir para reconocer que un gobierno como el de Maduro necesita de terceros para que le enmiende la plana en materia de DDHH, lo que también significa que a su gestión le quedan pocos argumentos (…) «.
Si bien la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza en su artículo 57 el derecho a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, el 130 de la CRBV señala que “los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación «.
Por su parte, el Código Ética del Periodista venezolano establece en su capítulo II, artículo 7, de los deberes del periodista con el pueblo, que «el periodista está en la obligación de defender la nacionalidad (…)»; mientras el 8, señala que el profesional de la comunicación no deberá «deformar, falsear, tergiversar y elaborar materiales informativos, impresos o audiovisuales, cuya divulgación o publicación resulte denigrante para la condición humana».
Vale recordar que mucho de estos medios se encuentran además violando el aparte 20 que señala que los periodistas deben rechazar las contribuciones tanto privadas como públicas «dirigidas a interferir o influenciar su labor informativa. La búsqueda de ventajas personales, en perjuicio del interés colectivo, es incompatible con el ejercicio del periodismo», dictamina el código.
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Ciudad VLC / AVN
