#Opinión: “Adultos mayores y nueva ley de protección social” por José Ramón Rodríguez

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La vejez en las políticas públicas de los distintos gobiernos y Estados Nacionales ha estado influenciada por toda una serie de concepciones retrogradas y conservadoras sobre la ancianidad y el proceso biológico que cumple en la vida de la población mundial. En tal sentido, una visión neta y satisfactoria del adulto mayor en valores y creencias supone la superación cultural de prejuicios a superar, el entendimiento de la vejez como etapa final, donde irremediablemente esperar el fin como fase biológica de la existencia es la normativa social.

Empiezan las interrogantes, ¿Qué es ser viejo?, es sinónimo de enfermedad, de exclusión y segregación de la vida activa, hay un imaginario social horrorizado por el espectro de la vejez, de la propia vejez, ¿será cierto que todo lo sólido se desvanece en el aire?.

A mediados del siglo XX los gobiernos y nacientes organizaciones supra nacionales empiezan a deliberar sobre la “explosión demográfica” y todo el impacto en la población mundial, sobre todo los procesos de envejecimiento y su conectividad con la fuerza de trabajo mundial, ya que ameritaba una política de salud y servicios sociales en una agenda de seguridad social, en especial para los países de América Latina y el Caribe, cómo desarrollarlos en un contexto social humanizado, cuales condiciones materiales de vida sensata iban a prestarle los regímenes políticos de democracia liberal, el Estado del Bienestar, y los esquemas neoliberales y la regulación capital-trabajo; las constantes luchas de los trabajadores y otros sectores asalariados en las distintas economías de mercado, requerían propuestas del proceso social del trabajo, envejecimiento, seguridad económica y entorno favorable forman parte de la agenda de los movimientos y sindicatos clasistas, salarios justos, sistema de jubilaciones y pensiones sostenibles al desarrollo humano.

De acuerdo al informe de laboral de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la CEPAL (Comisión económica para América Latina) entre 2015 y 2050 la población mundial de más de 60 años tendrá un crecimiento de 900 a 2.000 millones, un aumento del 12% al 22%, por tal motivo las política de seguridad pública integral estarían obligadas a planificar la atención a esta franja de hombres y mujeres, dándole repuesta al llamado “efecto cascada” que supone la jubilación y pase a retiro de la actividad laboral establecida, el envejecimiento biológico, y sus efectos sociales, psicológicos y culturales. En fin, se trata de evitar este resultado, asumiendo las limitaciones biológicas con la más alta convivencia de realización, arrancarle al capitalismo y sus expresiones de gobiernos políticos un sistema de retiro y pensiones digno, un objetivo a conquistar.

 

Metaderecho fundamental, el derecho a tener derechos

El proyecto de Ley orgánica para la Protección y Atención de las Adultas y Adultos Mayores, discutido en primera discusión de la Asamblea Nacional, siendo aprobado en esta primera discusión de marzo 2021, es propuesta de Ley que reivindica, los convenios, convenciones y acuerdos internacionales acerca del bienestar y protección de las personas mayores, aventajado de los 21 países que conforman a Latinoamérica y el Caribe, Venezuela  ha implementado un sistema de protección jurídica entre los protocolos del Derecho Internacional y el Derecho internos de los países.

La reivindicación de un “metaderecho fundamental, el derecho a tener derechos” (De Sousa Santos 2003) se viene dando en un compendio de leyes que necesariamente tienen que dotarse de un mecanismo de estructura política y jurídica con características propias, que esté reforzado por un instrumento jurídico de rango interpretativo mayor: la Constitución de 1999. Como propuesta política jurídica para reivindicar a la población de adultos y adultas mayores, que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para 2018 registraba una población de 3.000.921 ciudadanos (as) entre los 55 y 95 años de edad, aproximadamente un 9,5% de venezolanos. Dicha propuesta se enmarca dentro de los valores y fines fundamentales del proceso político venezolano y su ordenamiento jurídico. En definitiva, correlacionar un envejecimiento con activismo y protagonismo social, el respeto a la diversidad del adulto mayor, así como el desarrollo de la solidaridad intergeneracional es un salto cualitativo como proyecto de país.

Otros espacios en el debate público nos preocupan y no están tan claros, dándole todo el reconocimiento a esta Ley de protección para los adultos mayores. ¿Cómo regir un nuevo orden normativo y hacerlo cumplir con todas las prerrogativas legales?, se estará deconstruyendo el derecho capitalista que impera en las relaciones sociales de producción, transformar el papel que el Derecho como mecanismo de dominación ha jugado tiene como punto de partida la socialización institucional de la justicia donde los trabajadores y el movimiento popular sean columnas de soporte y protagonismo. Este debate sigue abierto para los distintos sectores de los trabajadores y de la izquierda revolucionaria, ¿cómo construir y avanzar a un consolidado Estado de Derecho de democracia directa y protagónica?

 

José Ramón Rodríguez

Entre Luces y Sombras. Naguanagua 18-05-2021.