El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió habilitar para ejercer cargos públicos al ex gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez; el ex parlamentario, Richard Mardo y el ex alcalde del municipio San Cristóbal del estado Táchira, Daniel Ceballos quienes ejercieron distintos recursos contra sus inhabilitaciones.
En noviembre, Noruega, país facilitador en las negociaciones entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición, divulgó un procedimiento acordado por las partes para la revisión de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.
El mecanismo establece que “cada persona inhabilitada” podría ejercer un recurso entre el 1 y el 15 de diciembre contra la medida ante TSJ, que “se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado”.
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Tras la firma del acuerdo en Barbados, el gobierno de EEUU emitió licencias generales que autorizan “temporalmente”, algunas transacciones que involucran al sector de la industria petrolera venezolana, pero advirtió que las medidas serían revertidas “si no se cumplen los compromisos estipulados”, entre ellos el levantamiento de inhabilitaciones y la liberación de presos políticos.
A finales del mes pasado, el gobierno de Estados Unidos liberó a Alex Saab, un cercano aliado del presidente Nicolás Maduro, como parte de un intercambio por ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela. Unos 30 venezolanos considerados presos políticos también fueron excarcelados.
En horas recientes el gobierno de EEUU ha expresado preocupación por los actos de persecución política por parte del gobierno contra la disidencia, y advirtió que las acciones contra el acuerdo de Barbados «tendrán consecuencias».
Distintos sectores de la sociedad civil han denunciado que las inhabilitaciones son “arbitrarias” y que han sido utilizadas por el gobierno para “sacar de juego” a opositores o chavistas disidentes que aspiran a un cargo de elección popular.
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Ciudad Valencia/Voz de América
