Uno diría que la crisis política en Perú lleva un par de meses, desde que Pedro Castillo fue destituido y, en consecuencia, arrestado. Pero no, la situación peruana, la arrebatadora crisis que ha convertido al antiguo virreinato en un país que no soporta un periodo presidencial, tiene décadas.
Esto comenzó cuando Alberto Fujimori, fue electo presidente de Perú, en 1990, cuando el pueblo peruano lo prefirió en segunda vuelta frente al escritor Mario Vargas Llosa. La verdad que tampoco es que tenían mucha cosa buena para elegir.
A los dos años de ser electo y luego de lo que se llamó el “Fujishock”, por el cual se implementaron medidas neoliberales drásticas impuestas por el FMI y otros organismos financieros internacionales, Alberto Fujimori, con apoyo del ejército y sectores elitistas y radicales de la sociedad, da un autogolpe de Estado, disuelve el Congreso y, en 1993, impulsa la Constitución aún vigente que establece una especie de maridaje político entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo que, a nuestro entender, es lo que ha creado un efecto de ingobernabilidad, que en la última década ha visto ascender y desaparecer más de media docena de presidentes, y cuya última víctima ha sido Castillo y ha desembocado en esta situación que actualmente vive Perú.
Pero hoy, luego de la destitución y detención de Pedro Castillo, se han levantado protestas populares, iniciadas en la zona sur del Perú, en la cual se hace más fuerte la presencia del expresidente, y que ha sido la más desfavorecida económicamente. Estas protestas han venido incrementándose y expandiéndose por todo el territorio peruano y han sido implacablemente reprimidas por el gobierno de Dina Boluarte, quien se ha convertido en el títere más avieso que tiene la oligarquía peruana para someter un levantamiento popular que no tiene visos de ir disminuyendo y que ha dejado a cerca de 50 personas asesinadas por la fuerza pública, bien sea la policía o el ejército.
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Ante esta situación, el Congreso del Perú acaba de poner un paño de agua tibia a la situación. Se aprobó la eliminación de que el gabinete de ministros reciba el voto de confianza parlamentario para ejercer funciones. Esta aprobación forma parte de los constantes conflictos políticos que traban la gestión pública en Perú, pues genera una camisa de fuerza que suele ser aflojada con prebendas para que los diputados den su voto de confianza, y también es usada por estos como arma de chantaje contra el Ejecutivo, lo que, como decíamos, ha causado innumerables catástrofes políticas, la última con las protestas y muertes que hemos relatado.
No obstante, los campesinos siguen avanzando hacia Lima, grandes masas humanas, en este caso las siempre más oprimidas, han tomado rumbo a la capital, han alborotado hasta los cimientos a la clase oligárquica peruana, heredera de virreyes y de traidores.
La verdad es que parece que Perú se aviene a un proceso muy delicado. El pueblo se está levantando y los políticos se aferran a su poder. Pedro Castillo, a pesar de sus errores, parece que se ha convertido en la excusa perfecta para abrir los ojos del Perú. Ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos.
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Fernando Guevara Herrera (Valencia, Venezuela, 1967) es abogado egresado de la Universidad de Carabobo en 1995. Tiene especialización en Gerencia Pública, actualmente realizando tesis de especialización en Educación Superior en la Universidad José Antonio Páez (UJAP) y en el doctorado en Educación UPEL, núcleo El Mácaro. Tiene curso de especialización en Marco Jurídico de la Cooperación Cultural Iberoamericana, Universitat de Barcelona, España. Beca del Ministerio de la Cultura de España.
Fue Jefe de Extensión Cultural y Recursos Humanos de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Consultor Jurídico del Centro Nacional de Historia, del Archivo General de la Nación y del Complejo Editorial Batalla de Carabobo (Cebac); Registrador Público de los municipios Naguanagua y San Diego de Carabobo. Auditor Interno de FUNDADEPORTE y Sub Director del Museo de Arte Valencia (MUVA). Es también profesor de la UJAP y locutor desde 1990.
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