Cuando un Mandato del Consejo de Derechos Humanos se convierte en un FRAUDE A LA LEY INTERNACIONAL y sus autores en reos del delito de PERJURIO.
No había leído algo tan horroroso e inaudito como ese informe de tres personas que recibieron un Mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para investigar, corroborar e informar sobre la situación de cuatro modalidades o supuestos de violación a los Derechos Humanos, suscitados en nuestro País.
Cómo es que admiten, en el inicio de su cuestionable informe, que nunca salieron de sus países de orígenes para visitar a Venezuela que, además, probablemente nunca tuvieron el chance de reunirse para discutir absolutamente nada, pero lo que es peor aún, terminaron delegando en 12 panameños la tarea que investigar, examinar y comprobar a » control remoto» desde Panamá a Venezuela.
Por supuesto, no solo no se sabe quién les acordó el Mandato ni que criterio se usó para su escogencia y mucho menos si esas personas panameñas contaban con las calificaciones, competencias, idoneidad suficiente para hacer una investigación independiente.
El voluminoso informe, hecho por cierto en tiempo récord, está constituido por una fraudulenta compilación de copia y pega de un numeroso dossier de hechos parcialmente ciertos, pero descontextualizado de sus causas y efectos, constituidos por denuncias cuya veracidad no cumplen con los estándares y protocolos forenses de investigación de crímenes, como los delitos de Lesa Humanidad, que en opinión de los «ausentes expertos» no pudieron corroborar, sin embargo, validan bajo el ardid de la confidencialidad y el anonimato.
Aún, bajo la omisión de no haber materialmente visto, oído, ni constatado ningún hecho concreto, se atreven a dar por ciertos y válidos una sucesión de infundios, mentiras, hechos y señalamientos repetidos, cuya autoría no les interesó investigar cómo los efectos y consecuencias que generó al País la desafiante operación terrorista denominada La Salida, cuyo autor intelectual es el prófugo de la Justicia: Leopoldo López.
Lo insólito es que el tristemente célebre triunvirato de desconocidos expertos, aunque admiten haber cursado cartas pidiendo información o revisión del supuesto proyecto de evidente sesgo político, en los primeros días de mes de septiembre, resultó que el Memorándum de Acusaciones y señalamientos graves que se le hizo al Estado Venezolano e incluso a las altas autoridades, a quienes señalan sin pruebas ni evidencias alguna de ser autores intelectuales de esos crímenes de LESA HUMANIDAD, ya estaba listo y confeccionado y como tal fue divulgado planetariamente con una sola y lógica finalidad: Justificar una intervención Militar, bajo la acomodaticia lógica imperialista de los EEUU y la OTAN, por razones humanitarias, y aprobada en la funesta gestión del desaparecido Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan y que se le denominó «La responsabilidad de Proteger».
Por si fueran pocas las graves falencias e irregularidades del forjado texto al que se contrae ese INFORME, la misión no cumplió con los extremos previos y mínimos para su constitución formal y mucho menos para ejecutar la investigación encomendada en los términos y condiciones que compete en el marco de las relaciones internacionales y los Tratados, Pactos y Resoluciones que regulan esas Misiones In Loco.
Terminó delegando en un improvisado equipo de empresas y lobbystas panameños para suplir un trabajo cuya competencia recaía en esos fraudulentos expertos, como por cierto había ocurrido no por casualidad con el anterior Informe de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU la Sra. Bachelett, quien también contrató, a un costo desconocido, la elaboración de un cuestionado informe lleno de inexactitudes a un equipo de panameños.
Lo otro, es que esas misiones no pueden ni deben REVELAR el contenido de esos informes públicamente porque se supone que el mismo deberá ser debatido en el marco de la Cuadragésimo Quinta Sesiones del Consejo de Derechos de la ONU, cuya cita virtual se efectúa entre el 14 de septiembre y el 02 de octubre de 2020, y mucho menos cuando el mencionado INFORME no es sino un cartapacio repetido de informaciones, no verificadas y de dudosa veracidad, que se ha posesionado como matriz para acusar al Gobierno de Nicolás Maduro, como responsable directos de crímenes de LESA HUMANIDAD y seguramente forzar una medida Internacional de aprehensión, por parte de la Corte Penal Internacional, donde cursan varias denuncias en su contra.
Una evidencia de que ese INFORME no debe siquiera leerse y mucho menos tenerse como válido es que además de admitir sin vergüenza ni pudor algunos que, aunque hubiesen tenido todas las intenciones de ingresar al País, para cumplir su misión, no habrían podido hacerlo porque los innumerables aeropuertos del mundo cerraron sus vuelos internacionales, lo que hacía materialmente imposible cumplir su cometido.
Es decir, es público, notorio y comunicacional que hubo una razón de FUERZA MAYOR que les impedía cumplir al pie de la letra con la misión; lo que debió, en sano y ético juicio, excusarse de no haber cumplido con esa tarea.
Pero, en vez de justificar esa razón prefirieron entregar a unas empresas, compuestas por mercenarios de la comunicación, la infausta labor de construir todo un legajo de acusaciones sin pruebas ni evidencias, que aspiro, sean debidamente IMPUGNADAS, no solo por violar las reglas determinantes de esas misiones o mandatos, sino por presentar, como ciertos, hechos que ellos mismos admitieron no haber logrado COMPROBAR.
Un ejemplo del IMPÚDICO contenido y la desvergonzada admisión de presentar algo no verosímil fue citar, como fuente de ese condenable informe, al General Cristopher Figuera, fugitivo de la Justicia Venezolana, quien huyó del País y fue acogido por los Estados Unidos después de haber protagonizado, con Leopoldo López, Juan Guaidó y otros dirigentes opositores, un frustrado golpe de Estado.
Lo grotesco es que los infelices miembros de la Misión reconocen que las declaraciones y acusaciones, hechas por el ex director del Sebin, podrían estar motivadas por el manifiesto enfrentamiento que el alto oficial propició en Venezuela el pasado 30 de abril de 2019.
Increíble pero cierto, con esa desfachatez de saber que la opinión de Figuera carecía del más mínimo valor probatorio, porque en el mejor de los casos, se trataba de una confesión de un criminal que intenta excusarse, acusando de criminal a otros, con lo cual denotaba la manifiesta intención de NO DECIR LA VERDAD, y, sin embargo, lo asumieron como FUENTE VALIDA.
A confesión de parte relevo de prueba, reza un viejo aforismo jurídico, y por eso es necesario preguntarse si materialmente no hubo ni aún hay condiciones mínimas adecuadas para cumplir ese Mandato que hace apenas unos días pudieron tener listo y lleno de informaciones elaboradas con la falta de pruebas firmes, verificables y fidedignas por no haber podido venir al País a investigar y examinar los hechos para emitir un informe tan extenso (400 págs) lleno de citas, denuncias, notas periodísticas, y cuánto acusaciones fueron formuladas en contra del Estado y sus autoridades por parte de individuos, ONG,s, fundaciones fantasmas, medios privados, opositores políticos y grupos de opinión, que por supuesto, debió suponer por elemental deducción un mínimo de sesgo y ausencia de imparcialidad para otorgársele nivel de veracidad probatoria.
La necesidad de enlodar la gestión de un líder como Nicolás Maduro, de un pequeño pero heroico País como Venezuela, que se resiste a ceder sus derechos a seguir siendo una Nación Independiente, libre y soberana, es la verdadera razón que hizo que esta infausta misión presentara un adefesio de informaciones fraudulentas, carentes de valor alguno como se colige de la propia confesión de sus autores.
Que en un Foro Internacional de esa rango planetario debería, no solo ser objeto del más categórico y radical repudio, sino del despido inmediato de los penosos y vergonzantes servicios no cumplidos, pero además, por tratar de presentar como CIERTOS unos hechos que admiten no poder COMPROBAR, debería ordenarse ipso facto la apertura de una averiguación administrativa y disciplinaria al funcionario que los escogió y designó y a todos ordenársele una INVESTIGACION PENAL, por encontrarse incursos en el DELITO DE FALSA ATESTACION y PERJUICIO ante un cuerpo Internacional.
Fraude a la Ley Internacional Por Ignacio Ramírez Romero
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Abog. Ignacio Ramírez Romero
Msc Relaciones Internacionales
1er Suplente de la Defensa Pública de Venezuela.
