La visita del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) a Venezuela tenía un propósito que fue expuesto en la anterior reunión con autoridades de los poderes públicos nacionales en marzo pasado: la idea de profundizar en el intercambio interinstitucional en materia de justicia.

Por ello, el Memorando de Entendimiento suscrito por el presidente Nicolás Maduro y Karim Khan el pasado viernes 9 de junio, que sigue al firmado en marzo pasado en Caracas, asegura el establecimiento de una oficina técnica de la Fiscalía de la CPI en territorio venezolano. El fiscal precisó: «Ahora vamos a poder venir más a menudo a Venezuela y trabajar de manera más cercana, de manera que podamos ayudar a Venezuela con la asistencia técnica».

La asesoría técnica, de acuerdo con Khan, permitirá que Venezuela «pueda hacer más para cumplir sus obligaciones en el marco del Estatuto de Roma«, instrumento constitutivo de la CPI de la cual la República Bolivariana es signataria. Los especialistas de la Fiscalía de dicha institución estarían en capacidad de «ayudar en las reformas judiciales que Venezuela quiere poner en práctica para garantizar que haya más justicia, más responsabilidad y paz sostenible».

El mismo Jefe de Estado venezolano señaló que la instalación de la oficina de la CPI tendrá un impacto favorable en el contexto de la complementariedad positiva, fundamentada en el Estatuto de Roma, para «el fortalecimiento de los procesos de reforma y de cambios necesarios del sistema nacional de justicia de Venezuela».

Desde que se instalara una nueva composición de la Asamblea Nacional (AN) a través de elecciones en 2020, uno de los objetivos del parlamento ha consistido en una «revolución judicial» que lleva a cabo una serie de reformas jurídicas a las legislación que tienen que ver con los poderes Judicial y Ciudadano, a cargo de los mecanismos y herramientas punitivas en el país.

Con el ánimo de mejorar las condiciones de los procesos judiciales, de las leyes al respecto y del funcionamiento del sistema judicial, la AN ha hecho reformas legislativas en ese sentido, y ahora el papel de la CPI consistiría en robustecer lo hecho y por hacer de acuerdo a ciertos estándares constitutivos del Estatuto de Roma.

Esto último justifica la inauguración de la oficina de la Corte, con el aval del presidente Maduro, quien no dudó en afirmar que «seguiremos ampliando los mecanismos de trabajo con esta instancia».

 

 

La oficina no tendría una relación directa con la investigación del caso Venezuela I, abierta en noviembre de 2021, ni con el examen preliminar sobre el caso Venezuela II.

Más bien, propone un marco de trabajo con programas como la formación de profesionales y actores principales en materia de justicia, así como los pasos para acercar la experiencia de la Fiscalía de la CPI «a la importante, aunque modesta, experiencia de Venezuela en el desarrollo y construcción de un Estado de derecho, de justicia y democrático que garantice el pleno disfrute de los derechos humanos», dijo Khan durante la firma del documento jurídico con el presidente venezolano.

El funcionario, en una declaración publicada el 13 de junio, explicó que «en virtud de este Memorándum de Entendimiento podremos incrementar la escala y el efecto de nuestra presencia sobre el terreno en Venezuela, ampliar los puntos de conexión entre los trabajos nacionales y nuestra propia labor, y procurar identificar y dar apoyo a los esfuerzos significativos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacionales».

Con el Estatuto de Roma como eje, se espera que opere el «principio de complementariedad» en el intercambio de conocimientos y práctica en la esfera de la justicia entre el Estado venezolano y la Fiscalía de la CPI.

En una entrevista en el medio privado Venevisión, el fiscal general Tarek W. Saab explicó que la relación «es de formación, de asesoría técnica, de unidad interinstitucional».

 

 

De acuerdo con la declaración de Khan, el presidente Maduro ve esta colaboración como «una oportunidad» para mejorar las condiciones de rendición de cuentas en materia judicial. Las reuniones que tuvo el fiscal con representantes de los poderes legislativo y ciudadano auspiciadas por el ejecutivo confirman esta versión, en el entendido de que el acuerdo contempla la elaboración de políticas públicas en el área pertinente y para ello se necesita de una cooperación interinstitucional a lo interno del Estado y en comunicación permanente con la CPI.

También, Khan dio información sobre las «dos vías de actividades» que plantea su oficina en Venezuela:

«A medida que esperamos con interés el aumento de nuestra participación en Venezuela, mi Fiscalía sigue comprometida a aprovechar todas las vías para afianzar la rendición de cuentas por los crímenes del Estatuto de Roma. En la sala, mi Fiscalía continuará afirmando su jurisdicción hasta que alcancemos la opinión de que Venezuela puede poner en ejecución sus obligaciones con efectividad. En nuestra cooperación con las autoridades nacionales de Venezuela, continuaremos profundizando nuestra colaboración con el fin de fortalecer las bases para una acción interna significativa. El establecimiento de una oficina en Caracas acelerará esta labor».

Es decir, mientras la investigación del caso Venezuela I se lleva a cabo (la cual fue solicitada a la Sala de Cuestiones Preliminares para continuar, luego de que quedara en suspenso por demanda de Caracas), el Estado venezolano amoldaría su sistema judicial de acuerdo con las sugerencias de la Fiscalía de la CPI y llevaría a cabo procesos de justicia sobre individuos señalados directamente por crímenes referidos a ese y otros casos pertinentes, como ha sucedido con agentes policiales y militares en los últimos años. Nada más en 2022, informó el fiscal general Saab en octubre del año pasado, fueron imputados «533 funcionarios y 20 colaboradores particulares por violaciones a los derechos humanos».

Si bien Venezuela pretende mejorar su sistema judicial, no espera que una entidad transnacional lo haga por ella. El terreno en el que se mueve la Fiscalía de la CPI se encuentra delimitado por las capacidades del Estado de hacer justicia propia, sin embargo, también está mediado a lo interno del país por su comunicación constante con actores de la llamada sociedad civil, entre ellos organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras instancias que han politizado sus labores en detrimento de los intereses estatales.

 

 

Por ejemplo, en un tuit publicado el 9 de junio, Provea adujo que las organizaciones como esta misma «son socios necesarios para establecer responsabilidades en los crímenes de lesa humanidad», en un afán por reemplazar las funciones propias de las instituciones públicas pertinentes en la materia. Esa ONG ha tenido participaciones estelares en la defensa de operadores en el terreno de crímenes (políticos, económicos, etc.) contra la estabilidad de la nación bajo el escudo retórico de los derechos humanos, y ha insistido en la judicialización de Venezuela en instancias internacionales, como la propia CPI y en el marco de las instituciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En todo caso, la cooperación entre las autoridades venezolanas y la oficina del Fiscal de la Corte debería estar fundamentada en elementos oficiales, plenamente institucionales, que determinen los procesos a llevar a cabo, sea en materia legislativa, judicial o netamente punitiva. Si la coordinación queda intercedida por la participación de ONG y portavoces de agendas políticas asociadas con aquellas, como ocurre con el caso de Provea, la relación interinstitucional entre Venezuela y la CPI puede marchitarse por intromisión en asuntos sin competencia.

Tanto la organización que mencionamos como en medios y vocerías políticas han llegado a la conclusión de que el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad, aun cuando no existen pruebas contundentes que pudieran llevar a dicho corolario; ni siquiera la CPI lo ha deducido y sin embargo las sentencias campean en esa línea dentro del circuito de organizaciones y grupos identificados con las oposiciones. La calumnia es una carta común en nuestro país, izada a la bandera de los derechos humanos.

 

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La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) de la ONU es otra entidad que trabajará de la mano con el fiscal Khan en torno a Venezuela. También hay un trabajo de cooperación y coordinación entre la OACDH y el Estado venezolano, a tal punto que, en su reporte de 2022 publicado en marzo pasado en torno a su trabajo en Venezuela, la ONU afirma que «se contribuyó a mejorar las capacidades institucionales para su promoción y protección, incluidas las de seguimiento a las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas», con una contribución significativa.

Que tanto la Fiscalía de la CPI como la OACDH de la ONU trabajen de manera conjunta y en coordinación con las instituciones venezolanas en el país está conforme a lo estipulado en los planes del Gobierno Bolivariano para el reposicionamiento de Venezuela en las plataformas multilaterales de las que forma parte, luego de un lustro de intento por aislarla y minar su participación en la comunidad internacional.

Visto así, la instalación de la oficina dirigida por el fiscal Karim Khan es otra movida que, además de repercutir directamente en la dinámica nacional de las instituciones del área legislativa-judicial, afianza el blindaje del presidente Maduro en el tablero de las relaciones internacionales con miras a la cooperación multilateral de Venezuela en varios campos, en un mundo que está experimentando intensos movimientos tectónicos en lo geopolítico y en la gran arquitectura global de la economía.

 

Ciudad Valencia / Fuente Misión Verdad