Luego de la detención de Julian Assange, Wikileaks cumplió su promesa y liberó miles de archivos clasificados, uno de ellos sobre el papel de Washington para dar luz verde al tráfico ilegal de armas en México mediante su operativo conocido con su nombre clave Rápido y Furioso. Gracias a éste circulan en el país más de 2 mil fusiles de alto calibre sin control.
Y es que este operativo fallido solo impulsó el tráfico de armas en vez de frenarlo. Sin embargo, ante los malos resultados en el control de armamentos, el gobierno estadounidense terminó responsabilizando a las autoridades mexicanas por su incompetencia.
El escándalo, que también fue denominado las ‘armas caminantes’ se produjo cuando el gobierno estadounidense estableció un plan -rápido y furioso- para dejar pasar ‘entregas controladas’ de armas (similares a las que se hacen con alijos de drogas) desde EEUU hacia México.
El objetivo de este plan era rastrear la ruta que siguen las armas desde los proveedores en la frontera hasta el usuario en la delincuencia organizada. Pero todo quedó en intenciones, pues el plan nunca funcionó.
Hasta hoy no ha logrado presentar un solo caso de identificación de traficantes de armas, un episodio de intercepción de armamento contrabandeado o información sobre el origen de los cargamentos ilegales o su destino en territorio mexicano.
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Reclamo y temor mexicano
Según consta en cables de la embajada estadounidense contenidos en el archivo de Wikileaks, el gobierno mexicano reclamó reiteradamente durante los primeros años lo peligroso que era dejar pasar miles de armas desde EEUU hacia México sin ningún control aparente. Hoy, gracias a la Operación Rápido y Furioso, esas miles de armas están en poder de los carteles de la droga y la delincuencia organizada de México.
Al igual que en la operación Rápido y Furioso ejecutada en México, los miles de archivos desclasificados por Wikileaks demuestran los intereses intervencionistas de los Estados Unidos en prácticamente todos los países del planeta.
Armas a domicilio
En septiembre de 2010, una alerta policiaca informó a la ATF (agencia para el control de armas de EEUU) que en siete tiendas de armas en Phoenix, Arizona, se habían detectado compras irregulares.
Un hombre identificado como Jaime Ávila –que resultó ser prestanombres de los verdaderos compradores– estaba adquiriendo fusiles de asalto tipo militar en grandes cantidades y pagando al contado, incluso con billetes que portaba en grandes bolsas de papel. En ese entonces, la ATF ordenó a sus agentes no actuar y dejar pasar los cargamentos para rastrear el destino, pero nunca se supo a dónde fueron a parar estos fusiles.
Los fusiles eran contrabandeados en los puntos de las aduanas que, según la promesa hecha al gobierno mexicano, se encontraban controlados. La orden, que no se sabe aún qué tan alto se originó ni si contaba con el conocimiento del gobierno de México, pasó por encima de la opinión adversa de varios agentes, entre ellos la de Darren Gil, ex delegado de la ATF en la embajada estadounidense en México.
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Mary Pacheco / Ciudad VLC / Con información de LNR