El juez Sergio Moro es conocido por ser el principal operador del lawfare brasileño Lava Jato, cuya principal consecuencia política fue la condena de expresidente Lula da Silva en 2017 por unos cargos que, para ese momento, se encontraban en tela de juicio por las irregularidades en las evidencias y que, hace unos días, cinco años después, dos hechos terminaron de catapultar esos cuestionamientos: la anulación de los cargos contra Lula y el dictamen del Supremo Tribunal Federal (STF) sobre la parcialidad de Moro en ese caso.
Respecto al fallo del STF, Moro ahora se someterá a una investigación completa para determinar su falta de objetividad en el juicio que perjudicó a Lula, tomando en cuenta también que su detención indica que fue planeada para la temporada de elecciones que abrieron paso a la elección de Jair Bolsonaro.
En respuesta, Moro manifestó que todas sus sentencias estaban fundamentadas y que fue elogiado internacionalmente. Esto último es cierto, porque todo el aparataje mediático acompañó a Moro en el proceso de lawfare, apareciendo incluso en la revista Time casi como una súperestrella del fútbol profesional.
Un lawfare toma sentido siempre y cuando se apoye de la masa corporativa mediática con el fin de posicionar la narrativa del desprestigio a largo plazo, socavando la imagen política del objetivo en el imaginario social y, por mampuesto, institucional. El cataclismo político que vive Brasil en la actualidad tiene al Lava Jato como punto de partida.
Cuáles piezas se movieron en el tablero del dictamen
- El juicio en defensa de Lula. Proceso que inició en 2018, el mismo año que fue designado Sergio Moro como ministro de Justicia en el gobierno de Bolsonaro. Los abogados de Lula entregaron diversas evidencias que comprobaban la parcialidad de Moro en la causa del triplex de Guarujá, supuesta residencia de lujo adjudicada a Lula por parte de Odebretch.
- Evidencias. Entre las evidencias de los abogados de Lula, se planteó el proceso ilegal de las escuchas telefónicas y la conducción coercitiva para testificar en 2016 sin que Lula hubiera sido citado previamente.
- Votación. El resultado de la sentencia del Segundo Panel del STF, conformado por cinco ministros, fue 3-2 a favor de la tesis de que Moro estaba resuelto a condenar a Lula en el caso del triplex de Guarujá. Para 2018, los juristas Edson Fachin y Cármen Lúcia Antunes votaron en contra de las sospechas de Moro. Sin embargo, Antunes en el actual dictamen cambió su voto, y señaló sus justificaciones a la mencionada sospecha, causando un viraje en el caso.
- Justificaciones de Carmen Lúcia Antunes: la jurista enumeró sus argumentos, explicando que:
- Moro envió a la Policía Federal para allanar la residencia de Lula, esto contó con un despliegue mediático inigualable de la mano de TV Globo, otros canales internacionales y una perfecta sincronía en los titulares de periódicos brasileños. Antunes hace referencia a este hecho, ya que se creó un espectáculo mediático sobre el testimonio de Lula en 2016, que iba a presentarse de manera voluntaria a dar sus declaraciones por el caso del triplex de Guarujá.
- Moro ordenó escuchas telefónicas ilegales a Lula, a su equipo de defensa, abogados, y a sus familiares. Y cabe recordar, en pleno impeachment contra Dilma Rousseff en 2016, Moro coordina la divulgación de conversaciones telefónicas entre Dilma y Lula, generando una extensa polémica que nutrió más aún el caldo de cultivo para neutralizar a estos importantes líderes políticos. Este delito habría resultado en la inhabilitación inmediata de cualquier juez.
- Antunes puntualizó que se seleccionaron conversaciones o segmentos de conversaciones que eran intervenidas ilegalmente con el fin de filtrarlas a los medios de comunicación durante el juicio y así difamar y dañar la reputación de Lula. Este caso se comprobó cuando Walter Delgatti hackeó chats privados sobre el complot de fiscales con Sergio Moro para forzar la detención de Lula.
- Antunes comenta también la selección de testimonios, específicamente, con el escándalo del ex ministro Antonio Palocci en contra del entonces candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Este hecho terminó sellando la victoria de Bolsonaro en 2018, cuando TV Globo lo publicó una semana antes de las elecciones.
Cabe señalar que para 2019, los mensajes hackeados por Delgatti que fracturaban la estructura del Lava Jato, se divulgaron por el medio digital The Intercept de la mano de Glenn Greenwald, no obstante eso no condicionó de inmediato al proceso de Lava Jato, pero sí se llevó a cabo la incorporación de Moro al equipo de Bolsonaro, al ser designado ministro de Justicia.
El interés capitalista de EEUU por delante
Previo a dar sus cuatro argumentos, Antunes expresó:
«En este caso, lo que se está discutiendo básicamente es algo que es fundamental para mí: todos tienen derecho a un juicio justo y al debido proceso y a la imparcialidad del juez».
Es evidente que la manipulación de las evidencias que condujo Moro en el juicio contra Lula, además del uso de los medios de comunicación, que en el contexto político, lo mínimo indicaría a proceder apartarlo de la contienda electoral, tenía como objetivo manchar la imagen pública de los líderes del PT y librar el camino para que Bolsonaro llegara al poder.
Sergio Moro fue un operador en ese entramado de golpe e injerencia política, y detrás de él existen grandes fuerzas que requerían poner a jugar sus fichas corporativas en el territorio brasilero. Estados Unidos estuvo involucrado en ello desde el primer momento, siendo el juez uno de los operadores mejores adiestrados por el Departamento de Justicia y benefactor de corporaciones norteamericanas como Nestlé y Coca-Cola en la intensificación de sus negocios en Brasil.
- Las infames acciones al Estado brasileño ejecutadas por Sergio Moro no es el único hecho que aparece en su prontuario. Primero, su formación estuvo encaminada en el Programa de Instrucción para Abogados de la Facultad de Derecho de Harvard en julio de 1998, y fue continuada en el Programa de Visitantes Internacionales organizado en 2007, auspiciado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, con visitas a agencias e instituciones estadounidenses encargadas supuestamente de prevenir y combatir el lavado de dinero.
- Y segundo, su alianza con Estados Unidos continuó en 2019, con la polémica creación de una fundación privada, producto del hilo de Lava Jato e impulsada con dinero de un convenio entre Petrobras y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La intención sería utilizar R$ 2,5 mil millones recuperados para administrar la fundación.
Sumado a esto, por sólo nombrar un ejemplo, en 2017 lo hicieron ver públicamente cuando el Secretario de Justicia Auxiliar Interino, Kenneth Blanco, expresó que «es difícil imaginar una mejor relación de cooperación en la historia reciente que la del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y los fiscales brasileños», concluyendo que se dieron resultados extraordinarios con la operación Lava Jato, al celebrar el veredicto de culpabilidad contra Lula.
Con el efecto Bolsonaro sumiendo a su país en una crisis sanitaria y humanitaria por la pésima gestión del coronavirus, el sistema impuesto consecuencia del Lava Jato nada más impone una especie de justicia relativa.
El uso y abuso del lawfare como maniobra de estas prácticas de guerra híbrida están sobre el tapete ante cualquier circunstancia política y/o electoral, no solo en Brasil sino en casi toda la región.
Los intereses en los grandes recursos que provee la región se mantienen en el ojo del huracán corporativo que dinamiza las políticas estadounidenses, claramente influyentes en el más grande país de Sudamérica.
Sin embargo, es importante que no solo se hayan destapado los diferentes mecanismos usados por los operadores del lawfare, en especial Moro, sino que asimismo se debilite la credibilidad de sus sujetos principales y de lo que representan: un mecanismo de socavamiento institucional y político. Se trata del efecto búmeran. En política, sus golpes duelen el doble.
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Ciudad VLC / Misión Verdad
