audiencia Alex Saab cabo verde

El caso de Álex Saab, más allá de evidenciar el alcance de los planes de asfixia contra Venezuela puestos en marcha por Estados Unidos y sus países satélites, pone a prueba, de nuevo, los principios del derecho internacional que regulan tanto las relaciones de soberanía, independencia y no injerencia entre los países como la justicia y el respeto a las personas para garantizar su integridad.

Estados Unidos aplica contra Venezuela y otros países un conjunto de medidas económicas de extorsión que afectan la vida de sus ciudadanos pero las hace ver como castigos a individuos a los que no ha sometido a juicio, por lo que las medidas coercitivas unilaterales no son decisiones judiciales sino políticas, cuando no ataques deliberados.

Como se hizo público recientemente, los fiscales de Ginebra (Suiza) decidieron, después de tres años, cerrar la investigación sobre el enviado especial venezolano detenido en Cabo Verde desde el 12 de junio de 2020, a la espera del resultado de un proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.

 

Un proceso y una campaña en contra

Álex Saab, nacido hace 49 años en Colombia, pero con nacionalidad venezolana, fue detenido en la isla de Sal por las autoridades policiales de Cabo Verde, esto debido a una supuesta alerta roja de Interpol que, por cierto, apareció con fecha del día siguiente.

Se trataba de una solicitud de búsqueda de Estados Unidos, país que lo acusa de lavar dinero y tener «negocios corruptos» con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Pedían su extradición acusándole de haber blanqueado 350 millones de dólares para pagar «actos de corrupción» del presidente venezolano, a través del sistema financiero estadounidense.

 

La detención ocurrió cuando el avión en que viajaba hizo una escala técnica, Álex Saab viajaba entre Venezuela e Irán con el propósito de realizar operaciones comerciales para garantizar la compra de alimentos y combustibles para Venezuela.

Fue internado en la cárcel de la Ribeirinha en São Vicente y el Tribunal Supremo, que ha rechazado dos veces su liberación, aprobó recientemente el pedido formal de extradición por parte de Estados Unidos.

La prensa alineada a Washington utiliza abiertamente calificativos y narrativas que van desde «testaferro» hasta «guarda muchos secretos sobre cómo Maduro, su familia y sus principales ayudantes supuestamente desviaron millones de dólares en contratos gubernamentales en medio del hambre generalizada en la nación rica en petróleo».

 

Las gestiones del gobierno venezolano para evadir las «sanciones» han sido calificadas de «tráfico de oro» por parte del entramado mediático de las élites (Foto: Bloomberg)

La defensa de Saab, encabezada por Femi Falana, un abogado nigeriano especializado en derechos humanos y expresidente del Colegio de Abogados de África Occidental, ha escrito al presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, para pedir su liberación inmediata, esto debido a que consideran que ha sido el Ejecutivo quien ha violado el debido proceso.

Por otra parte, la Fiscalía colombiana reflotó en septiembre pasado una acusación de 2007 en su contra por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito junto al contador de una de sus empresas, Deivis José Mendoza Lapeira.

Alegan que han participado en presuntas operaciones ilícitas para evitar responsabilidades tributarias y aduaneras que representaron pérdidas al Estado colombiano, de allí los cargos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, estafa agravada y exportación o importación ficticia.

Según el ente, Mendoza presuntamente llevaba una doble contabilidad de la empresa Shatex S.A. que tuvo un crecimiento inusual del 923% en el año 2007, mientras que entre 2004 y 2006 esa firma tuvo pérdidas de 33%.

 

El pasado 15 de marzo la Corte de Justicia de la Comunidad de los Estados de África Occidental (Cedeao) ordenó que Saab debía ser puesto en libertad y darse por terminado su proceso de extradición a Estados Unidos ya que su arresto fue «ilegal», según informó su defensa, exhortando el pago de 200 mil dólares como indemnización.

Al día siguiente el Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde negó un recurso de apelación y decidió que «la extradición que ahora se autoriza es para que el extraditado sea sujeto al procedimiento criminal por uno de los crímenes que se le ha imputado, en conformidad por la garantía ofrecida por el Estado solicitante». Su defensa ha presentado una apelación ante el Tribunal Constitucional de Cabo Verde.

La defensa y el gobierno venezolano han protestado repetidas veces que Cabo Verde no reconozca la jurisdicción de la Cedeao a pesar de que forma parte de ese organismo y ha aceptado ser miembro de pleno derecho del Tribunal.

 

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Ciudad VLC / Misión Verdad