Cuando las transnacionales cultivan la guerra: el caso Venezuela-Guyana

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El diferendo entre Venezuela y Guyana ha subido en volumen y frecuencia informativa, los medios cartelizados y globalizados aletean alrededor del tema con el encadenamiento típico que precede a los ataques por parte de Occidente a «Estados fallidos» para imponer la «paz y democracia» que, a la larga, nunca llegan.

En ocasiones anteriores sus «informaciones» reiteradas han ablandado al público espectador hasta que, falsos positivos mediante, se han detonado acciones ya conocidas como las ejecutadas en Irak, Libia o Afganistán.

Poner el tema en consideración no significa pronosticar ni augurar que ocurriría alguna agresión bélica, lo que es digno de reseñar es el interés corporativo y la escalada informativa enfocados en agudizar la confrontación política e incluso militar.

 

CRUCE DE ACCIONES Y REACCIONES RECIENTES

El pasado 23 de enero los buques Lady Navera y Sea Wolf fueron interceptados por el buque patrullero Comandante Eterno Hugo Chávez (GC-24) mientras operaban frente a las costas de Waini Point, una localidad ubicada en la Zona en Reclamación o Guayana Esequibo. Según la prensa guyanesa las embarcaciones se encontraban en aguas de Guyana.

Por su parte la cancillería venezolana comunicó que el buque naval operaba «en aguas de soberanía venezolana indiscutible» y que los dos buques pesqueros estaban «comprometidos en la pesca ilegal en flagrante delito en aguas de plena soberanía y jurisdicción de Venezuela, sin tener también ningún tipo de documentación legal», por lo que fueron obligados a poner rumbo al puerto de Güiria y sus 12 tripulantes presentados en los tribunales nacionales.

Venezuela-Guayana
Lugar de interceptación de los buques pesqueros Lady Navera y Sea Wolf. Según la autoproclamada línea divisoria de Guyana (30º) ocurrió en sus aguas; según el Acuerdo de Ginebra (70º) ocurrió en aguas venezolanas (Foto: Stabroek News)

Georgetown tachó de «agresión» la captura de los pesqueros, que, según su versión, se produjo en la zona económica exclusiva guyanesa, y pidió la liberación inmediata de las tripulaciones.

El diferendo entró en fase crítica luego de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) decidiera en diciembre pasado, por 12 votos contra 4, que tiene jurisdicción para analizar «la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899 y la cuestión sobre el asentamiento definitivo de la frontera terrestre» entre ambos países.

El mencionado laudo fue considerado nulo en 1966 cuando Venezuela y Guyana suscribieron el Acuerdo de Ginebra, por lo que el gobierno venezolano respondió el pasado 7 de enero con varias medidas.

Una de las acciones fue comunicar por escrito al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, el rechazo a la injerencia de la CIJ para dirimir este diferendo.

Con su decisión el alto tribunal habría dejado de lado las conversaciones directas entre ambos países «para avanzar hacia el entendimiento pacífico y beneficioso para ambas partes», como declarara el presidente Nicolás Maduro en cadena nacional.

Ese mismo día el primer mandatario decretó la creación de la Zona Estratégica de Desarrollo de la Fachada Atlántica, con el fin de brindar protección y salvaguarda de la jurisdicción de Venezuela en sus espacios continentales; áreas marinas interiores, limítrofes históricas y vitales del país. Una Autoridad Única tendría bajo su responsabilidad la administración del nuevo territorio nacional.

El presidente de Guyana Irfaan Alí rechazó el decreto calificándolo de “profundamente perturbador” a lo que, el 11 de enero, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, respondió que las declaraciones de Irfaan Alí eran reflejo de «la supremacía imperial que los incita a la confrontación con Venezuela, y subyacen desconocidas y peligrosas pretensiones en nada acordes con el Derecho Internacional Público en cumplimiento de la buena vecindad».

También la posición venezolana rechazó la injerencia de Georgetown en los asuntos internos de Venezuela al cuestionar el decreto del nuevo territorio marítimo y denunció los intereses de la transnacional petrolera ExxonMobil (Exxon).

 

LA INJERENCIA INTERESADA DE ESTADOS UNIDOS Y SUS TÍTERES

El mismo 11 de enero el Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de la Armada, emprendería un patrullaje en las aguas del territorio del Esequibo tras el inicio de ejercicios militares entre el Comando Sur de Estados Unidos y Guyana por esa zona.

Acompañado por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, el general en jefe declaró que «estamos preparados ante estas agresiones que, dicho sea de paso, no son nada nuevas por parte de Guyana y del imperio estadounidense».

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Buque patrullero Comandante Eterno Hugo Chávez (GC-24) que resguarda la recién decretada «Zona Estratégica de Desarrollo de la Fachada Atlántica» en defensa del territorio nacional (Foto: Archivo)

La reacción del gobierno venezolano se daba en momentos en los que el Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller, llegaba a Guyana para dirigir las maniobras de vigilancia marítima conjuntas destinadas, entre otros, a interceptar el narcotráfico cerca de la frontera con Venezuela.

La interceptación de los dos buques pesqueros sirvió para que Estados Unidos pusiera de manifiesto su acostumbrado e interesado injerencismo.

En una reunión que trató sobre el diferendo entre Guyana y Venezuela, su representante ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) declaró que «Estados Unidos condena la captura de dos pesqueros guyaneses por la Armada del gobierno de Maduro, y exigimos la liberación inmediata de esos buques y su tripulación. Estados Unidos apoya una resolución pacífica de la controversia territorial entre Venezuela y Guyana».

Venezuela no pertenece a la OEA, pero su Secretario General también exigió la liberación de los 12 ciudadanos guyaneses, así como las dos embarcaciones retenidas.

También aseveró que «la disputa territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, no puede ser resuelta mediante acciones unilaterales».

Nadie le dijo a Almagro que, en 2011, Georgetown determinó hacer modificaciones a su plataforma continental marítima para explotación de petróleo sin haber previa nota a la cancillería venezolana.

Tampoco que, en 2012, el vecino país entregó el «Bloque Roraima» a la empresa trasnacional «Anadarko» para exploración petrolera, manteniendo en secreto la ubicación de la concesión misma que había sido paralizada tras una protesta de Venezuela entre los años 1999 y 2000.

Fue hasta 2013 que el gobierno de Venezuela descubrió la ubicación frente a la fachada atlántica venezolana donde Guyana aplicó una línea divisoria con Venezuela con una inclinación aproximada de 30 grados (como se ve en el mapa a continuación) mientras que la Armada Bolivariana señala que, desde 1996, Venezuela ha asumido la inclinación de esta línea en 70 grados y ha ejercido soberanía sobre la zona.

Esta delimitación no solo afectó a la fachada atlántica de la Guayana Esequiba, sino a la del estado Delta Amacuro de Venezuela.

 

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Bloque Stabroek ubicado frente a la fachada atlántica venezolana, en aguas que forman parte de la plataforma continental del territorio en reclamación entre Venezuela y Guyana (Foto: Oilprice)

A la entrega del bloque Roraima, se sumó la reactivación de las labores de exploración petrolera en el bloque Stabroek (28 mil km2), concedido por Guyana frente a la fachada atlántica venezolana.

El jefe del ejército de Guyana dijo en noviembre de 2020 que nunca más se permitirá a las fuerzas extranjeras «apuntar» a las operaciones de exploración y producción de petróleo del país.

Los militares de Guyana ordenaron recientemente uno de los dos helicópteros estadounidenses que serán utilizados «para fortalecer su defensa nacional», dijo la agencia estadounidense de cooperación en materia de seguridad DSCA en octubre pasado.

El extinto gobierno de Trump había estado duplicando su apoyo a Guyana en la disputa territorial con Venezuela, utilizándolo como otro flanco en su campaña para forzar al presidente Maduro a salir del poder.

Así lo dejaron ver las declaraciones ya mencionadas en la OEA y la visita de Mike Pompeo, entonces secretario de Estado de Estados Unidos, en septiembre de 2020.

En aquel contacto buscaba apoyo a los esfuerzos del gobierno de Trump para derrocar al presidente Maduro y se establecieron acuerdos para fortalecer la inversión y la cooperación de Estados Unidos en materia de «energía e infraestructura», al tiempo que prometieron profundizar la cooperación en materia de seguridad marítima e interdicción del narcotráfico.

Pompeo elogió el apoyo de Alí al Grupo de Lima, el desprestigiado organismo regional de gobiernos satélites de Estados Unidos que han dirigido y apoyado las agresiones a la política interna venezolana.

 

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Ciudad VLC/Misión Verdad