Venezuela cierra 2020 en plena resistencia popular a la crisis económica, desmantelando acciones terroristas en su contra y en medio de una pandemia que ha sabido enfrentar hasta convertirse en uno de los países con menos muertes por covid-19 de la región y, por supuesto, con el presidente Nicolás Maduro en el poder.

Sin embargo, Estados Unidos y el sector más subordinado a sus decisiones de la derecha venezolana con la complicidad del Estado colombiano insisten en sumar a sus ataques mediáticos, psicológicos, políticos y económicos contra la Revolución Bolivariana, acciones militares de tipo irregular en la que los cuerpos de inteligencia de la OTAN coordinan con grupos paramilitares colombianos, contratistas militares privadas —sobre todo de origen estadounidense— y grupos terroristas locales en los que se mezclan jóvenes activistas de la derecha en Venezuela y militares retirados con delincuencia común.

Si algo se puede decir de la situación geopolítica venezolana actual, sin temor a equivocarnos, es que en este momento está siendo asediada como ningún otro país de la región, aunque le sigan en la lista de víctimas de este accionar imperialista Cuba y Nicaragua, más los pueblos del resto de los países del continente con gobiernos subordinados.

A pesar de los múltiples ataques a la economía venezolana, entre ellas las medidas coercitivas unilaterales para quebrar la capacidad de importación y exportación de Venezuela.

Lgitimar ante la opinión pública internacional el robo de activos venezolanos e incrementar el poder del dólar en la economía nacional; el sabotaje directo a los servicios públicos y acciones terroristas contra instalaciones productivas, todo esto con un gran impacto directo en las correlaciones de fuerzas sociales, que puede medirse más en el crecimiento de la despolitización y la apatía por sobre el apoyo popular a sus actores locales; y aún contando con los equipos de ciencias sociales al servicio del Pentágono, múltiples aparatos de inteligencia de la OTAN operando en el terreno, la experiencia en guerra irregular de las fuerzas militares colombianas y sus grupos paramilitares, el accionar de sus contratistas militares privadas desde Colombia, y con el gobierno uribista dispuesto a todo por cumplir sus órdenes, Estados Unidos no ha logrado torcer a su favor la realidad venezolana y se ha atrapado a sí mismo en sus propias mentiras de gobiernos y embajadas virtuales.

Su fracasado «proyecto Guaidó», que ya venía en un declive sostenido, llega a su fin con la toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional el 5 de enero de 2021, cuando ya no ostentará ni siquiera el cargo de diputado (suplente). Es decir, Estados Unidos ha fracasado rotundamente en su intento de cambiar las correlaciones políticas directamente a su favor y en sus acciones militares.

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Empero, los llamados a la desestabilización continúan y en cualquier momento es de esperarse que retornen las acciones terroristas de control territorial conocidas como «guarimbas», que continúen intentando golpes de Estado, operaciones tipo comando, y procurando establecer zonas de control territorial del paramilitarismo colombiano y bandas terroristas locales en Venezuela.

Obviamente también es previsible que continúen los atentados contra las instalaciones productivas del país, los robos y, por supuesto, continúa sobre la mesa la promoción de un conflicto entre Colombia y Venezuela como instrumento de una guerra imperialista de aproximación indirecta, cosa que afortunadamente ha encontrado, hasta el momento, mucha oposición en la opinión pública, las organizaciones sociales, partidos de izquierda y centro izquierda, e incluso en algunos sectores empresariales y políticos de la derecha colombiana.

En suma, Venezuela está a punto de terminar el año 2020 en paz para fortuna del pueblo y para desencanto de quienes han hecho todo lo posible por conducirla a la guerra.

Colombia, por su parte, cierra el año 2020 con un conflicto social y armado sin resolver y que, por el contrario, se encuentra en uno de los peores años de esta década. El balance de las muertes lo deja claro: Colombia es un país en guerra en el que entre el 1° de enero y el 14 de diciembre de este año se han registrado 84 masacres; hasta esa misma fecha habían sido asesinados 292 líderes y lideresas sociales en los territorios, 12 personas por ser sus familiares y 60 excombatientes de las FARC-EP firmantes del acuerdo de paz; y el 2020 aún no termina.

Esta cifra no incluye muertes en combate ni tantas otras víctimas del conflicto, como las asesinadas por la represión del Estado a la protesta social, por ejemplo. En promedio se asesinan tres líderes y lideresas sociales cada dos días, y se comete un promedio de dos masacres semanales, todo esto con presumible complicidad del gobierno y que, por muchos elementos en los que nos hemos adentrado en otros análisis, configura un genocidio en marcha, que incluye el etnocidio de las comunidades indígenas y negras de Colombia y fomenta la violencia de género, porque también hay que mencionar que han aumentado las denuncias de abuso sexual a mujeres, sobre todo niñas y adolescentes, por parte de la fuerza pública colombiana.

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El aumento de las masacres en Colombia ocasionó una protesta masiva en contra de este tipo de asesinato, en Bogotá, el 21 de agosto de 2020 (Foto: Luisa González, Reuters)

Este terrible balance no incluye, tampoco, las personas muertas por desnutrición, falta de agua potable o por no tener acceso al sistema de salud, todos estos factores que conforman causa de ese mismo conflicto.

Lo que sí se puede agregar es que es uno de los países con más muertes por covid-19 en la región (39 mil 195) para el 15 de diciembre, y eso, como ya se sabe, también tiene que ver con los altos niveles de exclusión social que posee.

Colombia es la peor de la región (quizás seguida de Haití) y una de las peores del mundo en este último apartado, aunque no encienda alarmas de los organismos multilaterales ni obtenga la condena que amerita de la opinión pública mundial. Doloroso silencio que acaba por ser corresponsable.

El conflicto armado no cesa, la delegación de paz del ELN continúa varada en La Habana sin interlocución con el gobierno uribista, y mientras tanto la organización guerrillera continúa activa en el país, quizás incluso en crecimiento.

La segunda Marquetalia, y otros sectores de las ex FARC-EP continúan también activos.

Por supuesto, también continúan operando el EPL y un sinfín de grupos paramilitares.

En resumen, aunque la intensidad del combate haya disminuido en algunas regiones, Colombia es hoy como hace diez años: un país en guerra.

En diciembre de 2019, Trump lanzó su iniciativa «América Crece«, cuyo nombre original en inglés es «Growth in the Americas», lo que literalmente traduce como «Crecimiento en las Américas». En agosto pasado se anunció la expresión bilateral de este plan, bajo el nombre de «Colombia Crece», con la presencia de tres altos funcionarios del gobierno de la Casa Blanca, quienes bautizaron a esta iniciativa como un «Nuevo Plan Colombia».

Duque hizo énfasis en que los ejes del «Nuevo Plan Colombia» serán la lucha contra el narcotráfico, la contrainsurgencia y, como era de esperarse, insistió en las acciones contra Venezuela.

La ubicación de Colombia en el mapa es geoestratégica, posee costa de los océanos Atlántico y Pacífico, une la región mesoamericana con el sur, es la entrada al Amazonas y comparte 2 mil 219 kilómetros de frontera con Venezuela, objetivo prioritario para Washington.

En territorio colombiano se entrenan fuerzas militares y policiales de otros países, se desarrollan doctrinas y manuales, se planifica y hasta se lanzan operaciones militares internacionales, como la «Operación Gedeón» en la que un grupo de venezolanos dirigidos por dos mercenarios estadounidenses de la empresa SilverCorp se entrenaron y a principios de mayo de este año partieron en lancha desde las costas colombianas para ingresar clandestinamente a Venezuela, donde fueron capturados por la acción conjunta de la Milicia y la Policía Nacional Bolivariana junto a sectores del Poder Popular.

Cinco meses después se detuvo a un ciudadano estadounidense que provenía de la Guajira colombiana y contaba con el apoyo de conspiradores venezolanos con la información y las armas necesarias para ejecutar un sabotaje a las instalaciones de la refinería de Amuay. Luego de un mes se captura a otro mercenario estadounidense y el presidente Maduro afirmó que «Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez están detrás de este ataque, junto a los organismos de inteligencia de Estados Unidos».

El uribismo está en su peor momento, incluso las grandes encuestadoras así lo señalan. El pueblo colombiano se ha mantenido resistiendo en las zonas rurales, enfrentando un genocidio contra sus líderes y lideresas y ha vuelto a protestar en las calles de las principales ciudades a pesar de las medidas de aislamiento.

En septiembre, un levantamiento popular contra la brutalidad policial que solo encontró más represión como respuesta causó la más grande masacre ocurrida en Bogotá en este siglo.

Luego, la Minga indígena que partió del suroccidente llegó hasta la capital convertida en la Minga indígena y popular nacional, y fue recibida por una gran multitud. Para terminar el año se celebró el primer aniversario del paro nacional de noviembre de 2019 y, en suma en este 2020, el pueblo colombiano continuó resistiendo a la oligarquía más violenta del continente y la paz sigue lejana.

Sin embargo, Iván Duque continúa centrando su política en atacar a Venezuela y respaldar a la oposición venezolana más violenta, encabezada por Leopoldo López y subordinando los intereses de Colombia a los de Estados Unidos, manteniendo a Colombia como cabeza de playa de las agresiones contra Venezuela.

Duque continúa dando prioridad a una supuesta lucha por la «liberación de Venezuela», amenaza con la Corte Penal Internacional, recibe a Leopoldo López, lo invita a su programa, le permite recorrer la frontera y realizar una serie de actos para hacer propaganda sobre la llamada consulta de Guaidó y, por supuesto, López no podía dejar de reunirse con el patrón del ubérrimo que pretende creer que Colombia entera es su finca, Álvaro Uribe Vélez, y con la Alcaldesa de Bogotá.

 

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En medio de la tensión geopolítica mundial, Estados Unidos es un actor decisivo en las tensiones entre Colombia y Venezuela y sabe que está perdiendo su hegemonía política mundial, producto de la aparición de nuevas potencias políticas, pero también económicas y militares que poco a poco irán minando el poder absoluto que ostentaba desde finales de la década de los 80 y principios de los 90, cuando terminó la llamada Guerra Fría.

Esa hegemonía que hizo al mundo unipolar seguramente cambiará, incluso antes de que pierda su primacía económica y militar. Es por ello que ha relanzado su Doctrina Monroe y, si bien los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua se le resisten, solo la primera cuenta con los recursos económicos y la posición geoestratégica que la eleva al rango de prioridad para sus planes.

Venezuela, por su parte, ha sabido jugar en el tablero mundial y ha movido la correlación de fuerzas internacionales a favor de esa resistencia.

En ese contexto, el pasado 27 de mayo, arribó una nueva brigada norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB, por sus siglas en inglés), que llegaría a Colombia para supuestamente ayudar  en la lucha antinarcóticos. Por lo que este año ha aumentado la presencia militar estadounidense en el territorio colombiano.

El gobierno colombiano, tanto el actual como los anteriores, ha logrado siempre evadir cualquier control político sobre esta presencia, y el ingreso a la OTAN como primer socio global de América Latina solo agrava la subordinación de la tropa colombiana a los planes imperialistas en la región. Fuerzas Militares, por cierto, que se encuentra actualmente muy divididas en torno a los negocios, las visiones sobre la guerra y su papel en la geopolítica imperialista.

El reciente triunfo de Biden puede significar un cambio de discurso desde la Casa Blanca sobre estas relaciones binacionales, incluso puede llegar a frenar la hasta ahora clara intención de generar un conflicto armado fratricida entre ambas naciones fronterizas, procurar la retoma de los acuerdos de paz firmados entre el Estado colombiano y las FARC-EP, incluso obligar a una revaloración del gobierno uribista sobre la necesidad de retomar el diálogo con el ELN, pero grosso modo su estrategia internacional no cambia. Continuará tratando de consolidar su hegemonía sobre la región, avanzando en la consolidación de Colombia como su enclave y, por supuesto, tratando de reconquistar Venezuela.

En resumen, luego de este año de tensiones, nos espera un 2021 de lucha por nuestra soberanía venezolana, por la unión de nuestros pueblos y por la defensa de nuestro sagrado derecho de vivir en paz.

 

 

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Ciudad VLC/Misión Verdad