Los abogados defensores de la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner formalizaron este miércoles una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La presentación, realizada bajo el amparo del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, denuncia la comisión de ocho violaciones a los derechos fundamentales durante el proceso judicial conocido como Causa Vialidad.
Esta acción internacional se concreta luego de que la exmandataria agotara todas las vías judiciales internas en el sistema argentino, tras la decisión de la Corte Suprema emitida el 10 de junio de 2025.
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Objetivo político de la condena
Durante una conferencia de prensa celebrada para detallar los fundamentos del reclamo, el equipo jurídico de la exmandataria denunció que la sentencia condenatoria a prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos persigue un propósito netamente proscriptivo.
Los letrados afirmaron que el verdadero objetivo consistió en echar de la contienda electoral a una mujer líder que incomodaba a los sectores de poder del régimen de ultraderecha.
El abogado español Javier Borrego enfatizó ante los medios que la prioridad de la maniobra judicial radicaba en imponer una inhabilitación. El jurista explicó que la meta central apuntaba a excluir de futuras competencias electorales a una figura elegida en dos oportunidades como presidenta de la nación.
La defensa se mostró optimista sobre el recorrido del reclamo ante el organismo con sede en Ginebra y Nueva York, en coincidencia con la publicación de una carta abierta donde Fernández anunció la medida desde su residencia.
Medidas cautelares solicitadas a la ONU
El documento elevado al Comité de Derechos Humanos de la ONU detalla tres requerimientos urgentes para frenar los abusos del proceso. La primera solicitud exige la suspensión inmediata de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, al argumentar que la sanción se sustenta en arbitrariedades flagrantes y vulnera precedentes del propio organismo internacional.
La segunda petición apunta a modificar de forma sustancial el régimen de prisión domiciliaria que cumple la exmandataria desde el 17 de junio de 2025. Este punto incluye el retiro de la tobillera electrónica, el levantamiento de las restricciones de visitas, la garantía de acceso al aire libre, un trato igualitario que ponga fin al ensañamiento discriminatorio y el deslinde de responsabilidades estatales sobre las expresiones de apoyo ciudadanas frente a su domicilio.
La tercera medida reclama el restablecimiento de la composición plena de la Corte Suprema argentina, que opera actualmente con una integración reducida de tan solo tres magistrados.
La defensa aseguró que es posible lograr un “fallo favorable” sobre la cautelar que permitiría una eventual candidatura de la expresidenta. Explicó punto por punto por qué la condena en el caso Vialidad es irregular.
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Fuente: AVN
Ciudad Valencia/DA/RN
