A través de su cuenta en la red social X el jefe de la delegación del Gobierno Nacional en el proceso de diálogo y negociación con las oposiciones, Jorge Rodríguez, anunció que el Gobierno Nacional abrió el proceso de revisión a inhabilitaciones de candidatos. El proceso se realiza en cumplimiento al acuerdo suscrito en Barbados. Dicho proceso complementa y desarrolla las condiciones electorales convenidas en el Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos.
«Hoy hemos dado un paso más en la dirección correcta, ratificando lo acordado en Barbados, para hacer respetar las decisiones de las instituciones, del Estado de derecho y la Constitución en Venezuela. Seguimos avanzando. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada», publicó Rodríguez.
«Como facilitador del Proceso de Diálogo y Negociación de Venezuela, Noruega confirma recepción del siguiente procedimiento, conforme al Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos», refiere un mensaje publicado por parte de la Embajada de Noruega en México, el cual fue divulgado por el también presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
La información anexa el contenido del procedimiento establecido para diversas personas que aspiran a postularse como candidatos en las elecciones presidenciales del año 2024.
En el Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos, suscrito en Barbados el 17 de octubre de 2023, el Gobierno Nacional y la Plataforma Unitaria de Venezuela acordaron que a través del proceso «se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana; asimismo conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución», reza el texto.
¿Qué dice el documento sobre el proceso?
El documento explica que el procedimiento consiste en que «cada uno de los interesados acudirá personalmente ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para ejercer el recurso contencioso administrativo que corresponda contra la medida de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República, acompañada de una solicitud de amparo cautelar, en el lapso establecido desde el primero de diciembre hasta el 15 de diciembre de 2023, en días continuos y sucesivos».
«La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado, conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución», detalla.
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En la demanda presentada, y en declaraciones públicas, los interesados deben abstenerse de incorporar conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del Estado, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Como parte del proceso, los interesados deben comprometerse a respetar la Constitución y las leyes. También deben «cumplir con el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación, recogido en el artículo 130 de la Constitución». Además deben «acatar en el marco constitucional la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que emane de este recurso».
Igualmente, deben «rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela», remarca el acuerdo.
Ciudad Valencia / AVN
