Diversas investigaciones y denuncias revelan que el historial político de la opositora venezolana de extrema derecha, María Corina Machado, está marcado por la promoción de la violencia y planes conspirativos que han comprometido la soberanía nacional.
Esto genera una profunda paradoja ante el reciente anuncio de que el comité noruego la ha elegido para el Premio Nobel de la Paz 2025.
La distinción, otorgada por su supuesto «incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos», contrasta con sus acciones documentadas, que incluyen pedidos de intervención militar para su propio país y un papel central en la agenda de bloqueo y asfixia económica que afecta directamente al pueblo venezolano.
Impulso de sanciones y bloqueo: el ataque al pueblo venezolano
El eje de la política de Machado ha sido la promoción activa de agresiones externas contra Venezuela.
Se le atribuye la labor incansable de abogar ante potencias extranjeras por la imposición de sanciones de todo tipo, que han estrangulado la economía.
Esta postura se reafirma con la investigación abierta de la Fiscalía de Venezuela contra la opositora en noviembre de 2024 por conspirar con la Administración Biden para impulsar el proyecto de ley estadounidense «Bolívar,» que buscaba aumentar el aislamiento económico del país.
Sumado a esto, se documentan las solicitudes de invasión militar, entre ellas la del 2014 ante la Organización de Estados Latinoamericanos y Caribeños (OEA) como en 2018 al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien perpetra una guerra genocida contra la Franja de Gaza.
Acusaciones de narcotráfico y saqueo nacional
Entre las múltiples acciones atribuidas a la opositora contra la estabilidad de Venezuela, destaca su vinculación con el narcotráfico transnacional.
A finales de 2024, las autoridades de la nación suramericana desarticularon una red criminal que operaba en los estados Zulia y Falcón, que utilizaba sofisticados métodos de contrabando como el «buche de pescado» para conectar el Lago de Maracaibo con rutas marítimas hacia el Caribe y Europa.
La figura central de esta red es el empresario camaronero José Enrique Rincón, dueño del Grupo LAMAR, que pasó de producir 3.000 a más de 100.000 toneladas de camarones anuales, controlando el 80 por ciento del mercado de exportación a la Unión Europea.
La relación entre Rincón y Machado era clave para financiar operaciones golpistas, utilizando las exportaciones acuícolas como fachada para el tráfico de drogas.
La acción estaba destinada a impedir la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro el pasado 10 de enero de 2025.
Según las investigaciones, se estableció que Rincón financió las actividades políticas de María Corina Machado a cambio de una promesa de impunidad y la garantía de apoyo logístico esencial para expandir sus operaciones delictivas.
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Fuente: teleSUR
Ciudad Valencia/ M. Ll
