El candidato presidencial de la extrema derecha en Chile, José Antonio Kast, ha desatado una ola de indignación y preocupación tras amenaza cruel de implementar un plan de persecución y expulsión masiva.
Que ha sido calificado como profundamente inhumano y contrario a los derechos humanos fundamentales.
Sus declaraciones, hechas durante una visita a la frontera con Perú, pintan un panorama de represión y negación de la solidaridad básica que pondría en grave riesgo la vida de miles de migrantes, muchos de ellos venezolanos.
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Kast, quien se enfrenta a Jeannette Jara en la segunda vuelta electoral, advirtió públicamente que, de ascender al poder, otorgará un plazo de apenas 111 días para que los extranjeros abandonen el territorio chileno de forma «voluntaria».
La retórica utilizada por el ultraderechista es brutalmente explícita sobre las consecuencias de no acatar este ultimátum.
»Si usted no se va voluntariamente, lo vamos a detener, lo vamos a retener, lo vamos a expulsar, y se va a ir con lo puesto»
La amenaza de «retener» y «expulsar con lo puesto» a quienes no cumplan el plazo estipulado sugiere la aplicación de deportaciones masivas y detenciones arbitrarias, despojando a las personas no solo de sus pertenencias, sino de su dignidad, en un acto que roza la crueldad.
José Antonio Kast criminaliza la solidaridad
La plataforma de Kast va mucho más allá de la simple expulsión, ya que su anunciado «gobierno de emergencia» incluye medidas que buscan criminalizar la solidaridad y anular los derechos sociales más básicos.
El candidato ultraderechista extendió su advertencia a los propios ciudadanos chilenos, anunciando que aplicará sanciones a quienes colaboren o presten apoyo a los migrantes que no cumplan con los requisitos legales de permanencia.
Esta política es un claro intento de infundir miedo y desmantelar las redes de apoyo comunitario que sostienen a las poblaciones más vulnerables.
El plan de José Antonio Kast incluye el refuerzo de la frontera norte con vallas y zanjas, y la tipificación de la migración irregular como delito.
Lo más alarmante es la intención de restringir derechos sociales básicos como el acceso a la salud, la educación y la vivienda para quienes no cuenten con documentos.
La propuesta de Kast no solo es una violación a los principios humanitarios de acogida, sino que representa una visión oscura e inhumana de la gobernanza, donde la xenofobia se convierte en política de Estado.
La comunidad internacional y los venezolanos, en particular, observan con profunda preocupación este discurso de odio que busca infligir sufrimiento y despojo a quienes ya han huido de circunstancias difíciles.
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Fuente: Radio Miraflores
Ciudad Valencia / DG
