MP denuncia ante la CPI comunidades de bots que atentan contra el Estado

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El Ministerio Público (MP) envió un cuarto informe a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI); con el fin de denunciar la existencia de una comunidad ampliamente extendida y activa en redes sociales que usa «mecanismos fraudulentos» para generar opiniones que atentan contra la República.

En el comunicado, la fiscalía venezolana denuncia ante la CPI que, tras un estudio hecho desde el punto de vista comunicacional, se determinó que un «núcleo muy pequeño de perfiles es capaz de generar tendencias en la red; utilizando para ello diversos mecanismos fraudulentos entre los que destaca el empleo de bots», específicamente en Twitter.

Este informe se presenta como una ampliación de información puesta a disposición de la Fiscalía de la CPI el 30 de abril. Tiene que ver con las personas señaladas de ser presuntos responsables de los hechos denunciados ante la Corte.

De esta manera, el Ministerio Público, afirma que con tal denuncia presenta que estas comunidades de bots persiguen «la creación de una apariencia sobre la que construir, al menos mediáticamente, una realidad manipulada o deformada que, a su vez, genere incidencia en quienes tienen que tomar decisiones en los diferentes ámbitos afectados; y de forma principal, en la fiscalía de la CPI».

Análisis

La fiscalía menciona que en el informe se hace un riguroso y pormenorizado análisis de más de 70 millones de tuits. De esta manera se constató la existencia de una comunidad de personas, que según los mismos estudios «están comunicadas entre sí»; con una «clara intención de construir la apariencia de unos supuestos delitos de lesa humanidad por los que se ha abierto la fase preliminar desde la Fiscalía de la CPI». Esto sobre el actuar de funcionarios de la fuerza pública venezolana.

 

Según el MP, estas acusaciones a través de las redes no han sido contrastadas entre fuentes. Se han publicado sin escudriñar en la realidad de los hechos; por lo que resulta preocupante que la fiscalía de la CPI  lo esté tomando como base fiable; lo que produce «un grave daño contra el Estado».