En un contexto marcado por la intensificación de las políticas migratorias represivas de Estados Unidos y la complicidad del gobierno salvadoreño, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció una campaña sistemática de persecución y secuestro a migrantes venezolanos.
Esta situación, que ha sido calificada por el Mandatario nacional como un acto de crueldad e injusticia, se enmarca en una estrategia imperialista que busca desestabilizar a Venezuela y atacar la identidad nacional.
El secuestro a los migrantes venezolanos: Una política de terror
Durante un acto en compañía con el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en la edición número XXXV del zarpe del Buque Escuela Simón Bolívar, el presidente Maduro expresó que su gobierno no cesará en su empeño por rescatar a los migrantes venezolanos que han sido deportados desde Estados Unidos hacia El Salvador, donde son recluidos en condiciones inhumanas.
«Vamos a buscar hasta el último migrante venezolano en Estados Unidos. Los vamos a reincorporar a una Venezuela que reverdece y se recupera», afirmó el Mandatario.
El presidente venezolano denunció que más de 200 compatriotas fueron deportados desde Estados Unidos hacia El Salvador el pasado fin de semana, bajo acusaciones de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.
Sin embargo, hasta el momento, ni el gobierno estadounidense ni el salvadoreño han presentado pruebas que respalden estas acusaciones.
«Están secuestrados, no han cometido ningún delito», reiteró el jefe de Estado.
Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Act) de 1798
El traslado de los migrantes venezolanos a El Salvador se realizó bajo la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) de 1798, una normativa que permite al gobierno estadounidense detener y expulsar a personas sin garantizarles el debido proceso.
Este instrumento, invocado por el presidente Donald Trump, ha sido calificado por el gobierno venezolano como «anacrónica y violatoria de los derechos humanos».
Analistas internacionales han explicado que el mismo permite al Gobierno estadounidense detener y expulsar a personas sin tener que garantizarles el debido proceso, es decir sin tener que ofrecerles el derecho a defenderse, a apelar ante una instancia superior, entre otros.
Al impedirle a los inmigrantes poder ejercer sus garantías judiciales, se reducen los tiempos y se pueden ejecutar deportaciones más rápidas y a gran escala, tal y como prometió Trump a lo largo de su campaña.
Estados Unidos y el negocio de la migración
En un acuerdo que se produjo en medio de las reuniones entre el presidente salvadoreño, Nayib Bukele; y el Secretario de Estado de estadounidense, Marco Rubio, en febrero pasado, se reveló que Estados Unidos pagará a El Salvador 6 millones de dólares para encarcelar a los migrantes durante un año, lo que ha generado críticas por el lucro en torno a la detención de seres humanos.
Una cárcel de terror en El Salvador
Los migrantes venezolanos deportados fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad ubicada a 75 kilómetros de San Salvador.
Este centro, construido por el gobierno de Nayib Bukele como parte de su «guerra contra las pandillas», ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos debido a las condiciones inhumanas y los maltratos que sufren los reclusos.
Familiares de los detenidos han denunciado la falta de comunicación y el trato cruel al que son sometidos.
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secuestro a migrantes venezolanos
«No sabemos nada de ellos. Sólo nos han dicho que están en una cárcel donde los tratan como animales», declaró un familiar de uno de los migrantes.
Ante esta situación, el gobierno venezolano ha intensificado sus gestiones diplomáticas para garantizar el retorno seguro de los afectados.
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Ciudad Valencia / Prensa Presidencial
