El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó sobre la operación anticorrupción que el organismo lleva a cabo en todo el país donde 570 funcionarios del MP han sido procesados y judicializados para fortalecer la integridad del sistema de justicia venezolano.
Al respecto, Saab mencionó el caso de la reciente imputación y judicialización de 14 fiscales del estado Carabobo, incluyendo el exfiscal superior de esa entidad federal, Miguel José Duran Trejo.
Por medio de un comunicado, difundido en las redes sociales del Ministerio Público (MP) @mpublicove, el fiscal precisó que van 570 funcionarios del MP procesados y judicializados hasta la fecha y, además, destacó que esta acción ejemplarizante es parte de una «implacable operación anticorrupción».
De manera específica, el comunicado indica que desde «la madrugada del pasado domingo 7 de septiembre, se ha avanzado en una nueva operación ejemplarizante y trascendental, contra elementos degradados del sistema de justicia, que vincula entre otros cargos a varios jueces y fiscales».
Saab consideró que la integridad del sistema de justicia venezolano «es fundamental para la plena vigencia de la paz republicana». Asimismo, reafirmó su compromiso «con la transparencia y la legalidad, asegurando que todos nuestros funcionarios actúen con el máximo decoro y responsabilidad».
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Como se recordará, el pasado 5 de septiembre el Fiscal General de la República informó que el Ministerio Público llevó a cabo acto de imputación en contra del exfiscal Superior del Estado Carabobo, Miguel José Duran Trejo, junto a otros 10 ex fiscales: Marilyn Jackeline Hernández, Gabriel José Sánchez, Michael Gabriel Quintero, Omar Antonio Ramos, Gabriel José Almea Hernández, Lerwis Osorio Pimentel, Luis Maldonado, Ángel Daza Hernández, Wilmer Agustín Vargas Silva, Ángel Dorta Sivira, por la presunta comisión de los delitos de obstrucción a la administración de justicia, ventajas o beneficios económicos de funcionarias públicas o funcionarios públicos, retraso u omisión intencional de funciones agravada, uso indebido de información o datos reservados y asociación para delinquir.
Dichos exfuncionarios llevaron acciones contrarias a sus cargos, debido a que mantenían comunicación directa con el delincuente Rafael Reyna, abogado que exigía grandes cantidades de dinero a las partes involucradas, con el objeto de favorecerles en las investigaciones y simulando ser fiscal del Ministerio Público, proporcionaba información de las distintas causas penales, llevadas en diferentes despachos fiscales de la jurisdicción.
Ciudad Valencia / Ely Reyes
