En el marco del caso ocurrido en la localidad de Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SG) de México, Arturo Medina, y el fiscal para el caso, Mauricio Pazarán, dieron a conocer este martes avances en este emblemático episodio, sobre los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, en 2014.
En rueda de prensa, las autoridades federales indicaron que el caso presentó cuatro nuevas líneas de investigación que apuntan a una relación entre servidores públicos con el grupo del crimen organizado Guerreros Unidos.
Este nuevo enfoque se da luego de que las autoridades realizaran un «reanálisis a profundidad» de las sábanas de comunicación celular de 80.000 cruces telefónicos de llamadas realizadas la noche del ataque a los jóvenes en Ayotzinapa y en meses posteriores.
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La investigación realizó un análisis de las comunicaciones, la revisión de equipos telefónicos de los normalistas y la verificación documental de los expedientes. Además, se detectó el ocultamiento de las videograbaciones de las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.
Caso de Ayotzinapa y la continua investigación
Ambas autoridades manifestaron que «el nuevo estudio de los registros telefónicos de 2014 y 2015, correspondientes al 26 y 27 de septiembre (de 2014), permitió identificar patrones que no habían sido explorados en investigaciones anteriores. A partir de ese análisis se detectó a 17 personas que no habían sido identificadas y que hoy son sujetas de investigación, reconstruyendo vínculos entre ellas en las horas críticas de la desaparición».
Como parte de las investigaciones, las autoridades informaron que se encuentran 17 militares detenidos y bajo proceso. En concreto, la unidad investigadora especial del caso reportó 168 personas procesadas, 130 de ellas en prisión, y 30 detenciones desde octubre de 2024.
«No es por la institución de la Defensa, sino es una imputación que se hace a cada uno por diversas conductas, y en mayor medida por su vinculación con la delincuencia organizada», señalan las autoridades.
Los funcionarios recalcaron que, otros de los datos hallados tras la revisión de las líneas telefónicas es la conexión entre la funeraria «El Ángel», que tiene sede en Iguala y el Servicio Médico Forense (Semefo), ubicado en un local anexo a la parte trasera de la funeraria, la cual estaba bajo el mando de Guerreros Unidos.
De acuerdo con medios mexicanos, el año pasado se había realizado un cateo a la funeraria, donde lograron localizar un fémur humano guardado en un cajón, un arma de fuego, un horno crematorio clandestino y documentación relacionada con un personaje identificado como Irving Arroyo, que entonces era estudiante y a quien se vinculó con la desaparición de los normalistas.
Esto llevó a que se realizaran operativos en la funeraria y el Semefo, donde se recolectaron 23 indicios, entre ellos cientos de fragmentos óseos, restos biológicos y prótesis dentales.
La investigación también apunta a que los teléfonos celulares de algunos normalistas de Ayotzinapa fueron utilizados días después a la noche de los crímenes.
Uno de los teléfonos utilizados fue el del estudiante Julio César Mondragón Fuentes, en octubre de 2014. Este registro llevó a las autoridades hasta Rodolfo, un empresario funerario cuya familia operaba el Semefo y tenía vínculos con el panteón municipal, refieren medios internacionales.
Ante esta situación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum destacó que actualmente los integrantes de la funeraria están detenidos, al igual que un médico, y que las autoridades continúan investigando quién autorizó el funcionamiento de la funeraria y del Servicio Médico Forense (Semefo), debido a las irregularidades encontradas.
«No está cerrado el caso; sólo revelar los nuevos elementos y a dónde están llevando», expresó la presidenta Sheinbaum.
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Fuente: Últimas Noticias
Ciudad Valencia/ WS/MG
