El panorama sociopolítico y económico de El Salvador atraviesa una encrucijada compleja donde las medidas de seguridad implementadas por la administración de Nayib Bukele entran en conflicto con la estabilidad económica de los hogares y la vigencia de los derechos humanos.
Actualmente, El Salvador ostenta la mayor tasa de encarcelamiento del mundo. Su población penitenciaria en 115 mil personas, es el resultado directo de una política de seguridad centrada firmemente en la detención masiva y en la aplicación continua del régimen de excepción.
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La crisis económica de Bukele
En consecuencia, esta línea de acción determina de manera estricta las prioridades presupuestarias del Estado.
Mientras el gasto destinado a Defensa Nacional acumuló un incremento superior al 145% las áreas vinculadas al desarrollo social responsables de prevenir el delito y sumar bienestar a largo plazo han perdido un peso relativo crítico.
En este orden de ideas, el presupuesto asignado a Educación se ha mantenido estancado alrededor del 3,5 por ciento del PIB. Paralelamente, en el sector de Salud se han aplicado ajustes operativos orientados estrictamente a contener el gasto corriente.
A pesar de estos drásticos recortes presupuestarios, el argumento económico inicial a favor de esta transformación partía del elevado costo financiero que representaba la violencia antes de la actual política de seguridad.
Desempleo y pobreza
Como consecuencia directa de este modelo, el deterioro de las condiciones económicas del país aparece fielmente reflejado en los indicadores de pobreza.
De acuerdo con los datos oficiales del Banco Mundial, el incremento acumulado de más del 25% en el precio de la canasta básica, combinado con el estancamiento del empleo, coincidió temporalmente con el aumento de la pobreza extrema, la cual trepó desde el 4,5% registrado en 2019 hasta el 8,6%.
Debido a esta coyuntura, aunque la delincuencia ha dejado de ocupar el primer lugar entre los problemas que más inquietan a la ciudadanía, ha sido desplazada por cuestiones puramente económicas como el costo de vida, el desempleo y la inflación.
No obstante, al mismo tiempo, el combate frontal contra la delincuencia continúa siendo identificado de manera paralela como uno de los mayores logros de la gestión gubernamental, en un contexto político donde Bukele conserva niveles de aprobación superiores al 85 por ciento.
A pesar de este respaldo masivo, la política de seguridad no ha estado exenta de profundos cuestionamientos relacionados con el ejercicio autoritario del poder.
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Régimen de excepción
La prolongación indefinida del régimen de excepción ha generado consecuencias estructurales que trascienden el combate operativo contra las estructuras criminales, afectando de forma directa el ejercicio de la oposición y la libre participación ciudadana.
La suspensión sostenida de garantías constitucionales ha consolidado un esquema legal insostenible en el que se producen detenciones arbitrarias sin una orden judicial previa.
En este escenario de zozobra, el temor generalizado a ser detenido de manera arbitraria ha mermado la capacidad operativa de los dirigentes comunitarios y de las organizaciones de base para desarrollar un trabajo territorial efectivo y ejercer una oposición política activa.
Ante el grave riesgo de sufrir capturas inmotivadas y la evidente falta de garantías mínimas para afrontar procesos judiciales imparciales, decenas de dirigentes políticos optaron por abandonar el país.
La resistencia a ciudadana Bukele
El descontento popular generado por las capturas indiscriminadas también ha encontrado cauces de expresión al margen de las estructuras partidarias tradicionales.
Así surgió el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), integrado de manera genuina por familiares de personas encarceladas que sostienen firmemente que sus allegados carecían de antecedentes penales o nexos con maras. Este colectivo se mantiene como uno de los escasos espacios de protesta pública que logra convocar marchas y concentraciones en las calles de San Salvador.
El alcance real de la política punitiva de Bukele se refleja con crudeza en las estadísticas sobre abusos en el sistema penitenciario.
Amnistía Internacional ha documentado al menos 470 muertes de personas detenidas bajo custodia estatal, al tiempo que más de 140 investigaciones sobre estos fallecimientos han sido archivadas sumariamente por la Fiscalía General salvadoreña.
A estas cifras se suman más de 10 mil casos de detenciones arbitrarias basadas en denuncias anónimas, imposición de cuotas diarias de capturas a los cuerpos policiales, y la utilización de criterios subjetivos como portar tatuajes o residir en comunidades históricamente dominadas por pandillas.
Con ello, el Régimen de Excepción deja tras de sí una estela inocultable de denuncias por muertes bajo custodia, privaciones de libertad injustificadas y un profundo impacto socioeconómico que golpea directamente a las familias salvadoreñas más vulnerables.
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Fuente: TeleSur
Ciudad Valencia/EC/RN
Fotos y Video: TeleSur
