El gobierno venezolano hizo oficial la entrada en vigor del nuevo decreto de simplificación de trámites de exportación, anunciado por la presidenta Delcy Rodríguez.

La medida busca agilizar el despacho de mercancías hacia mercados internacionales al eliminar permisos ministeriales y registros internos redundantes, estableciendo que los productores locales solo deberán cumplir con las exigencias del país comprador.

Durante la presentación del alcance operativo de la norma de exportación, la vicepresidenta sectorial de Gobierno Digital, Anabel Pereira —acompañada por el viceministro de Comercio Internacional, Saúl Ameliat—, detalló cómo la reducción de requisitos administrativos impactará positivamente a los principales rubros del país.

 

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¿Qué cambia en la tramitación por sectores?

El nuevo protocolo de exportación ajusta y elimina exigencias burocráticas previas en áreas clave de la economía nacional:

  • Pesca y acuicultura: Quedan derogados los registros, certificados y permisos internos de salida. Además, se levanta cualquier restricción previa para su comercialización en el exterior.
  • Café y cacao: Se elimina de forma definitiva la obligación de tramitar el código de exportador de café y se suprimen las limitantes de venta internacional para ambos rubros.
  • Alimentos e industria manufacturera: Los ministerios del área dejan de emitir licencias o permisos especiales de exportación.
  • Certificaciones sanitarias: Los certificados de inocuidad y salud únicamente se procesarán si el país de destino los requiere expresamente.
  • Despacho logístico y puertos: Se establece un único documento para la movilización de carga desde los centros de producción hacia las zonas portuarias.
  • Tiempos de legalización: Los documentos que sí soliciten las autoridades extranjeras tendrán un lapso máximo de respuesta de 10 días hábiles.

Los beneficios inmediatos para los productores

La flexibilización de los procesos busca generar un impacto directo en la competitividad de las mercancías venezolanas en el extranjero:

  • Agilización de los embarques: Al reducir el volumen de carpetas y autorizaciones, los tiempos de espera en aduanas y puertos se reducen significativamente.
  • Menores costos operativos: El fin de los trámites secundarios alivia la carga administrativa para pequeños, medianos y grandes exportadores.
  • Mantenimiento de estándares de seguridad: La simplificación no elimina la rigurosidad; el Estado conservará las inspecciones sanitarias esenciales y los controles de seguridad en las aduanas.
  • Protección del mercado local: La medida contempla mecanismos para garantizar la soberanía alimentaria y el abastecimiento interno antes de la salida de excedentes.

Con esta normativa, la administración pública adopta el criterio de homologación internacional: si el mercado receptor no exige un requisito específico, las instituciones locales no se lo pedirán al exportador.

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Fuente: Extra News Mundo

Ciudad Valencia / M.Ll