Defensores de derechos humanos de Argentina, Bolivia y Brasil visitaron cárceles de El Salvador para constatar las condiciones en que se encuentran los reos, en medio del régimen de excepción que vive el país; durante el cual se han detenido a más de 50.500 presuntos miembros de pandillas.
En un video difundido este martes en la plataforma Twitter por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador se detalla que los Ombudsman recorrieron el Complejo Penitenciario de Izalco; el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad (centro), Izalco Fase III; y la Granja Penitenciaria de Izalco; todos en el occidental departamento de Sonsonate.
Se trató de Mariana Jesús Glorgetti (Argentina), Fernando Mauro Barbosa (Brasil) y Nadia Alejandra Cruz (Bolivia), quienes en el marco de la I Cumbre Iberoamericana de Derechos Humanos, señalaron que su propósito fue el de «constatar todos los avances, el proceso y las condiciones de todas las personas privadas de libertad».
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Defensores/as del Pueblo de Argentina, Bolivia y Brasil, en compañía del #ProcuradorDDHH #ApolonioTobar verificaron el Complejo Penitenciario de Izalco, el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad, Izalco Fase III y la Granja Penitenciaria de Izalco, en #Sonsonate. pic.twitter.com/xFmspwhiwB
— PDDH El Salvador (@PDDHElSalvador) August 23, 2022
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En tal sentido, «consideraron favorables los programas de reinserción de libertad para los reos en fase de confianza, además de comprobar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el procurador José Apolonio Tobar el pasado 11 de julio.
Por su parte, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos confirmó la existencia de atropellos en al menos siete casos durante los primeros días del régimen de excepción, vigente desde finales de marzo.
El procurador ahondó que, de 173 denuncias de supuestas violaciones a derechos humanos, recibidas únicamente en San Salvador en el primer mes del régimen de excepción, en siete se confirmó la existencia de responsabilidad de los funcionarios denunciados.
En tanto pormenorizó el propio funcionario que desde que se aprobó el estado de excepción en la Asamblea Legislativa se han cuantificado más 3.400 denuncias por supuestas violaciones a derechos humanos.
Datos aportados por organizaciones humanitarias y medios locales, dan cuenta de que al menos 63 personas han muerto bajo custodia estatal durante el régimen de excepción; al tiempo que existen 28 expedientes abiertos por ese concepto.
Esa nación centroamericana se encuentra bajo la quinta extensión del régimen de excepción iniciado a finales de marzo, luego de producirse una ola de asesinatos atribuida a las pandillas y la cual dejó un saldo de más de 80 fallecidos.
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Ciudad VLC/Telesur
