Latacunga

El Gobierno Nacional de Ecuador militarizó la ciudad de Latacunga, tras el anuncio del traslado temporal de la capital de la República a dicha ciudad por el paro nacional indefinido que lleva adelante la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) por la eliminación del subsidio al Diésel decretado el viernes pasado.

La medida de presión de la Conaie, seguía sus dirigentes, se mantendrá hasta que el Ejecutivo ecuatoriano derogue el decreto.

 

El precio del Diésel pasó de $. 1,80 a $. 2,80 por galón (3.78 litros), tras la firma del decreto presidencial.

El Palacio de Carondelet justificó la medida como parte de un ajuste económico, pero generó reacciones inmediatas de rechazo por parte de comunidades rurales, organizaciones indígenas y movimientos sociales ante un supuesto «encarecimiento del costo de la vida».

 

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Atendiendo al llamado, transportistas bloquearon temporalmente los accesos a Quito y vías en la provincia andina de Carchi (norte y fronteriza con Colombia), lo que llevó al mandatario, Daniel Noboa, a declarar el estado de excepción en siete de las 24 provincias del país.

Dicha medida, permite al Gobierno restringir el derecho a la libre circulación, realizar operativos militares y suspender garantías constitucionales.

Durante este fin de semana, unidades del Ejército y de la Policía Nacional cercaron el centro de Latacunga y restringieron el acceso a la sede de la Gobernación, que ahora alberga temporalmente las funciones del Gobierno Nacional.

 

Sin embargo, pese al estado de excepción, Noboa, enfrentó el martes la marcha más grande por las calles de la ciudad de Cuenca (sur) para rechazar un proyecto minero.

En medio de la confusión, el llamado a paro nacional indefinido no afectó a la ciudad de Latacunga, en la cual el finde semana estuvo como un día normal.

Por su parte, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), afiliado a la Conaie, anunció su participación activa en las protestas, señalando a Latacunga como punto clave para la movilización.

 

El Gobierno ha reiterado que no negociará la decisión sobre el subsidio y ha advertido que tomará acciones legales contra quienes cometan actos de violencia, bloqueen vías o incurran en delitos durante las movilizaciones.

En este sentido, la Fiscalía General del Estado también informó que iniciará procesos penales en caso de infracciones, mencionando expresamente figuras como terrorismo en su comunicación oficial.

En paralelo, grupos cercanos al Gobierno convocaron a una marcha con el lema “libertad, familia y trabajo”, programada para el mismo día de la movilización indígena (este lunes 22 de septiembre), con un llamado a vestir franelas blancas.

Dicho llamado, fue convocado por simpatizantes al gobierno, como respuesta a las protestas sociales convocadas por los opositores al mandatario Noboa.

 

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Ciudad Valencia/Telesur