Recientes cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Ecuador, informan que 5,6 millones de personas económicamente activas enfrentan las festividades sin empleo estable, ingresos fijos o cobertura de seguridad social.
A lo largo de 2025, el Ejecutivo efectuó el despido de al menos cinco mil funcionarios públicos, entre personal de carrera, nombramientos provisionales y contratos ocasionales, y profundizó así la crisis laboral que ya afectaba al país.
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En este contexto, la pérdida de ingresos se traduce directamente en el deterioro de la calidad de vida, el aumento del sobreendeudamiento y la presión psicológica derivada de la incertidumbre económica.
Incluso trabajadores altamente calificados se encuentran sin empleo estable, debido al deterioro del mercado laboral. Tener un título ya no garantiza estabilidad ni mejoras salariales, y los empleadores reducen sueldos para aprovechar la sobreoferta de mano de obra.
“En 2012 ganaba mil 400 dólares estadounidenses (USD) con beneficios. Fui despedida en 2019. Hoy, por el mismo trabajo, recibo USD 550”, relató, Margarita Navas, ex técnica informática.
Mientras sectores empresariales sostienen que el salario básico es “demasiado alto” para generar empleo, la realidad muestra lo contrario: los sueldos ya se han contraído, y la necesidad obliga a aceptar ofertas muy por debajo del nivel previo al despido masivo.
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La aplicación de la derogada Ley de Integridad Pública permitió suprimir partidas y desvincular personal del Estado, incluidos empleados mayores de 50 años, el grupo con menores posibilidades de reinsertarse laboralmente.
Los afectados denunciaron que existen listas negras que circulan entre las instituciones públicas que impiden su recontratación durante la actual administración. Según juristas consultados, esta medida cuya legalidad y ética administrativa queda desacreditada, al afectar el derecho al trabajo y la reinserción laboral sin procesos transparentes ni garantías.
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FUENTE: VTV
CIUDAD VALENCIA/FM/MG
