Los ataques militares de Estados Unidos (EE.UU.) contra dos lanchas en aguas del mar Caribe supuestamente utilizadas por personas narcotraficantes, que según la administración de Donald Trump, dejaron al menos 14 personas fallecidas, constituyen “ejecuciones extrajudiciales ilegales”, aseguró la organización de derechos humanos Human Rights Watch.
A través de un comunicado, la directora de la organización en Washington, Sarah Yager, detalló que los funcionarios estadounidenses no pueden matar sumariamente a personas a quienes acusan de traficar drogas.
Asimismo, explicó que el uso de fuerza letal por parte del Ejército norteamericano contra presuntos narcotraficantes en estos supuestos ataques violó el derecho internacional de los derechos humanos.
Enfatizó que en ambos ataques, las autoridades estadounidenses no hicieron ningún esfuerzo por minimizar el daño, ni han demostrado que las personas a bordo de las embarcaciones representaran un riesgo inminente para la vida. Además, manifestaron que tampoco se intentaron alternativas no letales, como la intercepción o el arresto.
“El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que Estados Unidos está suscrito, protege el derecho a la vida. Según los estándares legales de derechos humanos, quienes ejercen funciones de orden público, incluidos militares, deben buscar, minimizar el daño y preservar la vida humana. Solo se puede recurrir al uso de la fuerza letal cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida o evitar lesiones graves ante una amenaza inminente”, precisó.
Igualmente, apuntó que el derecho internacional humanitario, que regula la conducción de hostilidades en situaciones de conflicto armado, no se aplica en este contexto, ya que Estados Unidos no está involucrado en un conflicto armado con Venezuela ni con los presuntos grupos delictivos implicados.
De igual manera, instó a que “el Ejército de Estados Unidos debería cancelar de inmediato cualquier plan de futuros ataques ilegales y garantizar que todas sus operaciones militares cumplan con el derecho internacional, humanitario y de los derechos humanos».
Afirmó que el Congreso debe iniciar una investigación inmediata y transparente sobre el proceso de toma de decisiones detrás de estos ataques, incluida la justificación legal y la cadena de mando.
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CIUDAD VALENCIA/Medios internacionales/VTV.
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