Este viernes el fiscal Claudio Navas Rial impulsó la investigación de la denuncia presentada por el Gobierno debido al presunto contrabando de armamento a Bolivia en noviembre de 2019 y entre los imputados en el caso mencionó al expresidente Mauricio Macri y a sus exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa).
Según fuentes citadas por La Nación, también incluyó al exdirector de Gendarmería Gerardo José Otero, al exdirector de Logística de Gendarmería Rubén Carlos Yavorski y al exdirector de Operaciones de esa fuerza, Carlos Miguel Recalde, así como al exembajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García.
Navas Rial presentó un escrito en el que describe el hecho a investigar y pide las primeras medidas de prueba, la cuales incluyen solicitudes de informes tanto al Gobierno argentino como al gobierno boliviano. Sin embargo, el fiscal descartó unas medidas solicitadas por el Gobierno en su denuncia, como un informe de las llamadas entre el expresidente y los demás acusados para hacer un entrecruzamiento.
Lo circunscrito por el fiscal fueron los delitos vinculados con lo aduanero. A diferencia de lo planteado por el Poder Ejecutivo, no incluyó las figuras de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad ni «los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación».
Asimismo descartó de su lista de imputados al excanciller Jorge Faurie, al exdirector de Aduanas Jorge Dávila, de Anmac Eugenio Cozzi, que integran la nómina de los denunciados por el Gobierno.
El juez Javier López Biscayart será en encargado de analizar en lo penal y económico, la presentación de Navas Rial. Al mismo tiempo, avanza otra causa por los mismos hechos, la cual fue presentada por el excamarista Eduardo Freiler y le tocó también al fiscal Navas Rial pero con el juez Alejandro Catania. Ambos expedientes serán unificados, aunque todavía no está claro en cuál juzgado.
El Gobierno denunció a Macri y tres de sus ministros y otros exfuncionarios de haber enviado armamento a Bolivia, en noviembre de 2019, para consolidar la caída de Evo Morales y colaborar con las fuerzas armadas y de seguridad en la represión de las protestas.
La denuncia se basó en una carta publicada por la Cancillería boliviana que envió el exjefe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Terceros Lara el pasado 13 de noviembre de 2019, al entonces embajador argentino, agradeciéndole «la colaboración» y comunicándole el recibo de una serie de elementos de «material bélico» que detallaba.
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Ciudad VLC / AVN
