El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro y su Gobierno fueron recientemente denunciados por entidades religiosas e indígenas ante las oficinas de Derechos Humanos de la ONU.

De igual modo fue denunciado ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) por un posible mal manejo de la pandemia del coronavirus en Brasil, el tercer país con mayor cantidad de contagios.

El texto fue firmado por la Conferencia Nacional de Obispos, el Consejo Nacional de Iglesias Cristianas, el Consejo Indigenista Misionero, el grupo Franciscanos Internacionales y la Fundación Luterana de la Diaconía.

La intención de estas organizaciones fue pedir a los organismos multilaterales algún tipo de presión para que el Ejecutivo revea sus políticas sanitarias.

 

«De cada diez personas muertas en el mundo por covid-19, una de ellas es de Brasil», subrayaron en la carta. También alertaron sobre una aparente «conducta política, económica y social contradictoria, negacionista e indiferente al dolor, que está amplificando las profundas desigualdades».

 

Al respecto, puntualizaron que las personas más afectadas por esta postura gubernamental son los indígenas y afrodescendientes, «fortaleciendo así el racismo estructural».

Incluso consideran que el agravamiento de la emergencia se debe a recortes presupuestarios previos: «La Ley de Techo de Gasto, por ejemplo, dificulta la inversión pública y contribuye al aumento de las desigualdades con la privatización de servicios esenciales».

 

Pedido de mayor transparencia por parte de Jair Bolsonaro

Entre los cuestionamientos a Bolsonaro y su administración, la misiva destaca «la indiferencia de los poderes públicos a nivel federal, estatal y municipal ante los hechos presentes». Con ese tono, este grupo de críticos pide «una investigación para determinar posibles responsabilidades».

 

Momento crítico

Actualmente, la situación más alarmante del «Gigante Sudamericano» está en el estado de Amazonas. Muchos hospitales están saturados y se registra escasez de insumos básicos, como respiradores y tubos de oxígeno.

Entre tanto, el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, es investigado por el Tribunal Supremo ante las sospechas de no haber respondido a tiempo ante la falta de oxígeno en aquella jurisdicción, tras la muerte de 50 personas en medio del colapso hospitalario.

Sobre ello, Jair Bolsonaro expresó: «No es nuestra competencia y no somos responsables de llevar oxígeno allí, le hemos dado los medios». También dijo que su ministro hizo un «trabajo excepcional».

Los datos oficiales del Gobierno reflejan que a nivel nacional ya se registró un total de 9,2 millones de contagios confirmados y más de 224.000 muertes.

A su vez, por quinto día consecutivo Brasil tuvo más de mil muertes diarias. Durante la crisis sanitaria, la política oficial fue priorizar el funcionamiento de la economía y nunca se ordenó la cuarentena obligatoria a nivel federal.

 

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Ciudad VLC/YVKE Mundial