Un nuevo proyecto de decreto elaborado por el Ministerio del Interior faculta a la Policía Nacional de Colombia para disolver movilizaciones de manera inmediata, eliminando la obligatoriedad de agotar instancias previas de mediación.
La norma impulsada por la administración de Abelardo de la Espriella desmonta el esquema del Decreto 003 de 2021, el cual priorizaba la concertación social antes del despliegue de las unidades antidisturbios.
Con la entrada en vigor de este protocolo, la fuerza pública podrá intervenir de forma simultánea ante el reporte de bloqueos o alteraciones a la movilidad, relegando la labor de los gestores de convivencia. El Puesto de Mando Unificado asumirá el control de las operaciones en las calles sin exigir la presencia ni el aval obligatorio de los organismos de derechos humanos.
LEE TAMBIÉN: PRESIDENTE XI JINPING ARRIBA EN VISITA OFICIAL A ESTADOS UNIDOS
Desde la perspectiva de las plataformas sociales, esta decisión gubernamental vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 37 de la Carta Magna, abriendo la vía a la represión sistemática del reclamo popular. Organizaciones civiles advierten que suprimir el diálogo previo reactiva los patrones de uso desproporcionado de la fuerza, recordando las trágicas secuelas de traumas oculares y violencia policial registradas durante el Paro Nacional de abril y julio de 2021.
El articulado impone además un matiz punitivo sobre la participación familiar al establecer sanciones administrativas por la presencia de menores de edad en las marchas. Esta estigmatización afecta directamente a las comunidades campesinas, indígenas y trabajadoras informales, sectores vulnerables que se desplazan de forma colectiva ante la falta de infraestructura de cuidado en sus territorios.
Dirigentes parlamentarios y defensores de derechos humanos calificaron el proyecto como un «incentivo criminal al desastre», advirtiendo que la eliminación del diálogo previo busca reinstaurar la doctrina de la seguridad nacional e intensificar la brutalidad represiva en las calles.
Paralelamente, exfuncionarios del Ministerio del Interior y organizaciones sociales cuestionaron la maniobra del Ejecutivo de otorgar apenas un plazo de cinco días para observaciones ciudadanas, evidenciando el desprecio de la administración por la participación democrática.
LEE MÁS: BRASIL SUPERA 51 MIL DENUNCIAS POR PROPAGANDA ELECTORAL IRREGULAR
En consecuencia, el borrador del Ministerio del Interior consolida un modelo autoritario de contención social que sustituye la diplomacia interna por la respuesta policial inmediata. La imposición de este decreto profundizará la polarización en el país, sacrificando las libertades democráticas fundamentales en función de una política de orden público, volcada al control coercitivo.
La reforma a los protocolos de intervención policial se enmarca en la ratificación del marco dogmático fijado por el Consejo de Estado, tribunal que delimitó la protección constitucional del derecho a la protesta únicamente a aquellas manifestaciones que no alteren el orden público ni afecten la movilidad de terceros.
Esta postura jurisprudencial otorga cobertura legal al Ejecutivo para catalogar las interrupciones de vías y concentraciones masivas como alteraciones a la seguridad pública de intervención inmediata, habilitando el despliegue directo de las unidades antidisturbios.
El debate sobre el texto definitivo definirá si el Estado colombiano respeta los estándares internacionales de protección a la movilización o si consolida un esquema de contención social volcado a la represión del descontento ciudadano.
TE INVITAMOS A LEER Y COMPARTIR:
Protestas en Perú: Sindicatos se movilizan contra políticas de Keiko Fujimori
Si quieres ampliar y conocer más noticias como esta, síguenos en nuestras distintas plataformas digitales:
FACEBOOK INSTAGRAM TIKTOK YOUTUBE WHATSAPP TELEGRAM
Fuente: Telesur/La Iguana
Ciudad Valencia/MG
Foto: Cortesía
