La presidenta de la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, Delcy Rodríguez, indicó este jueves que las medidas procesales otorgadas el pasado viernes 1 de junio a privados de libertad acusados por hechos de violencia política, no benefician a personas imputadas por homicidio, agresión física y presunta violación a los derechos humanos por parte de agentes del Estado.
Durante un balance de la Comisión ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), señaló que la determinación de la responsabilidad de estos condenados está en manos de la justicia, al tiempo que acotó que también están excluidos de estos beneficios, aquellas personas que han sido sentenciadas.
Rodríguez resaltó que estas medidas tienen como objetivo apartar el odio y la intolerancia que trató de ser impuesto al pueblo por un sector político a través de la violencia, para derrotar al gobierno electo constitucionalmente por todos los venezolanos.
Al respecto, manifestó que dicha decisión forma parte del acuerdo obtenido en la mesa de diálogo de República Dominicana, entre el Gobierno nacional y la oposición, como un acercamiento a la paz, la convivencia y la reconciliación, con el compromiso de no retomar el camino de la violencia política, sino el de la política constitucional para dirimir alguna diferencia.
En este sentido, indicó que 95% de las 80 personas que recibieron beneficios procesales no habían sido condenadas, sino que estaban siendo procesadas. Además el 20% de los beneficios se otorgó a mujeres y el 80% a hombres.
LEA MÁS: Esta es la lista de presos liberados por Comisión de la Verdad
“La Comisión para la Verdad ha entrevistado a más de 600 víctimas que han sido abusadas por la violencia política que busca la intervención de Venezuela”, dijo.
Rodríguez señaló que la comisión tiene grabados testimonios de cómo fueron utilizados jóvenes para la violencia con fines políticos para cometer los delitos comunes con el propósito de desestabilizar la República y atentar contra el orden constitucional.
“La mayoría de las personas procesadas por delitos de violencia eran personas en situación de vulnerabilidad que fueron utilizadas para generar dicha violencia. Se hizo la promesa que estas personas no volverían a usar la violencia, que volverían al orden constitucional para hacer política”, puntualizó.
Por último, la también constituyente solicitó al Ministerio Público (MP) la designación de fiscales especiales para la atención de las víctimas y los casos relacionados con hechos de violencia política. Agregó que es necesario articular esfuerzos para resolver casos como el del expresidente del Concejo Municipal y exdirector de la antigua Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), Eliezer Otaiza Castillo.
«Es un caso pendiente de la justicia venezolana y se debe llegar a los responsables del asesinato de nuestro hermano Otaiza», resaltó.
Asímismo, subrayó que en el caso del asesinato del periodista Ricardo Durán se han avanzado las investigaciones para dar con los responsables del hecho.
Ciudad VLC / CO / AVN
