La Organización no gubernamental Cristosal que trabaja por la defensa de los derechos humanos y la democracia en Centroamérica, compartió su informe sobre el caso el caso de migrantes venezolanos enviados al Cecot. El documento afirma que este acto «crearía condiciones de delitos de lesa humanidad».
En el informe presentado por Cristosal este 28 de marzo detalla la reserva de información por parte del Estado Salvadoreño sobre los detalles bajo los cuales que se dio ese traslado de los migrantes venezolanos constituye condiciones para la desaparición forzada y por tanto de delitos de lesa humanidad.
«Pueden constituirse como detenciones secretas y generar condiciones para la desaparición forzada de personas sometidas a custodia de ambos Estados». detalla el informe.
Asimismo el análisis jurídico de la organización ciudadana expone que las acciones y omisiones de los gobiernos de El Salvador y EEUU, respecto de la deportación de personas al sistema penitenciario salvadoreño, Así como el ocultamiento de datos ciertos y oficiales, el paradero y las condiciones actuales es violatorio del derecho internacional de los derechos humanos.
Información denegada
Ante las irregularidades cometidas por el gobierno de EEUU y El salvador, Cristosal solicitó acceso a la información sobre el traslado de los migrantes venezolanos a la Dirección General de Centros Penales (DGCP).
La información solicitada por Cristosal a la DGCP era sobre la cantidad exacta de personas venezolanas deportadas a El Salvador desde Estado Unidos. Pidieron la lista de nombres y apellidos de todos los enviaos al CECOT. Así como el listado de las personas que tenían una condena previa en EEUU. Además de los supuestos vinculados a la banda «El Tren De Aragua».
La DGCP resolvió denegar el acceso al contenido argumentando que se trata de datos personales y porque:
“Se ha establecido una reserva en virtud a lo relativo a información sobre la defensa nacional, la seguridad pública, la que pueda poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de terceras personas, la que pueda interferir en la investigación de delitos o en estrategias estatales en procesos en curso”.
Ante esta negativa Cristosal argumenta que no puede alegarse reserva de información vinculada con la investigación de graves violaciones a derechos humanos o delitos de trascendencia internacional.
“El Estado que presuntamente viola derechos humanos no puede tener la última palabra sobre la publicidad de la información relativa a sus propios actos, así como tampoco puede alegar de forma genérica razones de seguridad nacional para bloquear el acceso a información útil para las investigaciones y la protección de las personas afectadas”, explica la organización defensora de derechos humanos.
La organización enfatizó que la DGCP está aplicando una reserva a casos vinculados con graves violaciones a los derechos humanos, acción que está prohibida por la Ley de Acceso a la Información Pública y es contrario al derecho internacional de los derechos humanos.
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Ciudad Valencia/VN
