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El Consejo de Ministros de Perú aprobó la creación del Registro de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas, una herramienta de control político e inteligencia estatal promulgada apenas horas después de que la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) ejecutara la detención arbitraria de artistas y activistas populares en Lima, Cusco y la región selvática de San Martín este jueves 19 de noviembre de 2026.

La medida, concretada al amparo de las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo mediante la Ley número 32743, permite que los servicios de inteligencia propongan agrupaciones para su incorporación en dicha lista por decisión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena).

 

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De acuerdo con lo anunciado por el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, en el nuevo registro podrán ser incluidos no solo quienes ejecuten delitos, sino también quienes financien, proporcionen armas, preparen explosivos o faciliten cuentas bancarias.

Sin embargo, la normativa desató inmediatos cuestionamientos sobre la ausencia de controles, la discrecionalidad de los criterios de inclusión y la falta de garantías frente a posibles abusos estatales contra la oposición social.

Especialistas como César Bazán advirtieron en declaraciones a RPP que calificar como terrorismo a organizaciones con fines económicos resulta jurídicamente improcedente y busca únicamente justificar una política represiva de mano dura.

 

Megapenales con asistencia de Washington

En paralelo a la instauración de este registro de vigilancia, el ministro Ernesto Álvarez anunció la construcción de dos megapenales en la localidad de Huacho, trasladando al sector Defensa la responsabilidad de edificar establecimientos penitenciarios y precisando que el penal de máxima seguridad contará con el respaldo directo ofrecido por Estados Unidos.

Esta ofensiva institucional ocurre en medio de la indignación popular por el arresto preliminar de 15 días dictado contra los cantantes de hip hop Brenda Denisse Mejía Sinarahua, conocida como Brenda Jah capturada en Lima, y Pedro Gonzalo Mosqueira Velásquez, conocido como Pedro Mo detenido en Cusco, junto a los activistas Polidoro Tapullima, David Tapullima y Libia Arcila Vila.

Sustentadas en el testimonio no corroborado de un agente infiltrado con seudónimo y en documentos policiales filtrados por el periodista Alonso Zambrano, las autoridades acusan a los jóvenes integrantes de la organización cultural Escuela Rebelde Saturnino Huillca de difundir videos y captar adeptos para una supuesta reactivación del disuelto Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, versión respaldada por el exjefe de la Dircote, Max Antahuamán.

 

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Fuente: Telesur

Ciudad Valencia/MG

Foto: EFE