Pescadores ecuatorianos demandan a EEUU

Dieciséis pescadores ecuatorianos y el propietario de la embarcación pesquera ‘La Negra Francisca Duarte II’, Alejandro Hermógenes Flores Franco, presentaron el lunes una demanda civil por cinco millones de dólares contra el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) ante un tribunal federal del distrito occidental de Pensilvania, en Pittsburgh.

Los demandantes denuncian que su barco fue destruido en aguas internacionales del océano Pacífico tras recibir disparos de drones militares estadounidenses.

La acción legal, registrada bajo el expediente número 2:26-cv-02459 al amparo de la jurisdicción federal marítima, reclama una indemnización económica por la pérdida total de la nave, las lesiones físicas sufridas por la tripulación, privación ilegítima de la libertad y daño emocional. Además, solicita una orden judicial que prohíba nuevos ataques letales contra embarcaciones civiles en el Pacífico y el mar Caribe.

Según consta en el documento judicial citado por el portal Primicias, la embarcación de madera había zarpado desde el puerto ecuatoriano de Manta el 2 de marzo con el objetivo de realizar faenas de pesca artesanal durante dos semanas cerca del archipiélago de Galápagos.

 

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El 17 de marzo, cuando el pesquero navegaba de regreso a unas 385 millas náuticas de Manta y a una distancia de entre 225 y 235 millas náuticas de la isla San Cristóbal, fue sobrevolado por dos drones militares estadounidenses. De acuerdo con la demanda, los aparatos dispararon proyectiles explosivos que impactaron contra la estructura del barco y desataron un incendio que terminó por hundirlo.

Horas antes del incidente, dentro de la zona económica exclusiva de Ecuador, personal de la Armada ecuatoriana había interceptado y abordado la embarcación durante dos horas para una inspección de rutina, sin hallar contrabando ni irregularidades antes de autorizar que continuara su ruta.

Las explosiones y el fuego alcanzaron de gravedad a dos marineros: Jordy Alexander Flores Lucas y Leonel Alberto Pilay Barahona. El expediente describe que Flores Lucas sangraba abundantemente sobre la cubierta en llamas y precisa que «la pierna quedó calcinada hasta el hueso». Ante el avance del incendio, los 16 ocupantes se arrojaron al mar y lograron abordar pequeñas lanchas auxiliares para ponerse a salvo.

Pescadores ecuatorianos demandan a EE.UU. por cinco millones de dólares tras denunciar un bombardeo con drones en el Pacífico

 

Pescadores ecuatorianos denuncian retención en un buque militar y traslado a El Salvador

El testimonio incorporado en la demanda relata que los sobrevivientes se aproximaron posteriormente a un buque militar estadounidense, donde fueron recibidos por hombres armados con uniformes y distintivos de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Según la denuncia, los pescadores permanecieron durante una jornada completa esposados con precintos plásticos, encapuchados y descalzos sobre una cubierta metálica caliente, sin recibir alimentos y con apenas medio litro de agua por persona. Solo uno de los tripulantes heridos recibió atención médica básica a bordo.

El 18 de marzo, las fuerzas estadounidenses entregaron a los 16 ecuatorianos a una embarcación de El Salvador que los trasladó hacia territorio centroamericano. Catorce de ellos fueron alojados en un albergue migratorio, mientras que los dos marineros con quemaduras graves permanecieron hospitalizados hasta que todo el grupo pudo retornar a Ecuador a finales de ese mes.

 

Contexto operativo y plazos del proceso judicial

La representación legal de los pescadores ecuatorianos está encabezada por el abogado estadounidense Daniel Kovalik y el jurista ecuatoriano Jorge Chiriboga. En el escrito presentado en Pensilvania, los demandantes señalan que el ataque contra ‘La Negra Francisca Duarte II’ se enmarca en una serie de operaciones marítimas ejecutadas en aguas internacionales que, hasta la fecha de presentación del recurso, sumaban 71 incidentes armados con un saldo superior a 235 personas fallecidas.

Consultados sobre la demanda, tanto el Comando Sur de Estados Unidos como el Departamento de Justicia declinaron emitir declaraciones debido a que se trata de un litigio pendiente. Con anterioridad, el Departamento de Defensa estadounidense había negado su participación en este caso específico, pese a reconocer operaciones contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe.

El proceso judicial fue asignado a la jueza federal Marilyn J. Horan. Conforme a los plazos procesales establecidos en el tribunal de Pensilvania, el Gobierno de Estados Unidos dispone de 60 días para presentar una respuesta formal ante las acusaciones, en un litigio que busca sentar un precedente sobre la rendición de cuentas y la protección de embarcaciones pesqueras civiles en aguas internacionales.

 

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Fuente: Extra News Mundo

Ciudad Valencia / DG

Foto: Extra News Mundo