Los presos políticos encarcelados durante el gobierno de Peña Nieto, han tenido un trato completamente distinto a 14 meses de la Administración de Andrés Manuel López Obrador, tal como se desprende de la Secretaría de Gobernación (Segob) de México, que ha anunciado la liberación de 47 en el país.
El último fue José Humbertus Pérez, un ciudadano que estuvo encerrado por más de cuatro años en el penal de Chiconautla (Estado de México), sin que se le pudiera comprobar ningún delito. Finalmente, el juez Juan Miguel Hernández Solano dictó sentencia absolutoria el miércoles pasado y José Humbertus quedó libre.
¿Quiénes son los presos políticos mexicanos?
El caso de José Humbertus Pérez retrata el uso político que se ha hecho del sistema de justicia en México. El profesor era líder del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, una asociación que denunció fraudes hipotecarios e irregularidades de empresas inmobiliarias, cuando fue detenido de manera arbitraria y lo privaron de su libertad.
A José Humbertus le abrieron carpetas de investigación por los delitos de robo a casa habitación y extorsión. No obstante, desde el Frente Mexiquense denunciaron que la detención y encarcelamiento del profesor fue en venganza «por haber descubierto un mega fraude inmobiliario que provocó una defraudación a más de 10 millones de mexicanos en el otorgamiento de hipotecas».
López Obrador prometió la libertad de los presos políticos
La liberación de José Humbertus se enmarca en una política que ha implementado la Administración de López Obrador para liberar a presos políticos en México, a través de la revisión de sus casos en la Secretaría de Gobernación, y la implementación de una figura conocida como desistimiento, que implica abandonar la acción penal cuando no hay evidencia que sustente la acusación.
El 1 de diciembre de 2018, en su primer discurso en público como mandatario, López Obrador dejó en claro que su Administración dejaría en libertad a los «presos políticos o víctimas de represalias de caciques, funcionarios o gobernantes del antiguo régimen autoritario».
Para desmarcarse de sus antecesores, el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue claro desde el primer día de su Gobierno que se cancelarían las acusaciones penales fabricadas en contra de activistas y luchadores sociales.
Todos son líderes populares
Como José Humbertus, muchas personas detenidas y acusadas injustamente de delitos son luchadores sociales y comunitarios. La gran mayoría de los casos se concentra en estados con problemas de marginación, en comunidades indígenas y en zonas en conflicto por los recursos naturales, como Guerrero, Puebla, el Estado de México y Oaxaca, según la Secretaría de Gobernación.
A seis indígenas de la comunidad de San Pedro Tlanixco, Estado México, los sentenciaron a 50 años de prisión por supuestamente haber participado en el asesinato de un empresario español. Tras pasar 16 años encerrados, Dominga González, Teófilo Pérez, Pedro Sánchez, Rómulo Arias, Marco Antonio Pérez y Lorenzo Sánchez fueron liberados porque no se acreditó el delito cometido.
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, admitió ante los seis indígenas liberados que esos 16 años de injusticia no se pueden reparar, pero que el Gobierno trabaja en reivindicar los «muchos abusos que existen».
El activista Enrique Guerrero Aviña, del colectivo Liquidámbar, vivió esos abusos del sistema de justicia. En mayo de 2013, el también maestro de ajedrez fue detenido arbitrariamente por elementos de la Policía Federal y luego fue torturado. Pasó cinco años y siete meses en prisión, acusado por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, aunque después quedó libre porque no pudieron comprobarle ningún delito.
En entrevista con RT, Enrique contó que fue apresado y le fabricaron pruebas por incorporarse a las luchas contra la reforma educativa y energética del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Se desconoce el total de presos políticos en México, aunque la encargada de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Segob, Paulina Téllez, dijo en septiembre pasado que analizaban otros 1.400 casos para determinar si hubo irregularidades en el proceso, manipulaciones o fabricaciones de delitos por parte de «algún político en una situación de poder».
Mientras son revisados los casos por el Gobierno federal, decenas de mexicanos permanecen en cárceles del país, acusados de delitos sin prueba sólida alguna para sustentar su encarcelamiento, pero con los antecedentes de ser luchadores y activistas sociales que buscaban mejores condiciones en su comunidad.
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CiudadVLC / Rusia Today
