Un juez mexicano dictó el lunes prisión preventiva contra cuatro militares involucrados en el asesinato el pasado 26 de febrero de un grupo de jóvenes que viajaban en una camioneta en Nuevo Laredo, estado mexicano de Tamaupilas.
El hecho acaeció en la madrugada cuando integrantes de un convoy militar de la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena) accionaron sus armas contra una camioneta en la que viajaban siete jóvenes con un saldo de cinco personas muertas, un lesionado y otro resultó ileso.
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Cuerpos con 10 y 12 heridas de bala y otro con un tiro en la sien: las autopsias de la masacre de Nuevo Laredo. Los estudios forenses de los cinco jóvenes muertos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, elevan las dudas sobre la actuación de los militares pic.twitter.com/iPDA8MhoIO
— EL PAÍS México (@elpaismexico) March 2, 2023
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Según el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, las víctimas se nombraban Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Gustavo Ángel Suárez Castillo (de nacionalidad estadounidense) y Alejandro Trujillo Rocha.
En tanto, Luis Gerardo “N” se encuentra ingresado en un hospital privado reportado de cuidado, mientras Alejandro Pérez Berlies aunque salió ileso del ataque sufre de daño sicológico.
La causa penal 46/2023 contra los uniformados Agustín “N”, Juan Carlos “N”, Bernardo “N” y Jorge Nicolás “N” se extiende por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, pues “obran datos suficientes que establecen la existencia de hechos que la ley contempla como delitos”.
Los abogados de los familiares de las víctimas se confesaron inconformes con la medida de prisión preventiva, pues solo se imputa a los militares que dispararon, pero deja sin castigo al jefe del convoy, capitán Elio “N” y a los otros 17 efectivos por delito de omisión, pues no socorrieron a las víctimas al cerciorarse de que no portaban armas.
Trascendió que los cuatro militares podrían enfrentar una sentencia máxima de 50 años, mientras que la de los otros 17 dependerá de las acciones que realizaron y el trabajo investigativo del ministerio fiscal.
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Ciudad Valencia / Telesur
