El gobierno de Donald Trump sigue enfocado en eliminar cualquier investigación de la Corte Penal Internacional que se haga contra miembros de las fuerzas de ocupación de Israel o del ejército estadounidense que hayan sido acusados de cometer crímenes de guerra o incluso genocidio. Y las nuevas sanciones de EEUU contra la CPI son una prueba de ello.
EEUU, que no es parte del tratado internacional que creó la CPI, con sede en La Haya, Países Bajos, ha impuesto sanciones a varios jueces de la Corte, incluyendo al actual fiscal adjunto de la CPI, Abdoulaye Seye, de Senegal, prohibiendo la entrada de jueces al país y bloqueando todas las transacciones inmobiliarias y financieras con él.
Otro de los casos más sonados fue la persecución que hicieron contra el fiscal jefe de la CPI, el abogado británico Karim Khan, quien misteriosamente fue destituido de su puesto el 24 de julio de 2026 tras una “investigación” por presunta conducta sexual indebida. Trump y Netanyahu volvían a salirse con la suya.
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Sanciones de EEUU contra la CPI: Ahora vienen contra su presidenta
El gobierno de Trump anunció el martes 18 de agosto sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, de Japón. Un nuevo objetivo bastante raro, teniendo en cuenta que Japón es el principal contribuyente financiero de la CPI y un estrecho aliado de EEUU.
En ese sentido, el gobierno nipón criticó estas medidas, calificándolas de «muy lamentables», en un comunicado emitido el miércoles por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
«Japón ha apoyado sistemáticamente a la CPI (…) en sus esfuerzos por enjuiciar y castigar los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional y por defender el estado de derecho», señala el comunicado.
Al respecto, varias decenas de países han salido al paso al rechazar estas sanciones, entre ellos Alemania, Países Bajos y España.
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Rubio y Netanyahu, relamiéndose
Al conocerse de las nuevas sanciones de EEUU contra la CPI, el primero en declarar fue el secretario de Estado, Marco Rubio, quien en un comunicado indicó: “Estas personas participaron directamente en los esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a funcionarios cuyos gobiernos no han aceptado la jurisdicción de la CPI”.
Estas sanciones son principalmente una respuesta a las investigaciones de la CPI sobre Israel, aliado de EEUU y quien actualmente está cometiendo un genocidio en Gaza ante la mirada del mundo. La Corte emitió una orden de arresto en 2024 contra el primer ministro israelí, Benyamín Netanyahu, en relación con los atroces crímenes contra población civil en Gaza cometidos por las fuerzas de ocupación de Israel.
Tras el anuncio de las sanciones estadounidenses, Netanyahu felicitó a Rubio en redes sociales por “liderar los esfuerzos decididos de la administración Trump contra los abusos ilegítimos de la CPI y por dejar claro que los ‘funcionarios corruptos’ que dirigen la CPI rendirán cuentas”.
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Un ataque al Estado de derecho
Estas nuevas sanciones de EEUU contra la CPI amenazan el propio orden jurídico internacional, denunció la Corte en un comunicado y declaró que “las medidas dirigidas contra jueces, fiscales y personal que trabajan para cumplir el mandato encomendado a la CPI por los EEUU socavan el estado de derecho”.
Fundada en 1998 y en funcionamiento desde 2002, la CPI, tribunal penal internacional permanente, es responsable de juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Actualmente se enfrenta a una grave crisis, impulsada por EEUU, país signatario del Estatuto de Roma que la creó, pero que nunca lo ha ratificado.
En EEUU, organizaciones de derechos humanos han emprendido recientemente acciones legales para impugnar las sanciones impuestas por el presidente Donald Trump a la Corte, alegando que obstaculizan el acceso a la justicia de las víctimas de crímenes de guerra.
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Fuente. Al Manar en español
Ciudad Valencia/ER
